La Justicia bahiense investiga los daños provocados a los micros que trabajaban durante la jornada de paro del paso 10 abril.
Según informó la Agencia de Noticias del Departamento Judicial Bahía Blanca, será la UFIJ Nº 7, a cargo de la fiscal Marina Lara, la encargada de instruir las actuaciones que conforman la investigación iniciada tras las denuncias recibidas por daños en unidades de transporte público de pasajeros en la vecina ciudad, registrados durante la medida de fuerza del pasado 10 de abril, momento en que se estaba desarrollando un paro general de actividades a nivel nacional dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), medida a la cual la Unión Tranviarios Automotor (UTA) había decidido no adherirse.
En ese marco, se inició una causa luego de que efectivos policiales se dirigieran a la empresa Rastreador Fournier ubicada en calle Necochea al 300 de la ciudad ubicada a 200 kilómetros al sur de Tres Arroyos, donde se les informó que seis colectivos sufrieron daños en los vidrios. Entre los vehículos afectados se encontraban el interno 36 de la línea 507, internos 22, 80, 15 y 28 de la línea 505 e interno 56 de la línea 500.
Desde la empresa San Gabriel, cuya base operativa se encuentra en calle Thompson al 1700, se informó además la afectación de seis unidades que sufrieron daños, sin que se registrara ninguna persona lesionada.
Por su parte, la firma Bahía Sapem, denunció la afectación por roturas de vidrios con algún elemento contundente del coche número 4 de la línea 519 A y del coche 15 de la línea 521.
En todos los casos se ordenó el registro de los daños sufridos y de los elementos que los pudieran haber ocasionado, la toma de testimonios de cualquier persona que pueda aportar alguna precisión sobre los hechos y la búsqueda de cámaras -tanto públicas como privadas- que puedan aportar elementos de interés en la investigación.
Para ello, desde la Fiscalía, se ha dispuesto la colaboración del personal policial de la DDI, de las comisarías que tienen jurisdicción en las zonas donde habrían sucedido los ilícitos y no se descarta la participación de otras fuerzas de seguridad, que puedan realizar aportes a la presente causa.
Cabe recordar que Bahía Blanca fue la única ciudad del país en la que, a raíz de la violencia contra las unidades de transporte, se dio marcha atrás a la decisión de prestar el servicio a pesar del paro. Ahora, las denuncias de esos daños ya están en manos de la Justicia de la vecina ciudad que, con la recopilación de daños, dio muestras de interés en avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
