La Columna: el Presupuesto, con más ajuste en la educación
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Por Alejandro Vis
La premisa de alcanzar un “déficit cero” y presentarla desde el discurso como una idea eje de la gestión, constituye un acierto del gobierno nacional. Así construyó parte de su identidad.
La necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas públicas no genera mayor discusión, parece haber consenso sobre este punto.
Y aunque muchos dirigentes del ámbito político lo mencionan hoy como una obviedad, poner el acento de una manera tan marcada en resolver el déficit es una característica propia que introdujo el presidente Javier Milei.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), expresa que entre 1961 y 2022, hubo únicamente seis años con superávit. La disciplina fiscal no ha sido el fuerte de nuestros gobernantes.
La mencionada organización puntualiza en el trabajo que, sumando gastos primarios y servicios de deuda, hubo superávit solo entre 2003 y 2008 (durante el gobierno de Néstor Kirchner y la etapa inicial del primer mandato de Cristina Fernández). Antes y después, se sucedieron resultados negativos en este aspecto, hasta que en el presente año se recuperó la senda del superávit; en forma rápida, es verdad, pero mediante un ajuste que es durísimo para amplios sectores de la población.
Además para que los números den bien, el Gobierno canceló la deuda por la venta de electricidad y gas natural a Cammesa, correspondiente a diciembre y enero, con un bono a 2038; y disminuyó en forma notoria las transferencias no automáticas a las provincias.
La inflación, tras un pico de 25 por ciento en diciembre pasado alimentado por la fuerte devaluación, poco a poco muestra un retroceso. Numerosos rubros sufren una menor actividad debido a un proceso recesivo, muy palpable en la calle, en la economía cotidiana de “los de a pie”.
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Un análisis interesante es cómo se distribuye el costo del ajuste. A quiénes impacta de un modo más directo. De la respuesta a la que se llegue, surgirá cuáles son las prioridades en las políticas públicas de Milei.
En este sentido, el Presupuesto para el año 2025 que el Presidente presentó en el Congreso hace dos semanas incluye un artículo sobre los fondos para la educación que es, cuanto menos, inquietante.
Se trata del artículo 27. Puede resultar tedioso, pero vale la pena transcribirlo completo. Indica lo siguiente:
“En el marco de la emergencia pública declarada por el artículo 1 de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, suspéndese para el Ejercicio 2025 el cumplimiento del artículo 9 de la Ley N 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias; de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; del artículo 52 de la Ley No 26.058 de Educación Técnico Profesional y del inciso 1 del artículo 4 de la Ley N 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa”.
En consecuencia, no se aplicarán el año próximo normas que garantizan un mínimo de partidas para la educación y el Gobierno podrá definirlas a discreción. La decisión, como se puede observar, también abarca a los recursos correspondientes a Defensa.
Por citar un ejemplo, el artículo 9 de la Ley 26.206 establece que para educación debe destinarse el 6 por ciento del PBI considerando las erogaciones de las provincias, ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional.
Lo mismo sucede con recursos previstos por ley para la ciencia y la educación técnica. Es información, no interpretación o un punto de vista. El texto del Presupuesto lo indica. No habrá fondos garantizados y el Gobierno asignará de acuerdo a su voluntad, si es que no hay modificaciones en el proyecto.
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Quienes tienen una cierta edad, podrán recordar períodos que fueron difíciles para las escuelas técnicas, por las características desfavorables del sistema educativo y ante la insuficiente inversión en equipamiento, insumos, proyectos. En Tres Arroyos, directivos con capacidad e ingenio -acompañados por su equipo de trabajo y cooperadoras- supieron mitigar las consecuencias negativas.
La sanción de la ley de Educación Técnico Profesional, en septiembre de 2005, fue un logro valioso, que significó un incentivo y ayudó a la recuperación. El financiamiento, previsto en esta norma, queda en suspenso en el Presupuesto del año próximo ¿Será un retroceso en el tiempo, una especie de déjà vu?.
En la misma línea, el avance sobre las partidas del sistema de ciencia, tecnología e innovación debilitará aún más un área sensible y esencial.
Por supuesto, se registran problemas diversos desde hace años, no empezaron en diciembre. Por distintas razones y en el marco de las recurrentes crisis nacionales. Sin embargo, el sentido de las medidas, la orientación, refleja que el Gobierno en vez de intentar resolverlos, descuida y desatiende a la educación.
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El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió, al hacer referencia al Presupuesto, que “nunca antes los fondos solicitados estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento”. Describió la situación salarial como “dramática”.
Ante las consultas de periodistas, en el Gobierno reiteran que será vetada la ley de financiamiento universitario, todavía tiene plazo para hacerlo.
En este contexto, el miércoles próximo se va a concretar una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino.
La marcha realizada el martes 23 de abril fue multitudinaria y genuina. Distintas generaciones, abuelos, padres, hijos, concurrieron para expresar su adhesión. Quien gobierna, entre otras cualidades, debe saber escuchar.
