El acuerdo que podría cambiar al Mercosur desde adentro
Por Mercedes Mungai (*)
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Tras 27 años de negociaciones, el pasado 17 de enero se firmó oficialmente el Acuerdo de Asociación Estratégica Birregional entre el Mercosur y la Unión Europea, creando una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. El acuerdo entró en vigor de manera provisional el 1 de mayo.
Pero ¿qué implica realmente este acuerdo y qué impacto tendrá sobre nuestras empresas? La pregunta resulta obligada porque estamos frente al resultado de más de dos décadas de negociaciones entre dos proyectos de integración regional profundamente diferentes.
La Unión Europea surge en la segunda posguerra como una herramienta económica para alcanzar la paz política. Con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo iniciaron un proceso de cooperación destinado a evitar que los recursos estratégicos necesarios para la guerra volvieran a alimentar los conflictos que habían devastado al continente. Con el tiempo, aquella experiencia se amplió a otros sectores y fue incorporando nuevos miembros hasta transformarse en la actual Unión Europea.
El Mercosur tuvo un origen distinto. Su nacimiento estuvo ligado a la necesidad de consolidar las jóvenes democracias de Argentina y Brasil durante la década de 1980. Hasta entonces, ambos países habían mantenido relaciones marcadas por la desconfianza, las rivalidades geopolíticas y una escasa cooperación económica. Sin embargo, el retorno de la democracia generó nuevas prioridades. A ello se sumaron la crisis de la deuda externa, el deterioro de los términos de intercambio, y la necesidad de redefinir las estrategias de inserción internacional.
En el caso argentino, la derrota en la Guerra de Malvinas reforzó además la percepción de que era necesario abandonar viejas hipótesis de conflicto y avanzar hacia una política exterior basada en la cooperación regional. En ese contexto, la Declaración de Iguazú firmada por Raúl Alfonsín y José Sarney en 1985 marcó el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Años más tarde, el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto darían forma definitiva al Mercosur, con la incorporación de Uruguay y Paraguay.
Al igual que ocurrió en la Europa de la posguerra, aparecía por primera vez una voluntad política sostenida de cooperación entre los principales actores del proceso de integración.
Ni la Unión Europea ni el Mercosur fueron procesos lineales. Ambos atravesaron crisis que, en ocasiones, frenaron la integración y, en otras, terminaron fortaleciéndola. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambos bloques: mientras la Unión Europea posee instituciones supranacionales capaces de sostener políticas más allá de los cambios de gobierno, el Mercosur conserva una estructura esencialmente intergubernamental, donde las decisiones dependen en gran medida del consenso político entre los Estados miembros.
Esta diferencia explica buena parte de las dificultades que históricamente enfrentó el bloque sudamericano. Las tensiones ideológicas entre los gobiernos de Argentina y Brasil han condicionado repetidamente la velocidad y profundidad del proceso de integración, dando lugar a lo que algunos especialistas denominan "regionalismo presidencialista".
Por eso resulta tan significativo que ambos bloques hayan logrado converger en un acuerdo de asociación de semejante magnitud. Detrás de esta convergencia existen razones que van mucho más allá del comercio.
Para Europa, el acuerdo representa una oportunidad para diversificar proveedores, reducir dependencias estratégicas, y fortalecer su posición en un contexto internacional marcado por conflictos armados, incertidumbre energética y crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Para el Mercosur, implica acceder a un mercado integrado de más de 750 millones de consumidores, atraer inversiones y profundizar su inserción en cadenas globales de valor.
Sin embargo, interpretar este acuerdo únicamente desde una perspectiva comercial sería un error. Dos dimensiones adquieren hoy una relevancia especial: la geopolítica y la normativa.
Desde el punto de vista geopolítico, el acuerdo abre un espacio de cooperación que trasciende los intercambios económicos y habilita futuras discusiones en materia de inversiones, innovación, seguridad alimentaria y desarrollo tecnológico.
Desde el punto de vista normativo, la convergencia en cuestiones vinculadas con la sustentabilidad, la trazabilidad, los estándares laborales y los criterios ESG -ambientales, sociales y de gobernanza- resulta tan importante como la reducción de aranceles. En los mercados internacionales ya no alcanza con producir más o mejor; cada vez resulta más importante demostrar cómo se produce.
Para las empresas del Mercosur, el principal desafío será adaptar sus procesos productivos a estos estándares internacionales. En algunos sectores, esta transformación ya está en marcha, y el acuerdo actuará como un acelerador de cambios que tarde o temprano igualmente deberán realizarse para mantener competitividad y acceso a mercados.
En una ciudad productiva y exportadora como Tres Arroyos, esta discusión deja de ser una cuestión abstracta. Las decisiones vinculadas con sustentabilidad, trazabilidad, certificaciones y gobernanza empresarial comenzarán a influir cada vez más sobre la capacidad de competir, exportar y acceder a financiamiento.
Pero aún persiste una inquietud. La solidez de este acuerdo dependerá, en buena medida, de la capacidad del Mercosur para ofrecer previsibilidad institucional a largo plazo. Mientras en la Unión Europea las políticas suelen sobrevivir a los cambios de gobierno, en el Mercosur las prioridades del bloque frecuentemente se modifican cuando cambian los liderazgos políticos, especialmente en Argentina y Brasil.
Sin embargo, existe una mirada alternativa que permite observar el acuerdo desde otra perspectiva, ya que posiblemente su mayor aporte histórico no sea comercial sino institucional.
A medida que las empresas del Mercosur adapten sus estructuras productivas para cumplir con las exigencias de los mercados europeos, comenzarán a desarrollar un interés concreto en preservar la estabilidad de las reglas que hacen posible esos beneficios. En otras palabras, aparecerá un nuevo actor con capacidad para demandar continuidad, previsibilidad y mayor coordinación regional, independientemente del signo político de los gobiernos de turno.
Si esto ocurre, el acuerdo podría transformarse en un mecanismo de fortalecimiento institucional del propio Mercosur. Las necesidades generadas por la integración económica podrían terminar impulsando una integración más profunda y estable.
Tal vez allí resida el verdadero valor histórico de este acuerdo: no sólo en los beneficios comerciales que promete, sino en la oportunidad de convertir al Mercosur en un socio más previsible, más consistente y mejor preparado para insertarse en un mundo cada vez más competitivo e incierto.
(*) La autora es licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador)
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