El viernes y sábado se inició el Programa de Formación Continua en Discapacidad y Salud Mental, organizado por la presidencia del Concejo Deliberante y la ONG + Inclusivos. Esta actividad se denomina “Discapacidad, Familia, Derecho y Sociedad” y el primer profesional que intervino es Hugo Fiamberti, licenciado en Trabajo Social con una amplia experiencia en estos temas, que actualmente se desempeña en el municipio de Avellaneda.

El Modelo Social de la Discapacidad nació a fines de la década del ’60 en el Reino Unido, como consecuencia de “una lucha de movimientos de personas con discapacidad que pugnaban por una vida independiente”.

Son organizaciones y activistas políticos que provocaron una decisión relevante de Naciones Unidas: la sanción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y que entró en vigencia en 2008. A nivel nacional, se ve reflejada en la ley 26.378. Sostuvo que “una de las necesidades que manifestaban con respecto al colectivo, es que no había derechos establecidos y escritos, como por ejemplo que una persona con discapacidad pueda tener pareja e hijos cuando quiera. Un montón de leyes lo impedían, sobre todo a las personas con discapacidad intelectual”.

Los movimientos mencionados impulsaron el Modelo Social. “Nos lleva a pensar y repensar que la discapacidad es un producto social. De acuerdo a como construimos la vida, los vínculos, los espacios donde vivimos, absolutamente todo, estamos discapacitándolo. No se niega en la misma Convención que la persona con discapacidad obviamente tiene una cuestión funcional para poder desarrollarse autónomamente, impacta en los cuerpos no hay duda, pero no existiría como se entiende ahora si no hubiera ningún tipo de barreras”, argumentó Fiamberti.

En consecuencia, “debemos repensarnos nosotros como contexto”. Emerge ante el denominado “Modelo Médico”, cuyo enfoque es muy diferente. Afirmó que “no es un problema con los médicos. Pero a partir de lo que expresa tal modelo, aún hoy todavía en muchos ámbitos a lo largo del país y del mundo, se sigue poniendo el énfasis en la necesidad de un diagnóstico. Muchas veces se pide el diagnóstico en las escuelas sin ni siquiera conocer el nombre y apellido de una persona”. En este sentido, subrayó que “las personas no somos diagnósticos. Pesa mucho en quienes tienen cualquier tipo de discapacidad”. Se trata de una concepción individual, que se circunscribe a relacionar las dificultades de las personas con discapacidad con un impedimento físico, sensorial o intelectual.

 Fiamberti puso de manifiesto que “hay una tensión entre el Modelo Médico hegemónico y el Modelo Social. Ese conflicto, en realidad lo tenemos cada uno de nosotros”.

Esto sucede así porque “hemos nacido, nos formamos y desarrollamos desde el modelo médico. Aún hoy me siento frente a una persona con discapacidad intelectual y automáticamente estoy pensando si me va a entender o no; no deja de llamarse prejuicio y eso que trabajo en este tema”.

 Además de tener derechos, debemos poder ejercerlos. La Convención “obliga a los estados a cumplir la normativa. El artículo 4 incluye obligaciones generales y el 12 habla de la capacidad jurídica, es central. Entre otras cuestiones, dice que los derechos deben ejercerse y si no se pueden ejercer de manera autónoma, hay que generar un sistema de apoyos para la toma de decisiones”.

El licenciado en Trabajo Social puntualizó que “se deben facilitar dispositivos para que la decisión la tome la persona con discapacidad, no su apoyo”.

 Calificó el Modelo Social como “fundamental” y dijo que “nos obliga a revisar en cada uno de nosotros las costumbres establecidas, las prácticas que llevamos adelante”.

Para resolver los inconvenientes y avanzar con legitimidad, se requiere “la participación de las personas con discapacidad, no hay otra forma”. El artículo 4 de la Convención menciona que “en el diseño, la ejecución y el monitoreo de toda política pública las personas con discapacidad deben estar presentes”.

En este marco, Fiamberti recordó que “cuando se sancionó finalmente en 2006 la Convención en Naciones Unidas, todos los movimientos que trabajaron cerraron ese proceso con un lema: ‘Todo con nosotros, nada sin nosotros’”.

En su análisis, reflexionó que “uno a veces para saber si está en el camino correcto, tiene que retrotraerse en el trayecto recorrido. Si retrocedemos 30 años, antes de la Convención sancionada hace ya 17 años, hubo muchos logros. Si bien no todos los que deseamos”.

