Después de 8 años de carpeta médica, encabezó la protesta policial en Puente 12
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¿Quien es Diana Gabriela Azategui, la expolicía detrás de la protesta ilegal que terminó con 18 efectivos expulsados de la fuerza? Los años de licencia y la acumulación de sanciones
La protesta ilegal en la base de Puente 12 que derivó esta semana en la expulsión de 18 efectivos de la policía bonaerenses estuvo encabezada por una exteniente de esa fuerza llamada Diana Gabriela Azategui que pasó ocho años de licencia médica, una llamativa circunstancia que le valió el apodo de “la carpetera”.
Azategui fue dada de baja en diciembre de 2020 tras 23 años de servicio, ocho de los cuales -el equivalente de 2.939 días- sin actividad efectiva: todo ese tiempo lo pasó de licencia médica. Los datos surgen del legajo de la expolicía (155.077), donde se precisa además que su última jerarquía es la de teniente.
La expolicía tuvo 17 destinos a los largos de su carrera, con un promedio de apenas un año y medio en cada uno de ellos. Su perfil, además, es problemático: fue sancionada al menos cinco veces por inconductas mientras ejercía sus funciones, entre ellas haber incurrido en negligencias mientras cumplía sus funciones en al menos dos oportunidades.
El detalle de la llamativa foja de servicios de Azategui marca en 1998 fue sancionada por irrespetuosidad hacia un superior, y que incurrió en quejas y discusiones por medios no autorizados sobre órdenes recibidas (2000), negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones (2001 y 2018) y falta de compostura en formación (2001).
Pero lo que resalta en su historial laboral es el total de 2.939 días de carpeta médica, lo que equivale a ocho años sin prestación de servicio. Acumuló este registro desde 1999 hasta su baja definitiva en 2020. En el ámbito policial, este tipo de historial suele asociarse con el término “carpetera”.
Azategui estuvo en el lugar de la protesta, en la que se pidió un aumento salarial, fogoneando los hechos e intentando darles difusión. Fue una acción que terminó con la expulsión de 18 efectivos de la fuerza, ya que es una acción ilegal este tipo de protesta para los policías.
Los expulsados, que prestaban servicios en Ituzaingó y Tres de Febrero, fueron además denunciados penalmente por el delito de sedición, ya que para protesta dejaron de cumplir con sus tareas de protección de la población y combate a la delincuencia, lo que está expresamente prohibido.
En el caso de la Policía bonaerense, las mejoras en los salarios están atadas a la paritaria que alcanza a los trabajadores estatales. En este orden, la semana pasada, la administración de Axel Kicillof anunció el acuerdo con los gremios para febrero y marzo. Una suba del 9% (7% para febrero y 2% para marzo) que incluye a los policías. (DIB)
