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Días atrás en Pigüé, -cuando jefes comunales y dirigentes de la Sexta Sección constituyeron el foro político institucional “Provincia Futura”-, el intendente Pablo Garate volvió a exponer la idea de la que habla desde hace tiempo: “la Coparticipación Inversa”.
Se trata de que la mayor parte de lo tributado en cada distrito se quede en la administración del municipio para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Que se gire un porcentaje al gobierno de la Provincia a la que uno pertenece y otro menor al Estado nacional.
Hoy es al revés. Lo que debería ser una pirámide normal el esquema recaudatorio centralista la convierte en una pirámide invertida. La base donde se generan los fondos termina siendo una punta porque la mayor parte del dinero sube a la Provincia (la mitad de la figura geométrica) y a la Nación que termina siendo una enorme base al recibir de todo el país una descomunal masa de dinero.
Mientras el presidente (el actual y los anteriores) se transforman en “Tío Rico”, -el personaje de Disney que disfrutaba sentado arriba de una montaña de billetes en una caja fuerte gigantesca-, donde nace esa riqueza (distritos como Tres Arroyos) sus intendencias, -que son el Estado que más gasta por persona-, en el mejor de los casos a duras penas llegan a fin de mes porque la mayor parte de lo tributado se lo llevan las administraciones superiores.
Esa poca plata (en relación a todo lo mucho que genera el distrito) que les queda a las comunas debe alcanzar para cubrir todas las necesidades básicas prestacionales. Algo muy difícil de lograr en épocas normales, e imposible en tiempos de crisis sociales profundas como esta. A lo que se suman gastos inéditos generados por el abandono de obligaciones por parte del Estado central. Nunca antes las municipalidades tuvieron que hacerse cargo de arreglar rutas nacionales.
La Ley de Coparticipación Federal data de la presidencia de Alfonsín (sancionada el 7 de enero de 1988). Es la Nº 23.548, que tuvo algunas modificaciones a lo largo de los años.
Por esa norma, del total de lo recaudado en impuestos coparticipables el gobierno nacional se queda con el 42,34%. El 54,66% debe girarse (o debería) en forma automática al conjunto de las provincias en base a proporcionalidades según su población. A la de Buenos Aires de esa masa de dinero le corresponde que llegue el 19,93 % (¿Llega?). Además hay un 2 % para recuperar desequilibrios provinciales puntuales y un 1% destinado a los “Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”, que son fondos que el gobierno nacional gira en forma discrecional a las provincias.
Dato para demostrar que esto se maneja en base a conveniencias políticas (compra de votos legislativos). En 2025, por ATN el gobierno de la provincia de Buenos Aires solo recibió 10 mil millones de pesos en “fondos afectados a un destino específico” (todo fue a reconstruir Bahía Blanca tras la devastadora inundación), mientras que la de Tucumán recibió 35 mil millones de pesos. En Tucumán viven 1.800.000 personas, mientras que en la provincia de Buenos Aires vivimos 18.000.000. Una jurisdicción que tiene el 10 % de la población bonaerense recibe 250 % más de fondos de ATN porque sus legisladores votan a favor de los proyectos del gobierno nacional.
Lo más llamativo de esto no es que nos despojen. Sino que haya perjudicados que lo acepten, e incluso que justifiquen a quien nos despoja. “El que no defiende a su Patria chica es proclive a entregar la Patria grande.”
De lo que llega a las provincias por la Coparticipación Federal se produce la distribución a los municipios. Eso en la nuestra lo fija la Ley Provincial Nº 10.559. En su primer artículo se especifica: “Las Municipalidades recibirán en concepto de coparticipación el 16,14% del total de ingresos que percibe la Provincia en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos".
El importe resultante de ese porcentaje es repartido a los municipios a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD). Lo actualiza el Ministerio de Economía provincial. Se calcula en base a parámetros como la cantidad de habitantes, la superficie del distrito, la vulnerabilidad económica de la comuna para recaudar y el sistema de salud (cantidad de camas de hospital, infraestructura sanitaria, sistema de emergencias y número de consultas/prestaciones).
Acá siempre apareció el planteamiento de los intendentes del interior por lo que reciben las comunas del Conurbano. El actual sistema no premia a los municipios que hacen prevención y evitan internaciones. Al contrario, son los que menos reciben porque la mayor parte se la llevan los que más prestaciones tienen. Aunque no hagan los deberes en cuanto a la prevención de la salud, obviamente que la mayor cantidad de la asignación de fondos por atención sanitaria irá a los distritos que tienen más de 700 mil habitantes, no a uno de 70 mil. Eso debe cambiar.
La Provincia también reparte a los municipios el 6% del total de los beneficios obtenidos por las salas de juegos en esas ciudades. Además hay fondos específicos, -cómo el Educativo que es un porcentaje de los recursos de afectación específica que el Estado Nacional coparticipa a la Provincia-, y el bonaerense denominado “Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal” (a distribuir en base al CUD)”.
Lo antedicho es lo que deberían llegar por Ley de Nación a Provincia y de ahí a los municipios. La realidad es distinta. Hubo momentos virtuosos (2004 - 2015 y 2019 - 2023) donde desde la Nación se financiaba obra pública en las municipalidades y casi en idénticos períodos desde el Estado bonaerense llegaba más dinero de lo que se preveía al momento de elaborar los presupuestos. Hoy es todo lo contrario. De la Provincia viene menos de lo que debería (a Tres Arroyos una baja de 3,4 % entre marzo de 2025 y marzo de este año) y el gobierno nacional cerró la canilla. “En 2025 a Tres Arroyos la Nación envió cero pesos”, informó el municipio,
No podemos seguir así. Con el apoyo del arco político y de las instituciones de sus comunidades, todos los intendentes afectados del país (que representan a todos los contribuyentes perjudicados) deberían sumarse a la idea de aplicar una Coparticipación Inversa.
Por supuesto que será muy difícil, porque el sistema impositivo está armado para darle un poder enorme a quien maneja la caja central y uno considerable a los gobernadores. Pero hay que luchar para terminar con esta injusticia que nos afecta sobremanera. “Somos esclavos de un centralismo succionante que vive como Rey gracias a lo que generamos y nos obliga a sobrevivir con las migajas que quedan de nuestra producción”.
Con la Coparticipación Inversa, -que el grueso de la recaudación por lo que cada distrito genera se quede ahí-, habrá ciudades y localidades con mejores servicios y desarrollos importantes a partir de obras públicas financiadas con recursos propios, que a su vez generaría derrame con prestadoras y contratistas locales creadores de empleo.
La Coparticipación Inversa es el sistema más justo. Aunque sea muy difícil cambiar un statu quo centralista, hay que intentarlo. Si no se hubiera decidido a pasar de la resignación ante la opresión a la justiciera acción emancipadora, David nunca hubiera vencido a Goliat.
“Solo se mantiene inalcanzable aquello que no se intenta alcanzar”.
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