Editorial: cuando el poder se toma como si fuera propio
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El gobierno municipal decidió no publicar llamados a licitaciones en La Voz del Pueblo, en forma contraria a lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El artículo 142, de la mencionada norma, es claro. Lo transcribimos completo.
“Las licitaciones públicas se darán a conocer mediante publicaciones en el ‘Boletín Oficial’ y en un diario o periódico de distribución local, por lo menos, y en otros centros de interés a juicio del Departamento Ejecutivo. Donde no haya diarios se utilizarán avisos murales o cualquier otro medio de difusión.
“Los plazos de publicación y el diario o periódico de distribución local serán determinados por el Departamento Ejecutivo. Las publicaciones en el “Boletín Oficial” y en el periódico fijado no serán menos de dos, respectivamente, y deben iniciarse con quince (15) días de anticipación al acto de apertura de las propuestas”.
Se menciona en el artículo que pueden realizarse las publicaciones en otro medio en ciudades “donde no haya diarios”. En Tres Arroyos hay un diario desde hace más de 122 años, motivo por el cual la determinación del municipio contradice -vale reiterar- la Ley Orgánica de las Municipalidades.
La situación fue planteada por la concejala Daiana De Grazia, de Juntos por el Cambio, en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante. El bloque de Unión por la Patria, según indicó, hizo una consulta en Asesoría Letrada; pero es evidente que no hará un análisis sobre los motivos de lo sucedido, no va a incomodar o contradecir al Ejecutivo. En la reunión de ayer, escaso interés por ahondar en el tema mostraron otros bloques de la oposición, puntualmente el Movimiento Vecinal y la Libertad Avanza. Sus integrantes nada dijeron, decidieron mirar para el costado.
Parece alcanzarles el argumento de que la licitación se publicó en el portal digital Vía Tres Arroyos. Es cierto que existe un antecedente del Tribunal de Cuentas sobre la difusión en medios exclusivamente digitales, pero en ciudades que no poseen un diario. No es el caso de nuestro distrito.
El cuestionamiento no obedece al valor económico que pierde de percibir La Voz del Pueblo y le corresponde. Es más profundo y amplio, porque implica poner el foco en la manera en que actúan funcionarios.
Tanto el intendente como los concejales son representantes de la comunidad y el eje del mandato, la base, es respetar la ley. También los integrantes del gabinete deben responder a la ciudadanía, ejercen una labor pública a partir de la confianza que les extendió el intendente.
Que un funcionario un día se enoje presuntamente con el diario, sienta antipatía por este medio e interrumpa la difusión de licitaciones de manera arbitraria, discrecional, no es justamente representar cómo corresponde a los tresarroyenses. Significa tomar el poder como un bien propio y no de la comunidad, orientar las medidas -como habría sucedido en este caso- por un parecer personal.
La Voz del Pueblo tiene la posibilidad de contarlo ante la opinión pública y de defenderse. Darlo a conocer ¿El municipio actuará también de forma arbitraria con otros sectores, instituciones o vecinos con los que eventualmente sienta que hay algún desacuerdo o diferencia? Esperemos que no, pero la pregunta es válida a partir del modus operandi con las licitaciones.
Explicaciones que hagan referencia a las razones de la medida, no hubo ninguna, cero argumentos. Tampoco las pidieron concejales del MV y la Libertad Avanza.
El poder es de los vecinos y vecinas. Siempre. Cuando un funcionario da una orden y lo hace impulsado en una supuesta animosidad, les está dando la espalda.
