Condenaron por “defraudación” a un abogado tresarroyense y hay escándalo
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Un abogado tresarroyense que cumplía funciones como asesor en la Dirección de Seguridad Vial y la Universidad Tecnológica Nacional, fue hallado penalmente responsable del delito de “defraudación”, tras hallar en su poder seis cinemómetros de manera irregular.
A raíz de este fallo, dictado el pasado 2 de julio por Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nª11 de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Matías Germán Trejo, abonó 30 millones de pesos como reparación del daño causado.
El delito por el que fue condenado Trejo está relacionado con la ilegalidad de la tenencia de cinemómetros o radares de alta velocidad por parte de particulares, ya que su uso está reservado al Estado para fines de seguridad pública, y su operación requiere de una estricta regulación, homologación y transparencia que solo las autoridades competentes pueden garantizar.
Sin embargo, el dato que sorprende en esta historia, es que Trejo es uno de los testigos principales en la causa que se le sigue al ex Ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, y con este antecedente, su testimonio clave corre el riesgo de caerse.
En ese sentido, y tal como lo reflejo oportunamente la Agencia Comunas, el ex asesor vial Matías Germán Trejo, habría señalado la existencia de un entramado de maniobras fraudulentas en la realización de fotomultas en la Provincia de Buenos Aires, con la participación de ex funcionarios durante los últimos años. Entre ellos se mencionan: Federico Pedersoli, actualmente funcionario de la subsecretaría de la Gobernación bonaerense; Marcela Meijide y Cristina Tavolaro hoy funcionaria del gobierno de Javier Milei en Trenes Argentinos; Víctor Sthepens, actualmente empleado de CECAITRA; Mariano Hidalgo, funcionario municipal en Malvinas Argentinas; y Pablo Sanguinetti que precedió al denunciante Jorge Orzali.
Las denuncias, impulsadas por el Director de Apoyo Administrativo Vial, Jorge Orzali, y el subsecretario Eduardo Feijoo, ambos vinculados al Ministerio de Transporte en la gestión de Sergio Massa (y en las que Trejo habría aportado datos importantes) apuntan a que esta red de ex funcionarios habría favorecido un esquema fraudulento de fotomultas, generando actas de infracción que, según los denunciantes, son nulas.
Corrupmultas
El ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue formalmente imputado hace meses por el fiscal Álvaro Garganta, a raíz de un negociado millonario con las multas y la VTV, que estaban bajo su órbita. En la maniobra también quedaron involucrados otras 16 personas, entre funcionarios judiciales, estatales, y empresarios del sector.
Tal como menciona Infobae en una nota de abril pasado, el fiscal detectó al menos tres maniobras bien diferenciadas. El sistema de recaudación más importante se concentró en el sistema de multas. Un grupo de funcionarios que dependían de D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como ”gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”. Esa maniobra, que habría arrancado en enero de 2022, cuando D’Onofrio llegó a Transporte, contaba con la participación de varios jueces de faltas. Entre los imputados aparece Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata.
Otra maniobra apunta a las irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT). La resolución destaca que ese negocio fue otorgado a siete empresas que previamente habrían tenido que contratar con la a empresa ”Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que tendrían participación funcionarios del Ministerio de Transporte.
Esa firma, que se encargaba de asignar los turnos de la VTV, recibía a cambio una comisión del 8,5% (más IVA) de cada pago realizado.
El último hecho por el que fue imputado D’Onofrio tiene que ver con la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector y que tiene al manos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios. Para el fiscal, “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito”. (Fuentes: Olavarría Hoy/La Razón de Chivilcoy/INFOBAE)
