Inocencia fiscal: si se aprueba el proyecto oficial, se podrán operar hasta US$68.000 sin declarar
La reforma del Régimen Penal Tributario que tratará el Senado actualiza los montos a partir de los cuales es delito poseer dinero sin informar a ARCA
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El Senado debatirá en los próximos días el proyecto de Inocencia Fiscal, una reforma del Régimen Penal Tributario impulsada por el Gobierno que busca otorgar un marco de protección legal a quienes decidan blanquear los dólares fuera del sistema.
La iniciativa apunta a favorecer la remonetización en moneda dura, en el marco de la competencia de monedas, y actualiza los montos a partir de los cuales la evasión se considera delito.
Según el texto, el piso a través del cual se fija la evasión simple subiría de $1,5 millones a $100 millones. Esa cifra —teniendo en cuenta el tipo de cambio vendedor del Banco Nación de $1475— equivale a unos US$68.000. De esta manera, operar montos por debajo de ese umbral ya no resultaría delito penal, siempre que se apruebe la ley.
En paralelo, el proyecto eleva el mínimo para la evasión agravada de $15 millones a $1000 millones, y crea un esquema simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas físicas con ingresos de hasta $1000 millones anuales y patrimonios menores a $10.000 millones. Quienes se sumen pagarán en función de la facturación y no del patrimonio, de acuerdo con la explicación oficial.
El plan también incorpora un mecanismo que extingue la acción penal si el contribuyente paga capital e intereses antes de que se realice la denuncia. Además, introduce cambios en los plazos que tiene el fisco para requerir información y en las vías para resolver conflictos tributarios.
El Gobierno sostiene que el objetivo central es dar seguridad jurídica, reducir la litigiosidad y alentar el uso de dólares fuera del sistema. La propuesta se presenta como una pieza clave dentro del programa económico, pensado —según se remarcó oficialmente— para consolidar la estabilidad y ordenar los incentivos tributarios.
Varios de los montos previstos en la ley vigente quedaron desactualizados durante años, lo que llevó a que contribuyentes quedaran expuestos a procesos penales por cifras que hoy resultan menores en términos reales. El proyecto busca corregir esa distorsión mediante un aumento significativo de los umbrales, aunque la actualización recién comenzaría a regir más adelante, en un contexto de inflación acumulada.
Las figuras más graves —como maniobras dolosas, insolvencia fiscal fraudulenta o alteración de registros— no desaparecen: se mantienen las sanciones y la tipificación para esas conductas, independientemente de los montos involucrados.
En cuanto a la evasión agravada, el esquema contempla valores más altos cuando se utilicen estructuras o intermediarios para ocultar identidad, así como en los casos en que se hayan aprovechado beneficios fiscales de manera fraudulenta.
Multas y presentación fuera de término
El proyecto incluye, además, un sistema de multas automáticas para quienes presenten sus declaraciones juradas fuera de plazo. Tras críticas y consultas públicas, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a aclarar cómo se implementará la medida.
“Estuve leyendo algunos comentarios respecto de las multas automáticas de ARCA que están incluidas en el proyecto de Inocencia Fiscal que tiene media sanción en Diputados. Atento a sus inquietudes, hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido”, señaló.
Caputo explicó que no se aplicará la sanción de inmediato: “En cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles”. Y agregó: “Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa”.
Según el ministro, el organismo ponderará la cantidad de días de atraso para graduar el castigo: “Lo importante es que ARCA va a merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor, según el caso, y de este modo poder distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, y no aplicar automáticamente una medida inflexible”.
Aunque el esquema contempla alivios procedimentales, el valor de las sanciones crecerá de manera fuerte: las actuales multas mínimas, de $200 para personas humanas y $400 para empresas, pasarán a $220.000 y $440.000, respectivamente. (TN)
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