“Maquiavelinas”: BCRA, punto clave de normalización institucional
Por Marcelo Mouhapé Furné
:format(webp):quality(75)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2026/08/bcra.webp)
“Si la miseria del pobre es causada, no por las leyes de la naturaleza, sino por las instituciones, grande es nuestro pecado.” (Charles Darwin)
El empobrecimiento de la población argentina se aceleró cuando Cristina Fernández viuda de Kirchner por la vía legislativa reformó la carta orgánica del Banco Central (BCRA) en 2012. “Adecuar la autoridad monetaria a las necesidades de un gobierno que precisaba no tener límites, llevó a la emisión descontrolada provocando inflación (el impuesto empobrecedor)”.
Pero eso tuvo un acto previo nueve años antes. En segundo plano en una Ley (la Nº 25.780) donde el capítulo que se presentó como principal era el de normalizar el sistema de entidades financieras afectado por el colapso de la convertibilidad, la carta orgánica del Banco Central también se modificó el 27 de agosto de 2003 (día de su sanción). Se promulgó el 8 de septiembre. Poco más de tres meses después de asumir la presidencia de la Nación, Néstor Kirchner. Fue a partir de ese momento que el kirchnerismo gobernante empezó a usar al BCRA como cajero automático.
En marzo de este año, en la Mesa Debate de la Fiesta Provincial del Trigo disertó el economista Martín Redrado. Tan acertada como oportuna (ante lo que ahora surge) fue la decisión del intendente Pablo Garate de traerlo como expositor este año. Porque fue Redrado quien se resistió (hasta donde pudo) a entregar el Banco Central a un gobierno K que lo necesitaba para financiarse.
Recordemos los hechos. A fines de 2009, la entonces presidente quería utilizar 6.569 millones de dólares de las reservas del BCRA para armar el “Fondo del Bicentenario”, creado por Decreto de Necesidad y urgencia (DNU). Ese dinero se destinaría a pagar deudas con acreedores privados y organismos internacionales de crédito y así bajar el índice de riesgo país para obtener nuevos préstamos con intereses menores. El presidente del Banco Central, -Martín Redrado-, se negó a darle ese monto de reservas al Gobierno.
Furiosa, Cristina firmó en enero de 2010 un DNU destituyendo a Redrado por incumplir los deberes de funcionario público. Redrado recurrió a la Justicia. Una jueza dictó una cautelar que suspendía los efectos del DNU y mantenía al presidente del Banco Central en su cargo. Así estuvieron un mes, hasta que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal emitió un fallo avalando el uso de las reservas por parte del gobierno nacional. Ante eso, renunció Redrado. Y Cristina designó en la presidencia del BCRA a Mercedes Marcó del Pont.
Una aclaración sobre Martín Redrado al frente del Banco Central. Lo que le negó a Cristina en 2010 se lo permitió a Néstor Kirchner en diciembre de 2005 cuando se utilizaron 9.810 millones de dólares de reservas para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (el pago fue el 3 de enero de 2006).
Para que no apareciera otro Redrado, la entonces presidente de la Nación logró, -a través de una mayoría legislativa conformada por propios y aliados-, modificar la carta orgánica del BCRA. Subordinó la entidad monetaria a las necesidades de su gestión, facilitando el financiamiento del gasto público con las reservas del Banco Central. Se hizo con la Ley N° 26.739 (aprobada el 22/3/2012).
A partir de ahí, el desastre. Multiplicación del gasto público financiado con el uso de reservas del BCRA y, -como la reforma flexibilizó el uso de “la maquinita”-, la emisión sin control empezó a generar un proceso de acumulación inflacionaria que terminó en el desastre de la irrefrenable suba del costo de vida de 2023 (lo que hizo “presidenciable” a Milei).
Para volver a la normalidad institucional, el presidente Milei anunció el envío al Congreso del proyecto para reformar la carta orgánica del Banco Central. Busca que retorne a su función específica: “la de preservar el valor de nuestra moneda”. Eso ancla la inflación.
La iniciativa también pretende que el BCRA tenga independencia del poder de turno, dándole estabilidad a su presidente. Que no dependa de quien gobierna. Como en Estados Unidos, donde el presidente Trump no lo puede ni ver al titular de la Reserva Federal, pero no puede cambiarlo porque la Ley la hace una institución independiente del poder político.
El proyecto del Gobierno tiene otras cuestiones técnicas, pero lo que le interesa a la población es lo inflacionario. El impuesto general que empobrece y desequilibra la economía diaria.
Es absolutamente cierto que la inflación es un proceso monetario causado por la emisión sin límite (por necesidades políticas). Los números hablan por sí mismos. En 2023, -último año del gobierno anterior y emitiendo a full por el “plan platita”-, la suba del costo de vida anual terminó siendo de 211,4 % (promedio por mes 17,6 %). En los seis primeros meses de 2026 la inflación acumulada es de 16,8 %. Un semestre con Milei en la presidencia suma menos inflación que el promedio mensual del gobierno anterior en su último año.
La desinflación se acentuará a partir de que en el Banco Central se elimine cualquier posibilidad de financiar al estado nacional (directa o indirectamente). Es urgente y necesario que el Congreso apruebe la reforma a su carta orgánica anunciada por Milei. Un BCRA independiente, -no prestamista de políticas irresponsables-, obliga al gobierno de la Nación a ser eficiente. A no gastar más de lo que entra. Como debe ser (como siempre debió ser).
No se puede volver a una Argentina separada del mundo. Un statu quo político institucional adaptado para que quien ejerza la presidencia lo haga sin límites. “Los absolutismos siempre son malos. Y los peores son los democráticos, porque aparentando legalidad limitan controles destruyendo instituciones”.
Vivir aislado en una humanidad globalizada es anacrónico. Pero para encajar en el mundo integrado hay que normalizar todo lo que en gobiernos cerrados se desvirtuó para administrar sin controles. El proyecto del presidente Milei para devolver al Banco Central su rol específico es una bisagra. Un país que vuelve a ser serio tras décadas de haber sido institucionalmente irresponsable. La legislatura nacional debe aprobarlo.
Ya que el Gobierno está con postura reformista, Javier Milei debería avanzar en blindar a la Anses, para que nunca más se utilice su Fondo de Garantía de Sustentabilidad como instrumento de acción o de campaña política.
La cínica ironía del populismo pro elitista: “mientras en 2023 jubilados y pensionados perdían poder adquisitivo por la suba descontrolada de la inflación, con el dinero destinado a ellos el Gobierno financiaba a los pudientes para que compraran electrodomésticos casi regalados”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión