La sociedad castigada: a 20 años de la marcha que acabó con las marchas

El 28 de junio de 2004 cientos de tresarroyenses salieron a las calles exigiendo Justicia por la muerte de Gonzalo Ferretti, un chico de 19 años que perdió la vida al golpear su cabeza con un reductor de velocidad en una pelea  a la salida del boliche, y a pesar que los sospechosos estaban presos. La multitudinaria manifestación en la que también se protestaba por la inseguridad de aquellos años, se transformó en una jornada de violencia hacia el fiscal Lemble y el entonces juez de Garantias Rafael Oleaga. Cómo impactó el castigo a tres identificados en similares y futuras expresiones populares

Por Enrique Mendiberri

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Estaba nublado y fresco. Como pronosticaba el Servicio Meteorológico para hoy.

 

Era lunes ese 28 de julio de 2004, cuando se produjo la que el tiempo terminaría recordando como la última multitudinaria marcha popular de Tres Arroyos.

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Eran tiempos muchos más violentos en este rincón de la provincia de Buenos Aires. La inseguridad ofrecía asaltos a mano armada con frecuencia y robos a la orden del día. Claramente reemplazados hoy por el narcomenudeo y las estafas virtuales.

 

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En la madrugada del domingo anterior, Gonzalo Ferretti, un joven tresarroyense de 19 años perdió la vida en un incidente ajeno a la inseguridad.

 

Sin embargo, su muerte conmovió a los vecinos. Tanto que, a pesar de que la Justicia se había movido rápido y pocas horas después ya tenía detenido al grupo responsable de aquella pelea trágica a la salida de un boliche; el reclamo de Justicia  terminó absorbiendo la indignación que generaba la falta de respuestas de aquel momento.

 

Así, motivados en principio por el mensaje que bajaba de una entrevista radial poco antes del tradicional noticiero del mediodía en LU24, la gente se congregó en la plaza San Martín, justo frente al acceso principal a la Municipalidad.

 

Como ya había ocurrido años antes, en 2001, y tras una tragedia, en este caso, efectivamente iniciada a raíz de un episodio de inseguridad, como fue el asalto a los hermanos Quintela (Armando murió a raíz de las heridas sufridas en el hecho y, años después también falleció su hermana Angélica); el pueblo salió a exigir respuestas a las autoridades.

 

Pero en esta oportunidad, el objetivo no fue de movida el Juzgado de Garantías, sino la Municipalidad del entonces intendente Carlos Sánchez, quien transitaba su primer período como jefe comunal.

 

Presionado por la gente, que combinaba exigencias de castigo ejemplar a los responsables de la muerte de Ferretti con el esclarecimiento de distintos hechos de inseguridad que se venían dando en la ciudad, el jefe comunal ensayó una salida explicándole a los manifestantes que el poder político poco podía hacer frente a la inseguridad. Y propuso acompañar a la multitud en una marcha en reclamo de Justicia.

 

En el camino, la comprensión popular entre los primeros del grupo  sobre el rol de la Fiscalía en las investigaciones (cabe recordar que en Tres Arroyos existía Ministerio Público hace apenas unos años) por parte de los manifestantes, hizo que la marcha haga su primera parada en la Fiscalía.

 

Fue en la entonces sede judicial ubicada en Hipólito Irigoyen 175, donde comenzaron los desbordes. Algunos manifestantes comenzaron a avanzar sobre el edificio exigiendo la presencia del fiscal Facundo Lemble, en aquellos años, la cara más visible del área judicial encargada de llevar adelante las instrucciones de las causas penales de Tres Arroyos.

 

Mientras tanto, desde su despacho, el fiscal pedía ayuda a una policía que no atendía el teléfono, a pesar de contar con refuerzos disponibles ante el inminente desarrollo de un Huracán que ya olía a Primera División. En forma paralela, el sueño deportivo de un pueblo se debatía entre la angustia y la felicidad de otro hito histórico.

 

 

 

Desmanes

 

Así, para evitar males mayores, el fiscal Lemble aceptó movilizarse junto a la multitud al otro punto destinado al reclamo: el Juzgado de Garantías del doctor Rafael Oleaga.

 

Sin llegar a permitir el avance de la gente sobre la sede judicial, el magistrado aceptó salir de su despacho y seguir los pasos que le marcaba la gente, hasta la Comisaría.

 

Navegando en un sinsentido en el que todos tenían algo para reclamar, pero sin un criterio unificado, la gente volvía a convocarse frente a la seccional de la calle Pringles 66.

 

El fantasma de los desbordes posteriores al caso Nair empezaba a sobrevolar la mente de los funcionarios judiciales y no pocos manifestantes que, en un momento, golpean a Oleaga y lo hacen trastabillar. Nace el descontrol, y la violencia se apodera de la escena. Daños en autos estacionados, algunos volcados y muchas roturas en las calles. La policía finalmente sale a escena y, tras varias horas de enfrentamientos contra desconocidos munidos de piedras y elementos contundentes, se produjo la tan ansiada desconcentración. La jornada estaba sellada, pero eso no iba a quedar así.

 

 

 

Secuestro

 

La respuesta de la Justicia no se hizo esperar. Hubo numerosas detenciones y, finalmente, solo tres personas fueron imputadas en principio de “secuestro agravado”, hasta que finalmente quedaron procesadas por “sustracción coactiva agravada”. La carátula con la que, seis años más tarde, serían condenados a penas de hasta tres años de prisión de ejecución condicional.

