Juan Francisco Risso

Opinión

Por Juan Francisco Risso

Mi abuelo y las leyes

30|01|22 09:40 hs.

Esta podría ser mi segunda época de escribir sobre Derecho en La Voz del Pueblo. Así empecé.


Las distintas leyes que rigen la vida de la ciudadanía, el cálculo de los distintos impuestos, todo se ha vuelto tan complicado que debemos vivir con el contador al lado. O con el abogado, lo que ya es peor. Y me parece mentira que se viva ignorando un montón de cosas. Afortunadamente los derechos del consumidor vienen a llenar buena parte de ese vacío; enhorabuena.

Sí, mi abuelo. Mi abuelo Luis era de esos hombres que trabajaron desde los nueve años, muchas veces sin sábados ni domingos. Pero pudo crecer en lo de él. Recuerdo que se autotitulaba comerciante, cerealista, y cooperativista a muerte. Fundó la Cooperativa La Pampa; fue su primer gerente muchos años (creo que era la más grande, con un toco de personal); llegó a comprar campo en sociedad con sus hijos y, finalmente, se retiró, para lo cual estrenó un hermoso semipiso en Buenos Aires, Junín y Santa Fe.

Cuando le llegaron las expensas, tomó su lupa y revisó todo. En un par de meses evaluatorios expuso sus quejas al consorcio, echaron al administrador y quedó él como administrador ad honorem hasta normalizar la cosa.

Lo mismo hacía con los balances de La Pampa que infaltablemente le llegaban: lupa y mucha atención (letra chica al abuelo, vamos…). Descubrió algunas fallitas y allí fue a “la asociación”, la Asociación de Cooperativas Argentinas, donde le dieron razón. De palabra. Pero -le dijeron- de intervenir ellos La Pampa se hundía. Y con su clara mentalidad, levantó el caballo y tascó el freno. Y quedó así. Pero no desde la ignorancia. No sé si habría otro socio que leyera los balances con tanto detalle. Y la cooperativa era bien llevada, por lo demás.

Sin duda, usted tendrá su actividad, y le tirará esas cosas al contador. En otros países –desarrollados- un gran estudio jurídico básicamente asesora y negocia. Los pleitos son minoritarios en esos estudios. Pongamos: legislación antimonopólica. Más vale buscarle la vuelta que ponerse a pleitear con el estado, no?

Bien, aquí va mi granito de arena.

El art. 266 del Código Penal reza: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces del monto de la exacción”. Reformado en 1999, la norma incorpora ahora el término “solicitare”. Porque parece que no faltaba quién se escapara buscándole la salida, y el Congreso se la cerró. Fuente: Infoleg. Esa fue y es la idea: no dejar esos hechos como cosa menor.

Y así, si hablamos de “solicitar” o “exigir” se trata entonces de un delito “formal”, que se consuma instantáneamente. “Pagar” o “entregar” exige un resultado, y –ahora sí- admite el grado de tentativa (Villada, “Delitos contra la función pública”; Abeledo Perrot -1999- p. 361).



Al explicar “exacciones ilegales” -o sea el art. 266 CP- el tratadista Jorge Luis Villada dice:

“Hemos dicho que esta metodología de la legislación penal argentina es plausible, pues incluye la expoliación de los particulares mediante abuso de poder, que también es una práctica frecuente derivada y favorecida de la mentalidad arbitraria de nuestros pueblos y sus gobernantes”.

“Exigencias abusivas (no debidas) por parte del Estado (aunque sean encarnadas por un funcionario público) son tan reprochables como otros abusos de poder, aunque en este caso afecten no sólo el patrimonio de las personas, sino además la imagen de la administración misma”.

“Se vulneran las garantías de los ciudadanos y se burla su buena fe. Su creencia en las instituciones”. “Pero ya dijimos que este tipo de crímenes se ven facilitados por la falta de conciencia de la ciudadanía, que casi siempre acepta callada, sumisamente, las disposiciones emanadas de gobiernos que se aprovechan de la ignorancia y pasividad de sus ´sometidos gobernados”. (Villada; “Delitos contra la función pública”; Abeledo Perrot -1999-; pág. 353).

