Hacia una economía del agro competitiva: la necesaria evolución de la gestión vial
Es urgente implementar un mantenimiento sostenible. Una gestión profesional no implica más gasto, sino mejor uso de los recursos: menos intervenciones, pero más eficientes
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Por Juan Pablo Borioni*
El sector agropecuario argentino ha dado muestras sobradas de su capacidad de innovación. Hemos evolucionado del arado a la siembra directa, transformando nuestra forma de producir para cuidar el recurso, ganar eficiencia y ser competitivos. Sin embargo, esa modernización se detiene en la tranquera: afuera, la gestión de los caminos rurales sigue anclada en un modelo del siglo pasado que se ha convertido en un verdadero costo hundido para la producción.
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Los actuales servicios viales -nacionales, provinciales y municipales-, en lo que respecta a la gestión de caminos rurales, han fracasado como sistemas. Y no por una única causa, sino por la convergencia de varios factores: estructuras burocráticas que priorizan el procedimiento por sobre el resultado, una persistencia en métodos de mantenimiento claramente obsoletos y, sobre todo, un error conceptual de origen: intentar resolver el problema desde el lugar equivocado. Se ha puesto el foco en la maquinaria, en la intervención constante y en la lógica del corto plazo, en lugar de abordar la cuestión desde la ingeniería, la planificación hídrica y la sostenibilidad del sistema.
El resultado es un modelo que consume recursos, pero no construye soluciones duraderas.
La denominada “tasa a la hectárea” o vial ha perdido su esencia jurídica para convertirse, en la práctica, en un impuesto encubierto. Mientras que una tasa debe ser la retribución por un servicio concreto y efectivo, hoy estos fondos suelen diluirse en las Rentas Generales de los municipios o sostener una gestión operativa obsoleta.
Nadie se niega a contribuir al desarrollo, pero la evolución nos obliga a señalar con claridad que estamos frente a un tributo que no vuelve en servicios, sino en la degradación sistemática de nuestro principal activo logístico.
El método de mantenimiento convencional es el corazón del problema. Al realizar un “cuneteo” sin criterios de ingeniería, se retira material constantemente, se bajan las cotas y se genera el nefasto efecto de los caminos-canales por debajo del nivel de los campos. Esto transforma las vías de comunicación en cauces de drenaje que se destruyen con cada lluvia. La paradoja es tan evidente como insostenible: el productor paga una tasa para financiar un método que arruina los caminos.
La solución de fondo es la estabilización de suelos, pero aquí es imprescindible ordenar el esquema de financiamiento. Estas obras estructurales no deben surgir de una tasa vial permanente, mal diseñada y peor ejecutada. Existen recursos ya vigentes -como la coparticipación de impuestos a los combustibles o el inmobiliario rural- que deben ser correctamente asignados y optimizados.
En su caso, pueden instrumentarse contribuciones de mejoras específicas, claras y por única vez. Lo que no puede admitirse es sostener un sistema que, año tras año, consume recursos sin generar soluciones.
Mientras avanzamos hacia esa infraestructura definitiva, es urgente implementar un mantenimiento sostenible: respetar las banquinas empastadas como defensa contra la erosión, definir anchos de camino adecuados según su transitabilidad y priorizar el escurrimiento hídrico. Una gestión profesional no implica más gasto, sino mejor uso de los recursos: menos intervenciones, pero más eficientes.
La solución de fondo es la estabilización de suelos, pero aquí es imprescindible ordenar el esquema de financiamiento. Estas obras estructurales no deben surgir de una tasa vial permanente, mal diseñada y peor ejecutada
En este contexto, la discusión de fondo es ineludible: la tasa vial, tal como hoy está concebida y aplicada, no es una herramienta adecuada. Se ha transformado en un costo hundido que el sistema productivo absorbe sin retorno. Y como todo costo hundido, su permanencia no se justifica por resultados, sino por inercia.
Eliminarla no es una consigna, es una necesidad. No se trata de desfinanciar la infraestructura rural, sino de reemplazar un instrumento ineficiente por un esquema transparente, técnicamente sólido y económicamente racional. Los recursos existen; lo que falta es gestión, criterio y decisión política para utilizarlos correctamente.
No podemos seguir cargando al agro con los costos de una estructura que se niega a evolucionar. Es tiempo de dejar atrás los parches recaudatorios y avanzar hacia una verdadera política vial rural basada en ingeniería, planificación y responsabilidad en el uso de los fondos públicos.
Porque una Argentina que necesita producir y exportar más no puede sostener caminos que la atrasan ni tributos que financian su deterioro.
*Abogado agrario
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