Gustavo Barbieri es juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala I del Departamento Judicial Bahía Blanca. También integra este órgano el juez Pablo Hernán Soumoulou, de Tres Arroyos. En un diálogo con La Voz del Pueblo, Barbieri realizó un análisis del funcionamiento del Poder Judicial de la provincia desde el inicio de la pandemia y consideró que “fuimos dando un servicio muy razonable para lo que se vivió y lo seguimos haciendo”. Citó datos que forman parte del informe de gestión de la Suprema Corte de Justicia. 

Observó que “los primeros que se adaptaron rápidamente por una cuestión de obligación fueron el fuero penal y el de familia”. Mencionó como ejemplo, la necesidad de seguir resolviendo en “cuestiones de violencia doméstica, de género, prohibición de acercamiento”, y recordó que “ante el inicio del aislamiento, el 20 de marzo de 2020, la Corte prorrogó de oficio todas las medidas cautelares dictadas en los expedientes”. El juez puntualizó que “hay distintos fueros a los que tal vez les costó más. El cambio fue grande para todos. En el Poder Judicial constituyó en pasar del expediente físico, cosido, a trabajar en forma digital”. 

No obstante, señaló que “hay escritos que se deben leer igual de papel. Si estoy trabajando en una resolución y necesito ver el expediente electrónico, debería tener dos monitores por ejemplo, es fundamental ir leyendo mientras voy escribiendo. Los sistemas van a coexistir”.

Barbieri afirmó que para cambiar las formas de trabajo se requirió “ciertas inversiones del Estado, con las carencias que tiene, más en un momento de pandemia donde lógicamente los recursos van a salud”. Y agregó que “también fue necesario un esfuerzo económico de quienes trabajan en la Justicia, mejorando servicios de Internet propios y computadoras personales”. 

En su ámbito laboral se desempeñan “cinco secretarios. El colega mío que es el doctor Soumoulou, somos dos jueces de tres porque uno se jubiló. Estoy orgulloso de cómo trabajó el plantel, los empleados; hubo temor, al principio alguna resistencia en ciertos casos, pero se fue superando”. 

Recordó que “en un principio, empezamos a ir todos de manera presencial, porque es complejo funcionar en forma remota en un órgano colegiado. Hasta que uno fue sospechoso de Covid-19, tuvimos que cerrar la Cámara dos días. Después dispusieron que debíamos trabajar por equipos, una semana cada uno”. 

En su evaluación, dejó en claro que “en el podio está todo el sistema de salud, los médicos y el personal. No hay comparación con el resto”. Pero es importante que las instituciones continúen funcionando, de la mejor manera posible. 

Más allá del proceso de adecuación, comentó que “hay lugares que no se han recuperado a partir de la pandemia, personas que siguen sin ir a su trabajo, eso no nos pasó a nosotros”. 

Se están realizando audiencias a distancia con tecnologías de la comunicación y mediante un sistema específico a través de una señal penitenciaria.

“Han habido sentencias, resoluciones, se han hecho juicios orales, también en Tres Arroyos, con separación, ventilación. Estamos viendo qué sedes del Poder Judicial permiten hacer estas actividades”, sostuvo. 

Así como se concretaron juicios presenciales, hubo audiencias y procesos judiciales de manera virtual. 

No es posible llevar adelante juicios por jurado, porque “no se pueden citar a ciudadanos para elegir un jurado de 12 integrantes más un suplente, no es conveniente reunir a tantas personas. En el resto de las prácticas se está trabajando -en algún sentido- con normalidad”. 

Consideró que es posible por “la colaboración de la Defensoría Oficial, la Fiscalía y también del Colegio de Abogados”. Sobre el último aspecto mencionado, indicó que “la Corte hizo acuerdos hace un tiempo con el Colegio de Abogados provincial y todo lo que es notificaciones se efectúa en forma electrónica. Saco una resolución y a los tres minutos están notificadas las partes, hay muchas metodologías nuevas que vinieron para quedarse”. 

Se mostró muy satisfecho porque “la policía ha respondido, con todas las carencias que tiene, de una manera muy buena. Han puesto celulares de ellos para que hagamos las audiencias”. En similares términos, habló del Servicio Penitenciario. “En Bahía Blanca tenemos casi 2000 internos entre las unidades penales de Villa Floresta y de Saavedra. Se suspendieron las salidas transitorias, internos que salían una vez por semana o cada quince días hace meses que no lo pueden hacer. Muchos se tuvieron que quedar encerrados en sus pabellones para evitar los contagios”, expresó. 

Un beneficio de las audiencias virtuales es que disminuyeron mucho los traslados de reclusos, lo que previene contagios de coronavirus, implica un ahorro de tiempo y de recursos económicos. 

