Con Alfonsín, se vivió una etapa fundacional en la recuperación de la democracia

Opinión

Editorial

La única

28|03|21 10:36 hs.

“No más violencia. No más justicia por propia mano y alejada de la ley. No más prepotencia e intolerancia en la Argentina de hoy. No trataremos con superficialidad o condescendencia a quienes tengan que asumir responsabilidades ante la historia y ante la sociedad” (Discurso del Presidente Alfonsín en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, 5/07/1985)


El maltratado, en términos políticos, siglo XX argentino, comenzó a descansar, aunque no plenamente, recién en sus últimas dos décadas de duración. Golpes de Estado, “planteos militares”, proscripciones de mayorías, violencia política y tensión extrema, marcaron el compás de la vida pública nacional luego del inaugural y tristemente célebre derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, ocurrido el 6 de septiembre de 1930. 

Civiles y militares, por diversas razones, nunca buenas y atendibles, no dudaron en complotarse para derrocar a gobiernos elegidos democráticamente. Aunque en rigor de verdad, solo las elecciones de 1946 y de 1952, se desarrollaron competitivamente, sin impedir la participación de fuerzas o alianzas diversas. En aquellos años, existieron limitaciones a la libertad de prensa, pero las listas de candidatos pudieron presentarse. Las restantes competencias electorales, a pesar de los esfuerzos democráticos posteriores a ser ungidos presidentes de Frondizi e Illia, electos en 1958 y 1963, respectivamente, tuvieron el vicio de la proscripción del peronismo y del exilio de su líder principal. 

No es de extrañar entonces (sin dejar de observar el ámbito internacional de la época y su influencia), que el turbulento período que va de 1930 a 1983, haya terminado con la opción por la lucha armada, que abrazaron algunos sectores minoritarios y en la feroz represión organizada por la junta militar instalada en la Casa Rosada a partir de marzo de 1976. Represión que muto en terrorismo de Estado casi al instante, convirtiendo a nuestro país en un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la ley vigente se fundamenta en un atropello liso y llano del estado de derecho y lo que sustantiva y fácticamente, eso tiene como consecuencia. 

En ese lapso de historia, unos 7 años, la violencia estatal fue llevada hasta los extremos más inhumanos y perversos, con el agregado de un conflicto militar a todas luces inoportuno y descontextualizado, que selló el destino del elenco cívico-militar integrante del denominado, irónicamente, Proceso de Reorganización Nacional. 

La política de Derechos Humanos puede y debe seguir siendo enriquecida


Por esos motivos, en la gestión de Raúl Alfonsín, iniciada en diciembre de 1983, la política de Derechos Humanos no fue un accesorio distractivo, sino lo contrario: el supuesto dinámico de todo lo demás. El radical, fue el primer presidente electo democráticamente que traspasó el mando a un presidente, también electo, de otro partido. La etapa iniciada en 1983, como explican Roberto Gargarella y otros en “Discutir Alfonsín” (Bs. As., Siglo XXI, 2010), con el hito histórico del ascenso al poder del justicialista Carlos Menen en 1989, marca el fin de la transición a la democracia y el comienzo de la consolidación de la misma en nuestro país.

En una Argentina carente de horizontes comunes y con dificultades para establecer acuerdos sobre lo que se hizo mal, sobre lo que se hizo bien y su correlato natural, lo que habría que hacer, la relectura de nuestra historia presente puede aportar algo de claridad a la marea distorsionante que propone el enjambre mediático y de redes. 

Con un resultado dispar en otras áreas como la social y negativo, al menos en el último tramo, en lo económico, la gestión radical aportó una política fundacional para el sostenimiento de la democracia en el país. A partir de esos años se han instalado los derechos humanos y el liberalismo político como lengua franca (lengua común a todos) que persiste y es el basamento del modo actual de pensar la agenda y la interacción política. Dicho de otro modo: esa manera de pensar, esos principios, ese lenguaje, constituyen un aspecto esencial e indiscutible en la sociedad, la cultura y la praxis política del país. 

Esa herencia, resultado de capitalizar una historia turbulenta, coronada con la excepcionalidad violenta y criminal de un proceso que se inició hace 45 años, y que se recordó en estos días de diversas maneras, es quizá la única política de Estado que se ha mantenido y se ha mejorado a lo largo de los últimos cuarenta años. 

Y como tal, puede ser discutida y debatida, sin ser abandonada y sin por ello ser menoscabada en sus fundamentos. A la vez que puede y debe seguir siendo enriquecida. Porque no es patrimonio de nadie en particular, sino del conjunto que habita esta casa grande llamada Argentina. Y de las próximas generaciones, cuyo destino, al igual que el nuestro, es hacer realidad la promesa intacta del Preámbulo. 


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