Y uno de los tantos fallos:

“El delito de exacciones ilegales exige que medie abuso de autoridad, sea mediante exigencias o inducción, sufriendo el sujeto pasivo una coacción psicológica que vicie su voluntad” (Cámara Nacional Civil Contencioso-administrativa; sala II; 16-6-92).

Todo esto no lo dice ningún partido opositor, lo dice el Código Penal. Y rige para cualquiera que sea funcionario.

¿Si esto sucede? Sucede, sí. El Código Penal es nacional. Allí donde haya un funcionario público cobrando algo y un ciudadano que debe pagar algo, puede generarse esto. Yo lo he visto. Y no por un momentáneo error: a veces el funcionario manteniéndose en sus trece, con éste y aquel argumento. Si se hallara usted en esa situación, en un aparte le diría al funcionario: “Yo esto no lo pago. Si usted, sr. Funcionario, tiene razón, me pondrán una multa, punitorios o lo que sea, de acuerdo”. Y agregaría: “Pero si yo tengo razón, ud. no sólo afrontará una pena en suspenso, sino también una inhabilitación como funcionario ¿lo ha pensado?” Eso puede aclarar mentes y ubicar a cada quien en su sitio.

El quid de la cuestión está en que vd. pueda probar la actitud del funcionario, para que luego no se le dé vuelta alegando que no solicitó tal suma, sino otra inferior. Problemas probatorios, digamos. Sólo así podrá alegar ante la justicia penal. Pienso en voz alta: si se aviene a pagar quizá los propios recibos sean prueba.

Hablamos de un funcionario que despliega esa conducta en perjuicio del contribuyente y en… “beneficio” de la administración pública. No en beneficio propio ¿por qué lo hace? Quien sabe… a veces una “tradición” de cobrar de ese modo. Agregue una pizca de soberbia, pues sin duda tiene un cuerpo de abogados a disposición, pero se planta en su exclusivo criterio. Pero en Derecho soy medido con los “psicologismos”. Y -llegado el caso- el hilo se cortará por el funcionario que indica el procedimiento, que sabe lo que sucede y que pudo impedirlo. La responsabilidad no sube “automáticamente” al funcionario superior; debe existir un conocimiento. Pero sí hay obligación del superior de denunciar penalmente al tomar conocimiento.

Y aquí se sabrá si ese superior toma distancia e implementa ipso facto todas las medidas, deslindando responsabilidades, o si las cosas toman otro curso. Interesante. Pese a los noticieros de TV, yo creo en las administraciones honestas.

Como sea, esas conductas deben evitarse y, en su caso, sancionarse. Creo que estamos ante una pena severa. Distintas modificaciones la fueron agravando. En fin… que cada quién se banque lo que le toca. Las explicaciones del tratadista Villada (que antes vimos) no son descabelladas, por lo demás. Son ajustadas a la ley, nos ilustran sobre sus motivos. Diría que defienden al ciudadano. Que ponen en su lugar la calidad de ciudadano. Por humilde que sea, y por poco que entienda, y por consiguiente con imposibilidad de discutir la cuestión. Pienso en la persona modesta, con pocas posibilidades de asesorarse, frente al escritorio del funcionario. Y sin posibilidades de dispersarse en estas cosas pues debe afrontar un montón de obligaciones de su actividad específica. Lo mismo pensaron quienes elaboraron el proyecto del art. 266; y que complementaron utilizando el término “solicitare” y luego agregando una multa. Y es posible que al aparecer un caso, surjan más casos que a su hora pasaron de largo.

Un funcionario -decía- tiene obligación de denunciar estos hechos. Yo no. Y preferiría la autodepuración: que el autor tome conciencia de su sinrazón; que se disculpe; que se devuelva lo mal cobrado y –con permiso- que se deje de joder. Si es la primera vez no sé si le cortaría la carrera a un funcionario. No se si hay proporcionalidad. Claro… habría que ver cómo se presentan los hechos, y con esta reflexión quedamos. Señor Jefe de Redacción: en la próxima hablamos de bienes raíces. Un abrazo a todos. 


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