04|02|22 08:58 hs.
Una vecina de nuestra ciudad denunció por “coacción” a las autoridades de la sucursal de Banco Provincia luego que se le impidió el ingreso a las instalaciones para realizar una serie de trámites ya que carecía de pase sanitario.
El hecho fue confirmado a LA VOZ DEL PUEBLO por fuentes de la UFI Nª13, desde donde se indicó que la declaración llegó primero vía email al Ministerio Público y, a su vez, el órgano judicial, le requirió la presencia en el edificio público para que ratifique sus dichos.
La denuncia fue radicada días atrás por la mujer, a quién se le recepcionó el testimonio, aunque más allá del inicio de las actuaciones judiciales, aún está en duda si la decisión es competencia de la Justicia ordinaria o la Federal.
“Por el momento se le pidió que ratifique los dichos denunciados por email, aunque también resta definir la competencia”, deslizó una fuente judicial al respecto.
En ese sentido existe un antecedente similar en Bahía Blanca acerca del cual se refirió oportunamente el Fiscal General, doctor Juan Pablo Fernández, durante una entrevista en el portal La Brújula, en la que sostuvo que las entidades que exijan pase sanitario “no están cometiendo delito”.
El Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca aclaró que la Justicia no le dará curso a las denuncias que se hayan realizado o se puedan realizar en relación con el pedido del pase sanitario en entidades crediticias, comercios e instituciones, ya que lo están solicitando en cumplimiento con la norma que en ese sentido dictó el Gobierno provincial y no está configurado delito alguno.
“Por ejemplo bancos han pedido el pase Covid o pase sanitario para permitir acceder a los inmuebles para ser atendidos. Frente a la denuncia de esto queremos aclarar que no hay allí un delito de acción pública, con lo cual no tenemos que intervenir nosotros porque no hay ningún delito”, afirmó Juan Pablo Fernández al ser consultado al respecto.
“Las entidades o comercios lo hacen en cumplimiento de una norma administrativa que se presume en principio legítima, más allá de lo reprochable que pueda llegar a ser en su constitucionalidad. Lo que no se le puede atribuir un delito a la entidad o comercio porque lo hace en cumplimiento de una norma”, agregó.
El jefe de los fiscales del Departamento Judicial al que pertenece Tres Arroyos, aclaró que “no todo choque de derechos es un problema penal”.
“Siempre hay colisión de derechos en dos partes que van a litigar. En todo caso lo que tiene que hacer aquella persona que se sienta vulnerada en sus derechos, es acudir por la vía correspondiente, pero no es la fiscalía ni el fuero penal el que va a resolver todos los problemas de la sociedad”, señaló.