(Agostina Alonso)

La Ciudad

A 47 años del golpe cívico-militar

Movilización y acto en la Plaza de la Memoria: leyeron un documento

24|03|23 20:21 hs.

El acto central en el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia dejó testimonios y reflexiones a 47 años del inicio de la dictadura cívico-militar, en una etapa en la que se van a cumplir también 40 años desde la recuperación de la democracia.


La Plaza de la Memoria fue el lugar del encuentro, como es habitual, tras una marcha que se inició en la Plaza San Martín y recorrió la avenida que lleva el nombre del Libertador. Hubo reflexiones, música con Sergio Troiano y Encuentro Indígena plantó un árbol.

Andrea Elgart, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, regional Tres Arroyos, compartió parte de un texto de la periodista, escritora y docente Josefina Giglio, hija de desaparecidos, realizado para la Universidad Nacional de San Martín. Giglio deja en claro que la memoria es un trabajo colectivo y “cada voz cuenta, vale”; en el escrito, subraya que “se debe accionar políticamente, provocar y provocarse memoria. La memoria no debe ser sólo de las víctimas, porque así se reduce, se limita, se atomiza, se diluye, termina siendo algo que le pasó a otros. Que no construye trama, ni repone el sentido de lo sucedido”.

Galería de Imagenes

(Agostina Alonso)



El documento

Brindamos a continuación el texto completo del documento de la APDH, con la adhesión de diversas organizaciones como nodo local de Red por la Identidad, Suteba, Ni Una Menos, Encuentro Indígena; así como del bloque de concejales de Todos y la presidencia del Concejo Deliberante, entre otros.

Indica lo siguiente: 

A 47 años del golpe genocida, volvemos a marchar para recordar 30.000 luchas, y hoy más que nunca, para enfrentamos a sectores que, a casi 40 años de haberla recuperado, pretenden instalar el odio en nuestra democracia.

Llegamos marchando junto a sindicatos, agrupaciones estudiantiles, sociales, políticas y culturales, con organizaciones del campo popular, con colectivos de mujeres y diversidades, con muchas familias que cada año vienen a la Plaza, con muchas personas que cada 24 de marzo nos reunimos para fortalecer la memoria y, sobre todo, para gritar: ¡PRESENTES! 

Cada Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia nos movilizamos en todo el país. Siempre dijimos, y así ha quedado demostrado ante la historia, que la dictadura dañó a toda la sociedad: a miles de familias con las desapariciones forzadas y a todo el pueblo con la miseria planificada y sus consecuencias. Ese 24 de marzo de 1976 los militares fueron el brazo ejecutor de un golpe de las corporaciones nacionales y extranjeras. El horror se desplegó para perseguir y destruir toda resistencia. Más de 750 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, desapariciones forzadas, asesinatos, vuelos de la muerte, apropiaciones de bebés, delitos sexuales, encarcelamientos, robo de bienes... El miedo, instalado en las fábricas militarizadas -como nos contó ayer la ex presa política tresarroyense Carmen Miranda, secuestrada en Astilleros Río Santiago - y en la feroz persecución a sus comisiones internas, contaba con la propaganda de la prensa de las corporaciones, que a las masacres las llamaba enfrentamientos, mientras que a los delitos de lesa humanidad les garantizaba el silencio.

El Plan Cóndor criminal de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina invadió la región bajo órdenes de las embajadas de Estados Unidos. Una cúpula de la Iglesia que, cuando no era parte del terror, elegía ser parte del silencio. Una Triple A que precedió al golpe, anticipando lo que iba a ser.

Se utilizó el terror para disciplinar al pueblo: 30.000 personas detenidas desaparecidas, 10.000 presas y presos políticos y miles de exiliados. Hoy y siempre reivindicamos todas las luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad.

Quienes están en las fotos de las pancartas son quienes recordamos hoy y siempre. Son nuestros familiares, nuestros compañeros y compañeras. Son a quienes extrañamos, reivindicamos y, en su mayoría, seguimos buscando, porque 47 años después del golpe miles y miles de cuerpos siguen desaparecidos. Los pactos de silencio nos siguen impidiendo saber dónde están y también que cientos de personas nacidas en cautiverio en los centros clandestinos conozcan su identidad.

