El gobierno provincial descuida (y destrata) a su Policía
“MAQUIAVELINAS” | Marcelo Mouhapé Furné
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“En las muertes evitables, el destino no interviene. Son consecuencia de la negligencia humana”.
En veinte meses dos policías tresarroyenses perdieron la vida. Ambos, muy lejos de donde residían y en situaciones que podían haberse evitado si el sentido común primara en la política de seguridad del gobierno bonaerense.
El 2 de noviembre de 2024, en el cruce de las rutas 7 y 51 (en Carmen de Areco) un minibús que llevaba a policías de Caballería colisionó con un camión. Cuatro efectivos murieron. Uno de ellos, el tresarroyense Cristian Delgado (44 años).
Se los trasladaba desde Bahía Blanca a San Nicolás para el operativo de seguridad en un partido de fútbol. Juntaron a policías en esta región (también murieron un bahiense y dos residentes en Punta Alta) para llevarlos 714 kilómetros a cubrir un evento en una ciudad que está a 296 kilómetros del cuartel central del cuerpo de Caballería (en La Plata).
Alguien en el manejo de la seguridad provincial pensó que era lógico un traslado de uniformados mayor a los 700 kilómetros cuando se podía haber resuelto con uno menor a los 300 kilómetros. Ese razonamiento absurdo, derivó en la muerte de cuatro efectivos y varios heridos graves.
El 7 de septiembre de 2025, Clarín publicó una nota titulada “La tragedia del micro de la Bonaerense: la familia del policía que hace 10 meses espera un milagro y una causa archivada”. Se refiere a Brian González, a quien el choque en Areco le provocó inmovilidad y un estado comatoso. Entrevistaron a su esposa (Geraldine), quien dijo: “Ya lo están por jubilar, le dieron el 90% de incapacidad, lo que nos parece poco ya que él no está ni siquiera consciente”.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires le negó el 100 % de incapacidad a un policía que desde el choque (10 meses antes) yacía en una cama inmóvil y en coma. Eso excede a la ineptitud administrativa. Eso es crueldad.
El enojo que en la fuerza generó la llamada “tragedia de Carmen de Areco”, hizo que adelantaran los pagos por los servicios adicionales. En esa misma nota, otro efectivo afirmó: “se pusieron un poco más al día. Hoy yo hago una cancha y me la pagan de acá a 15 días, no a un mes o dos meses como antes”.
Volvió a conmovernos la muerte de un policía tresarroyense el sábado 18 de julio pasado. Ese día Alan Molina (30 años) fue asesinado a balazos cuando hacía prevención en uno de los lugares más inseguros del país: “Fuerte Apache” (barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero). Molina, -quien egresó como policía en febrero-, murió cumpliendo su deber a 500 kilómetros de donde vivía. Cuando debería estar haciéndolo en Tres Arroyos, si la política de seguridad del gobierno provincial fuera coherente.
El intendente Pablo Garate ha reclamado insistentemente para qué los policías locales se desempeñen acá. También el legislativo municipal trató el tema. En julio de 2025 el bloque de concejales del Movimiento Vecinal presentó un proyecto de comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo para que solicite al Ministerio de Seguridad provincial que se reubique al personal oriundo de Tres Arroyos que se encuentra prestando servicios en el AMBA.
Recuerdo que en aquella sesión, la edil Roxana Calvo dio datos reveladores. Dijo que para la seguridad en la ciudad cabecera había 64 policías (uno por cada mil habitantes). Y que a 8 efectivos tresarroyenses, el mando provincial los enviaba al Conurbano. Si esos 8 policías locales estuvieran prestando servicios acá, la dotación de la fuerza para la prevención y combate del delito en Tres Arroyos se hubiera incrementado un 12,5 %. A un distrito donde los uniformados son menos a los que nuestra realidad delictiva requiere, el gobierno provincial encima le saca varios para que patrullen en el AMBA. Los bonaerenses del interior somos de segunda clase; la prioridad siempre la tiene el Conurbano.