En este contexto, se analizaron medidas que permitan la “validación de la documentación y de las personas. Que no se pueda interrumpir una declaración, que otro no le pueda ‘soplar’ lo que tiene que decir. Entonces se busca que declare en una comisaría, en una oficina individual, que lo identifiquen. Es para asegurar la identidad y el contenido de la declaración”.

El juez planteó que “pudimos adaptar lo que teníamos. Y hay mucho por mejorar, la tecnología nos puede seguir ayudando para evolucionar. Se abrieron puertas, se rompieron algunos límites del expediente electrónico”. 

El Poder Judicial de la provincia no tiene autarquía, no define su propio presupuesto. “Los fondos de los que dispone son relativamente escasos”, dijo Barbieri sobre la necesidad de invertir en tecnología. 

“Se depende de otro poder que te dé el dinero y lo deposite. Es un tema en el que se está trabajando desde hace años, una ley de autarquía para que el Poder Judicial maneje su propio presupuesto y que sea acorde”, afirmó. 

Ante esta situación, puso de manifiesto que “son algunas deudas que tiene la democracia”. 

Entre las “carencias históricas”, mencionó “los edificios. Si un día tenemos que volver todos juntos en pandemia, muchas sedes no están preparadas” para guardar distanciamiento y las medidas preventivas del coronavirus.

A modo de conclusión, señaló que “me queda la tranquilidad de que se está trabajando, por supuesto en un contexto de emergencia. Es mucho lo que se puede hacer para avanzar”. 

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La Suprema Corte de Justicia de la provincia dio a conocer el cuarto informe de gestión del Poder Judicial, en el contexto de la pandemia. 

Informó que entre abril y noviembre se efectuaron 19.069.323 trámites judiciales, el 74 % de los realizados en el mismo período de 2019. 

Se registraron, al mismo tiempo, más de 12.172.584 notificaciones y presentaciones electrónicas, el 99,3% de las correspondientes a similar ciclo del año anterior. 

Ingresaron en todas las instancias 502.375 expedientes y se iniciaron en forma completamente digital 238.043 nuevas causas. Entre otros datos, puntualizó que se realizaron 94.576 audiencias y reuniones de trabajo virtuales. Además, comunicó que “se otorgaron 13.400 credenciales de acceso remoto, alcanzando un promedio de 8600 magistrados, funcionarios y agentes judiciales conectados diariamente”. 

Brindó un detalle de sentencias y resoluciones en tribunales, juzgados y en la Suprema Corte, en algunos casos con cifras superiores a 2019. 

Una novedad destacada de 2020, es que en noviembre quedó inaugurado el Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. El informe completo se puede leer en el sitio digital del Poder Judicial de la provincia y en la página web de La Voz del Pueblo. 

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Gustavo Barbieri también fue consultado por La Voz del Pueblo sobre cargos vacantes de jueces en Tres Arroyos, que provisoriamente son reemplazados en forma subrogante. “De seis jueces penales tienen dos en este momento. Por más esfuerzo que hagan quienes están trabajando, es una clara afectación al servicio de justicia”, indicó. 

Esto es así porque están desempeñándose Fabiana Brandolín y Verónica Vidal. El juez que integraba el Tribunal Oral Criminal, Carlos Mazzini, se jubiló; anteriormente lo hizo Alberto Gallardo, quien era juez de Garantías del Joven. Se encuentra de licencia el juez de Garantías Rafael Oleaga, quien afronta un trámite de enjuiciamiento tras una denuncia de la Procuración provincial, por presuntos “maltratos” sobre el personal a su cargo. Y Gabriel Giuliani fue nombrado titular del Juzgado Correccional N°1 de Bahía Blanca. 

“Si un juez actúa en la instrucción de la causa, ya no puede intervenir en el juicio. Obliga a que venga otro juez o se haga en Bahía Blanca. También es complejo porque en Tres Arroyos hay un solo defensor oficial, que es la doctora Laura Pereyra. Si el juicio dura tres o cuatro días, se deja descubierta la Defensoría. Se afecta además a la Fiscalía”, evaluó. 

Por esta razón, dijo que “Tres Arroyos está en una situación bastante compleja. En la Cámara hemos tenido que resolver algunas cuestiones por este motivo”.

Mencionó que “la Corte había formado hace un tiempo un cuerpo de magistrados suplentes. En su momento, estuvo trabajando la doctora María Elena Baquedano. Ahora no tenemos en este Departamento Judicial ese cuerpo con jueces”. 

Para resolver los nombramientos, se dependerá de “una agilización de sectores que necesitan acuerdos, no siempre existen. Los procesos se van dilatando”. 

Es un tema importante en la agenda judicial. “Hay que ver que se hará en el futuro en los órganos que tienen responsabilidad: el Consejo de la Magistratura de la provincia, el Poder Ejecutivo en las designaciones, el Senado en los acuerdos que debe brindar para ir cubriendo”, concluyó.