Durante la dictadura genocida la deuda externa creció más de un 300%. Los que se beneficiaron con esta política fueron los principales grupos económicos a los que se les estatizó su deuda privada y que, además, se vieron favorecidos en las décadas siguientes por las presiones del Fondo Monetario Internacional para que los sucesivos gobiernos avanzaran en la flexibilización laboral, el achicamiento del Estado y la destrucción de la salud y la educación pública. Estos empresarios, responsables también del genocidio, condenaron a nuestro pueblo a la pobreza y al hambre por generaciones, e incluso en muchos casos, participaron directamente en secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos. Tras cuatro décadas de democracia, los mismos grupos siguen causando el mismo hambre. Impunes de su responsabilidad de ayer y de hoy gracias a la misma corporación judicial.

Llevamos más de dos generaciones que no conocen a los sectores civiles golpeando las puertas de los cuarteles, ni las irrupciones violentas de las Fuerzas Armadas derrocando gobiernos democráticos. Las embestidas militares de los 80 y 90 fueron frenadas con la movilización popular, aunque con algunos retrocesos importantes.

El acuerdo de la mayoría de la sociedad argentina para defender la democracia no fue sencillo de sostener. La reconstrucción del entramado económico, social, cultural y político destruido por la dictadura cívico-militar ha recorrido un complicado y largo camino, ya que los sectores de privilegio, los grupos económicos y la derecha antidemocrática han logrado concentrar recursos para condicionar cada avance de la sociedad democrática y popular, utilizando los golpes de mercado, la hiperinflación, el endeudamiento, la fuga de capitales y han debilitado las estructuras del Estado, permitiendo la enajenación de nuestras empresas y recursos naturales sin ningún beneficio para las clases populares.

A poco del retorno de la democracia, en 1985 pudimos juzgar a los jerarcas de la dictadura en el Juicio a las Juntas, pero luego, por las presiones de los genocidas, se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Un lustro después, los indultos a los comandantes condenados fueron un duro golpe y retroceso: el propio Estado democrático promovía el olvido institucional de sus crímenes.

Años más tarde, los Juicios por la Verdad resultaron trascendentales ante la imposibilidad del avance por el camino punitivo. Y a partir de 2005, con la anulación de las leyes de impunidad, y del año siguiente, cuando el Estado argentino pidió perdón por los delitos atroces de la dictadura, pudimos decir que logramos profundizar la democracia.

En Tres Arroyos, no podemos dejar de visibilizar el enorme logro que implica que se sustancie en Bahía Blanca la llamada Mega Causa Zona 5, donde entre otros hechos ocurridos en esta ciudad, se ha ventilado el operativo militar conjunto llevado a cabo entre el 14 y el 15 de septiembre de 1976, a cargo de Osvaldo Bernardino Paez -uno de los imputados en el juicio—, en el que se hicieron requisas, allanamientos y detención de personas. 30 personas fueron secuestradas, llevadas al Palacio Municipal., cuyo Salón Blanco ha sido destacado como sitio de Memoria, y luego a la comisaría local. Varias de las víctimas de la llamada Operación Trigo han tenido la oportunidad de contar lo ocurrido ante la justicia, por primera vez.

A pesar de los retrocesos, el fortalecimiento e institucionalización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia ha sido un avance enorme para nuestro pueblo. Constituye uno de los principios de legitimidad de esta democracia que supimos conseguir, hasta hoy la más larga de nuestra historia como nación.

En estos años, además, hemos conquistado nuevos derechos para los sectores populares. Particularmente, destacamos la ampliación de los derechos civiles para la comunidad LGBTQ+ con la ley de matrimonio igualitario, la documentación no binaria y las leyes de cupo trans. Las intensas luchas de las mujeres que han logrado la visibilización de las violencias, y el avance en las políticas públicas que permitieron la promulgación de las leyes de Educación Sexual Integral y de Interrupción voluntaria del embarazo, y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. 

Donde hay una necesidad hay un derecho. No queremos una democracia administrada por el FMI. El endeudamiento feroz que contrajo el gobierno de Mauricio Macri volvió a condicionar la política económica de manera contraria a los intereses populares. El aumento de la pobreza y de la indigencia de amplias franjas de la población debilitan también la vida democrática.

En esta coyuntura de demandas sociales complejas, es preciso defender lo logrado y recuperar las mejores condiciones de vida de nuestro pueblo. Conquistar nuevos derechos laborales, económicos, sociales, culturales para las mujeres, para las niñeces, para la juventud, para las personas adultas mayores, para las diversidades y disidencias, para nuestros pueblos originarios.

La única lucha que se pierde es la que se abandona, por eso seguiremos en las calles, en las aulas, en los lugares de trabajo, con la palabra y la acción, con el voto, con organización popular para no permitir que nos roben el sueño de una patria justa, solidaria y feliz como la que querían quienes fueron parte de 30.000 luchas que llevamos como bandera.