Hijos sin su padre; esposas sin maridos; madres y padres sin hijos; tíos sin sobrinos y grupos de amigos con una silla vacía. Otra vez
Pero el gobierno de Kicillof no sólo desprotege a sus policías. También los humilla en lo salarial. Ahora les dieron un aumento. Es desdoblado: un 5% este mes (a cobrar en agosto) y un 2 % en agosto (a cobrar en septiembre). Con la suba de julio el sueldo básico de un policía inicial pasará a ser de 909 mil pesos. Lo que cuesta una heladera (promedio y vacía).
Pero ahí no termina la falta de respeto en cuanto a los haberes policiales. Con el incremento del 2 % de agosto, el sueldo básico de un oficial egresado se debería ir a $927.200. Pero será de $926.300, porque los dos tramos de subas no son acumulativos sino que ambos se calculan sobre el sueldo de junio (básico de agente inicial: $865.700). Hay una diferencia de $900 en perjuicio del policía ingresante a la fuerza operativa (que se incrementa a medida que asciende el escalafón).
El gobierno bonaerense que en septiembre (cuando cobren el sueldo de agosto) se ahorrará de pagar 900 pesos a cada agente nuevo, es el mismo que en diciembre pasado creó varios cargos con sueldos de varios millones de pesos como moneda de cambio con la oposición (y algunos propios) para que la Legislatura le aprobara el endeudamiento por 3.500 millones de dólares.
Está a la vista que al estado provincial no le importa que mueran sus policías. O que queden postrados como el caso de Brian González. Ni siquiera vienen en persona (el gobernador o el ministro de Seguridad) a dar el pésame a los familiares de los caídos en servicio. Mandan a un jefe regional que por la Policía Bonaerense diga unas palabras. El acto se completa con una guardia de gala y el anuncio de un ascenso post mortem. Lo vimos ahora con Alan Molina y hace 20 meses con Cristian Delgado.
Otra vez, hijos sin su padre; esposas sin maridos; madres y padres sin hijos; tíos sin sobrinos y grupos de amigos con una silla vacía. Y volverá a pasar hasta que le digamos basta a un gobierno provincial ineficiente a la hora de devolvernos en servicios de calidad lo mucho que los bonaerenses pagamos en impuestos. Como ciudadanos no debemos seguir aceptando las incapacidades de gestión que nos afectan a diario.
Los cambios siempre surgen de abajo hacia arriba. Por eso, creo que en la próxima sesión del Concejo Deliberante debería volver a tratarse el proyecto del Movimiento Vecinal (que hoy duerme en comisión) pidiendo al Ministerio de Seguridad provincial que a los policías tresarroyenses no los envíen más al Conurbano y trabajen acá. Que sea aprobado por unanimidad (no por mayoría como hace un año). En una sesión ordinaria pero con características especiales. Con un Salón Blanco colmado. Tendrían que estar presentes todo el Departamento Ejecutivo y los presidentes de las entidades del distrito (empresariales, de servicios, sindicales, deportivas, etc, etc, etc).
Que el gobernador Kicillof vea una foto donde quienes representan a toda la población de nuestro distrito le reclaman a él correctivos en su política de seguridad. Una imagen que muestre que para los tresarroyenses un policía no es un número en una estadística. No es un patrullero que se repara o cambia. Que es una persona que eligió una vocación de servicio, con familia, con amistades, con sueños. No se debe tolerar más que todo eso quede encerrado en un ataúd cuando las muertes son evitables.
Que en Tres Arroyos no haya más finales existenciales como los de Alan Molina o Cristian Delgado depende de que como comunidad unida le exijamos al gobierno provincial razonabilidad y humanidad en el manejo de los recursos de la seguridad. Que debe empezar con lo básico: “cuidar a quienes nos protegen”.
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