La educación frente al nuevo Régimen Penal Juvenil
Equipos de orientación escolar y especialistas en derecho se reunieron en La Estación para analizar los alcances de la Ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años
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Con el objetivo de analizar los alcances y el impacto de la Ley 27.801, que establece la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años, se llevó a cabo este martes el Plenario 2026 en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos. La jornada estuvo dirigida a los equipos de orientación escolar de todo el distrito y contó con la participación del abogado Guillermo "Pancho" Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y de la Dra. Silvina Gianechini, representante del Área Legal y Técnica de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) en el distrito.
El encuentro, denominado habitualmente como "el aula del inspector", fue coordinado por los inspectores de la modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Sebastián Calo y Graciana Foulkes. En la previa de la disertación, Foulkes dialogó con la prensa sobre la profunda preocupación que genera la aplicación de esta normativa y las herramientas que el sistema educativo busca construir para acompañar y resguardar las trayectorias de los adolescentes.
Los puntos críticos de la ley
La convocatoria reunió a cerca de 60 profesionales —entre orientadores educacionales, sociales, de aprendizaje, fonoaudiólogos, directivos e inspectores— pertenecientes a escuelas primarias, secundarias y modalidades de gestión estatal y privada de todo el partido de Tres Arroyos.
Según explicó Graciana Foulkes, la normativa vigente desde septiembre presenta un escenario complejo que obliga a repensar el rol institucional. "Una ley que al bajar la edad los pone en igualdad de condiciones que un adulto en cuanto a su capacidad de pensamiento, en su capacidad de decisiones y en su nivel evolutivo, no está contemplando para nada ni la subjetividad ni el riesgo que tienen nuestros jóvenes", señaló la inspectora. Asimismo, advirtió que la medida entra en tensión con los tratados internacionales de derechos humanos a los que Argentina adhiere desde 1994, los cuales conciben a niños y adolescentes como sujetos de derecho.
Si bien confirmó que hasta el momento no se han registrado causas bajo este nuevo régimen en las escuelas del distrito, remarcó la necesidad de anticiparse. "Venimos trabajando en esto porque sabemos que puede pasar", afirmó, subrayando además que la normativa exige garantizar la continuidad educativa incluso en casos de privación de la libertad, lo que demandará mayores recursos para el sistema escolar.
Herramientas educativas
Frente a un marco legal que ya se encuentra reglamentado y en vigencia, el plenario puso el foco en las acciones concretas que pueden impulsarse. En la segunda parte de la jornada —a cargo de las orientadoras sociales Vanessa Cranca (jefa de trabajadoras sociales del hospital y orientadora de la Escuela 3), Griselda Fernández (del Equipo Interdisciplinario de Primera Infancia)— se trabajó sobre la confección de visitas domiciliarias e informes socioeducativos.
Foulkes detalló que, ante la eventualidad de que un estudiante quede involucrado en una causa penal, los equipos de orientación escolar pueden elaborar informes sobre su trayectoria educativa a pedido de la fiscalía o la defensa. "Podemos dar cuenta si ese alumno nunca tuvo inconvenientes en la escuela, si se llevaba bien con sus compañeros. Es una herramienta que el fiscal puede tener en cuenta para revertir una acusación o producir algún atenuante", explicó.
Subrayó además que una causa por un delito menor genera un antecedente penal que marca al joven de por vida, condicionando incluso su futuro acceso al empleo formal.
Finalmente, tras reconocer que faltó una mayor discusión social previa a la sanción de la ley, Foulkes adelantó que la intención de la modalidad es replicar estas instancias de formación y debate en el futuro.


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