Por Alejandro Vis
Las manifestaciones que el miércoles 2 se realizaron en muchas ciudades del país, en defensa de la universidad y la educación pública, fueron transversales. Lo mismo sucedió, más allá de los matices, en la primera marcha del 23 de abril.
Esto implica que se congregaron personas con distintas ideas, perfiles, edades, posturas y experiencias de vida. Las unió un capital simbólico muy fuerte como es la universidad pública.
La mayor fortaleza del reclamo es que excede a las identidades sectoriales y político-partidarias. Hubo referentes de la política, es cierto, pero no en un lugar relevante ¿Alguno de ellos buscó capitalizar la protesta? Si así fue, no tuvieron centralidad.
Los principales protagonistas fueron los estudiantes, docentes y vecinos que en cada comunidad decidieron apoyar esta causa.
Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), tiene 27 años, se recibió de licenciada en Ciencias Políticas y es de Río Cuarto, provincia de Córdoba. En el programa “Verdad Consecuencia” de TN, expresó el jueves 3 por la noche que “en mi ciudad Milei ganó con el 75 por ciento de los votos” y la marcha estuvo colmada: “también hubo votantes de Milei que fueron a movilizarse en defensa de la universidad pública”.
En la ciudad de Buenos Aires, el acto esta vez se concretó ante el Congreso, no frente a la Casa Rosada como ocurrió en abril. Es que tras el previsible veto del Presidente, los legisladores serán quienes definan el futuro de la ley de financiamiento universitario.
De acuerdo a un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), hubo un claro recorte en las transferencias del Gobierno a las universidades. Los pagos efectivamente realizados por el sector público nacional, reflejan que en los primeros ocho meses de 2024 se produjo una caída de 33,5 por ciento respecto al mismo período del año anterior.
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El debate público sobre la educación superior genera una oportunidad. Sobre todo, de poner el foco en eventuales cambios, mejoras o en sistemas que muestran falencias.
El Gobierno ha reiterado en los últimos días que hay recursos de las universidades sin rendir (especialmente de la UBA), que se requieren auditorías y un seguimiento en la utilización de los fondos.
¿Qué establece la Ley de Educación Superior? El control de las universidades nacionales estatales corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso. También tienen que contar con mecanismos de auditoría interna.
La AGN ha realizado este trabajo, pero no todos los años, y según informa el sitio digital Chequeado, los informes presentan algunos años de rezago. En 2024 el organismo está auditando las universidades de Córdoba, Formosa, Jujuy, La Plata, Salta y el Nordeste.
A su vez, las instituciones universitarias poseen unidades de control interno. En la UBA funciona la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires (AGUBA).
Sin afectar la autonomía, es un aspecto en el que se debe trabajar para sumar claridad y fortalecer los procesos vinculados al uso de recursos públicos.
Esto no puede ser, sin embargo, un motivo para retacear el envío de partidas. En caso de que el Gobierno entienda que una autoridad universitaria administró de mala manera, para beneficio propio, tiene la obligación de denunciar en la Justicia. De lo contrario, se incurre en generalidades que únicamente buscan alimentar las suspicacias en la opinión pública, en los medios de comunicación y las redes sociales.
Otro punto clave es cómo lograr que una mayor cantidad de jóvenes de familias con bajos ingresos accedan a la universidad. Muchos de ellos incluso, no terminan la secundaria. Se impone la necesidad de pensar y ejecutar políticas que, en este sentido, contribuyan a la equidad social.
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Como se mencionó en este espacio, el domingo pasado, el Presupuesto de 2025, en el artículo 27, deja en suspenso normas que establecen la forma de financiamiento del sistema educativo nacional; de la educación técnico-profesional; del sistema de ciencia, tecnología e innovación, y también correspondiente al Fondo Nacional de la Defensa.
Si no se modifica, el Gobierno podrá otorgar a discreción y voluntad las partidas. Utiliza para ello las facultades que le fueron concedidas en la Ley Bases (se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año).
“Es la ley de leyes, la hoja de ruta con la cual ordenaremos las prioridades de nuestra gestión”, dijo Milei al presentar el Presupuesto en el Congreso el domingo 15 de septiembre. El proyecto genera una razonable preocupación en el ámbito educativo: el artículo 27 expresa la continuidad del ajuste.
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El encuentro en Tres Arroyos se desarrolló en la Plaza San Martín (en Claromecó, la manifestación tuvo lugar en la Plaza Luis Piedrabuena). La convocatoria fue interesante, en una tarde soleada y algo fresca.
La profesora María Teresa Cuzzolaro dio una clase pública y luego se expresaron diversas voces en el micrófono abierto.
Es muy positiva la participación de los más jóvenes, que compartieron su punto de vista. Priscila Almirón y Pilar Swaels, de los centros de estudiantes Acción Estudiantil del Instituto 33 y Dialéctica del Instituto 167, leyeron un documento. También habló Macarena Díaz, junto a Perla Castiñeira, ambas cursan en CRESTA la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos del Diseño (que brinda la Universidad Provincial del Sudoeste).
Es bueno escuchar sus ideas, opiniones y aportes. Ayuda a pensar, en un tema que -vale reiterar- no se circunscribe a un sector y por el contrario, moviliza a buena parte de la sociedad.