 

Ellos fueron Nelson Barroca, Daniel Tarquinus y Juan Urquiaga, quien nunca fue detenido y se mantuvo en la clandestinidad hasta la prescripción de la causa.

 

El volumen de la acusación, que arrancó con un delito de penas previstas en más de 20 años de cárcel, provocó pánico en la sociedad, que veía cómo Barroca, un humilde pintor de obra, pasaba seis años cumpliendo arresto domiciliario por haber tenido la mala idea de ir a una marcha popular, al igual que Tarquinus, un testarudo trabajador del transporte y la mecánica que había caído en la manifestación tras haber mantenido un encendido encuentro con Lemble, a quien le cuestionaba su criterio a la hora de proceder en hechos que él mismo había sufrido.

 

“Había sido estafado por una gestora y yo sostenía que Lemble cobraba coima por protegerla. Después me queman un auto dentro de mi casa y yo lo agarro al tipo adentro, pero me enteré que (el fiscal) le sacó plata y lo dejó en libertad. Justo antes de la marcha, yo había estado en la Fiscalía exigiendo respuestas. Él (por Lemble) tiene que darle respuestas a la gente, no estar lucrando con la desgracia ajena”, fue lo primero que dijo Daniel Tarquinus veinte años después a LA VOZ DEL PUEBLO, cuando se le  preguntó qué es lo primero que recuerda de aquella jornada.

 

El manifestante, que fue condenado y llegó a cumplir siete meses alojado en Villa Floresta por negarse a completar el trámite judicial que bloquearía una eventual causa por falso testimonio sobre algunos testigos que, según él, lo perjudicaron durante la investigación, asegura tener bien claro los motivos por el que la gente se desbordó, “se acumuló un montón de bronca y, como ellos (por los funcionarios judiciales) no te dan respuesta, les da bronca que vayan a reclamar. Me acusaron de ser una persona muy ‘reclamativa’”, comentó.

 

Después de la última gran marcha, Tarquinus se transformó en un kamikaze del Código Penal. Desafió el alcance de la Justicia hasta llegar a cumplir meses en prisión para que el fiscal de juicio, Eduardo Quiroz, cumpla con una supuesta amenaza de imputar por falso testimonio a dos testigos que, según recordó, adujeron no recordar declaraciones que habían perjudicado a Tarquinus durante la instrucción de la causa, “si firmo ese papel ¿qué me van a decir mis nietos en una conversación el día de mañana? ‘Vos sos un cobarde. Te comiste un garrón de declararte culpable de algo que vos no hiciste’ Prefiero ir en cana por porfiado y no por c…”, mencionó y, antes de terminar, cuando se le pregunta si volvería a ir a la marcha ese 28 de junio de 2024, afirmó: “si hay otra, vuelvo a ir. Después de esa marcha se acabaron las marchas, pero van a volver”.

 

 

Desprotegido

 

Al hoy fiscal titular de la UFI N°14 de Bahía Blanca, Marcelo Romero Jardín, lo ocurrido esa tarde 2004 lo empujó a buscar nuevos horizontes para vivir.

 

Proveniente de la Cámara de Apelación de Mar del Plata, había pedido un traslado al Departamento Judicial Bahía Blanca para estar más cerca de su hijo. Lo destinaron a Tres Arroyos.

 

En nuestra ciudad, fue instructor de la causa N°1 que tuvo la primera Fiscalía de Tres Arroyos y también le había tocado investigar el caso Ferretti, hecho que consideró esclarecido en pocas horas y, por consiguiente, un factor ajeno los motivos de la manifestación.

 

“Fue muy triste, yo me sentí desprotegido y terminó siendo uno de los motivos por los cuales decidí irme de Tres Arroyos. Porque aún trabajando bien y esclareciendo el hecho, pasó eso. No  había un motivo por inacción, como puede haber pasado en otros casos”, recordó el funcionario que estaba presente en la Fiscalía al ser consultado por LA VOZ DEL PUEBLO.

 

Después de recordar de manera aleatoria el alcance de ese accionar, “no sé cómo fue la mano, pero eran varias personas, algunos violentos. Llevarse al juez, al fiscal, al medio de la plaza después de destruir como destruyeron gran parte de la ciudad, ver como los manifestantes escupían a la fiscal Verónica Vidal, la insultaban mientras que la policía se encerró en la Comisaría”, fueron hecho que repudia con su recuerdo y, pensando en el desarrollo final de la causa, valoró que, “hubo condenas para los que estuvieron al frente de la marcha. Sirvió el proceso posterior, porque no quedó todo en la nada. Si bien no se pudo identificar a todos los que participaron, se pudo condenar a algunos de los que estaban al frente. Claramente no fue el proceder  una sociedad civilizada”, indicó.

 

Los años que siguieron a 2004 no fueron menos tranquilos. Antes del juicio a los manifestantes, ocurrieron episodios estremecedores, pero la calle no volvió a estallar. Hubo pequeñas marchas, pero ni siquiera el crimen nunca esclarecido de un jubilado, como fue el asesinato de Hugo Camilo López (86) durante un asalto en su casa, hicieron que el reclamo de Justicia sea masivo.

 

¿Acaso la sociedad entendió el límite de las instituciones o tiene miedo de sufrir las consecuencia de ser parte de un exceso general? Con herramientas disuasivas como las redes sociales, hoy sus condenas tienen otras formas, donde muchas veces la empatía se asocia con el olvido y lamentablemente termina reinando la impunidad.