País que olvida, país que repite la historia. No olvidemos: las políticas de Estado marcan el rumbo de un país, son las que garantizan u obstaculizan procesos democráticos, de justicia e inclusión social. Vamos a cumplir 40 años de democracia. Hay que seguir sosteniéndose a ultranza y combatiendo las amenazas que se ciernen sobre ella. Allí están los discursos de odio promovidos y alimentados por sectores antidemocráticos de la oposición, o el lawfare, ese sistema mafioso que surge del entramado de la corporación judicial y los medios concentrados, que persiguió y encarceló a líderes y dirigentes populares y hoy sigue generando prácticas donde la forma de dirimir diferencias es con la eliminación del otro.

Por eso, a pesar de todos los obstáculos para la consolidación de la democracia, reafirmamos nuestro compromiso con este sistema a favor de los intereses populares, ampliando y defendiendo derechos de los embates de quienes pretenden vulnerarlos.

Una vez más, decimos: no al silencio y la indiferencia frente a los signos que denotan acciones en contra de la democracia.

Una de las mayores deudas de la democracia es la erradicación de la violencia institucional. Nos preocupa profundamente la repetición de casos cometidos a lo largo y ancho de nuestro país. Sigue siendo urgente que se terminen estas prácticas contrarias a un estado de derecho: violencia policial y de otras Fuerzas tanto nacionales como provinciales, abuso de autoridad, criminalización de la pobreza, condiciones inhumanas en lugares de detención, causas armadas de las que son víctimas principalmente los sectores populares.

Volvemos a decir que nos oponemos al uso de las armas Taser, que son picanas portátiles y pueden llegar a ser letales. Son calificadas por organismos internacionales como elementos de tortura. 

La picana es incompatible con la democracia.

La violencia institucional no es la solución a la inseguridad: la respuesta es siempre la inclusión en derechos, principalmente de los más fundamentales. Necesitamos implementar una seguridad que sea el instrumento para la plena vigencia de los derechos humanos. Es fundamental impulsar reformas legislativas para desnaturalizar las prácticas violentas del Estado y evitar que la historia se repita.

Como hacemos cada año desde 2016, denunciamos la existencia de presas y presos políticos en nuestro país. La más emblemática de ellas, Milagro Sala, quien junto con otras compañeras de la Tupac, lleva ya siete años detenida injustamente en la provincia de Jujuy. Frente al agravamiento de su estado de salud, y agotadas las instancias judiciales, reclamamos al Presidente de la Nación que resuelva la libertad para Milagro Sala sin haber recibido, al día de hoy, una respuesta a nuestro reclamo.

Vamos a seguir cuidando esta democracia en la Argentina y en toda la Patria Grande, siempre, porque cuando lo hacemos estamos honrando la memoria de quienes lucharon por una Patria libre, justa y solidaria; porque cuando lo hacemos reclamamos que se terminen las prácticas y discursos de odio y negacionismo, como llamar “curro” a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia; porque ya salimos del silencio y porque queremos que el Nunca Más sea una realidad.   

A 47 años del golpe genocida, construyamos una Patria para el pueblo. Con Memoria, con Verdad y con Justicia. Siempre. Lo repetimos acá, en esta Plaza, ¡SON 30.000 Y ESTÁN PRESENTES!

Restitución de la identidad de las nietas y nietos

Libertad a las presas políticas y los presos políticos

Juicio y castigo a los genocidas y a todos los partícipes civiles

¡NUNCA MÁS EL SILENCIO!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDAS-DESAPARECIDAS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

Graciela Olga Barcala 

Dalmiro Tomas Yebra 

Sonia Mabel Rossi 

Domingo Menna 

Raquel Rina Menna 

Nora Inés Vacca 

Marcelo Daniel Rodríguez 

Dardo Manuel Cabo 

Carlos Alberto Rivada 

María Beatriz Loperena 

Leonardo Amador Montesinos 

Leticia Noemí Di Paolo 

Alicia Silvia Chuburu

Cesar Antonio Giordano

José Antonio Garza

Virginia Isabel Cazalas 

María Sedeni Bonasorte

Arturo Oscar Bonasorte 

Juan Héctor Prigione

Armando Ángel Prigione

María Mercedes Correa

Jorge Horacio Foulkes

Armando Fioritti

Daniel Reinaldo Medina 

Eduardo Luis Ricci

Aníbal Delfor Onzari

Norberto Ulises Rodríguez Alvarez 




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