Entre ellos mencionó la reforma del Código Civil y Comercial realizada en 2015. “A las personas que eran declaradas insanas se les nombraba un curador ¡qué dicotomía! -exclamó-. Eso implicaba que una persona tutelaba todos los derechos de quien tenía una discapacidad, le manejaba los fondos, le vendía las propiedades, lo encerraba en un neuropsiquiátrico. A partir de la reforma del 2015, un juez o jueza debe restringir la capacidad y le nombra un apoyo, que tiene que trabajar con la persona para alcanzar un mayor grado de autonomía en esa capacidad restringida”. Al respecto, agregó que “el otro cambio es que la persona, cuando el juez le indica que va a nombrar un apoyo, tiene la libertad de aceptar o no a quien en principio se va a designar. Posee libertad de elegir, antes no ocurría”. 

Del mismo modo, valoró la ley nacional de salud mental, “más allá de las discusiones que hay en el último tiempo”, así como consideró importante que en todas las provincias hay direcciones o secretarías de discapacidad, al igual que el 90 por ciento de los municipios disponen de áreas específicas.

También hay “un montón de deudas”, sobre lo cual planteó: “A mi criterio, uno de los mayores problemas está con las prestaciones de salud. Con las obras sociales, la falta de profesionales, son pocos los que cumplen y muchos los que esquivan. Hablo del efector de salud, de aquellos que están obligados. Si las personas con una situación laboral complicada o de pobreza tienen un chico con un Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Estado no tiene nada para ofrecer”.

Compartió en la entrevista su experiencia en el municipio de Avellaneda. “En el mes de octubre creamos un programa de detección, diagnóstico y tratamiento de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista y otros trastornos del neurodesarrollo. Está dirigido para quienes no tienen obra social”, mencionó.

En solo siete meses alcanzaron a 138 familias. “Más de 30 tenían obra social y no sabían cómo dar el alta, los orientamos, estoy hablando de gente en situación de pobreza, Avellaneda tiene 400.000 habitantes, con villas muy fuertes”, precisó Fiamberti.

Conformaron un equipo amplio con “dos pediatras, nutricionista, fonoaudióloga, dos psicólogas, una terapista ocupacional, una estimuladora temprana, la trabajadora social y un musicoterapeuta”.

De las restantes cien familias, “aproximadamente 40 no tienen TEA, y los envían con diagnóstico de TEA. Lo que tienen es trastorno del lenguaje, hay que trabajar otra cosa. De los demás, 30 están en etapa de tratamiento, estamos llegando al tope de nuestra capacidad. Se evalúa agrandar las instalaciones, darle más horas a los profesionales”.

Más allá de los conceptos, que son centrales, mencionó que el objetivo es “instalar en la política pública dispositivos, metodologías, compartir experiencias para poder llegar más y mejor a la gente teniendo en cuenta las particularidades de Tres Arroyos, que es muy distinto a lo que vivimos en Gran Buenos Aires. Pero, en definitiva, las personas con discapacidad están atravesadas por muchas cosas”.

Puso el foco en “la práctica que se lleva a cabo en el consultorio, en un ONG, en el mismo Estado, si es inclusiva o no. A partir de los conceptos, ver dónde los puedo aplicar y cómo hacerlo”.

Contó que en Avellaneda, el equipo interdisciplinario realiza reuniones semanales, en una tarea que se basa en urgencias y prioridades. Finalmente, dijo que un aspecto relevante es pensar “¿qué puede hacer un municipio? ¿cuáles son sus obligaciones? Porque no todo es su obligación, pero sí puede dar acompañamiento para que las personas resuelvan un problema. Al primer lugar al que concurre el vecino es a la Municipalidad, es algo que pasa en todos lados”.

Lo que implica la accesibilidad 

Al hacer referencia a la accesibilidad, Hugo Fiamberti observó que “es mucho más que la rampa. Convengamos que por parte de las personas con movilidad reducida ha sido una lucha y hoy por hoy, en todas las ciudades uno llega a las esquinas y encuentra rampas”. Marcó además que “en muchos lugares, no estoy hablando de Tres Arroyos, a veces no la construyen los que deben hacerlo, con las características necesarias. Esto sucede porque no se les dio participación a personas con discapacidad, vale como ejemplo para cualquier política pública”.

De igual manera, indicó que “habría que trabajar la señalética para ciegos; con las personas sordas, la interpretación de lengua de señas en los ámbitos públicos, en espectáculos. En cuestiones de seguridad, si hay que evacuar un edificio hay sistemas lumínicos para avisar a una persona que es sorda que tiene que dejar el lugar”.

Se refirió además a los pictogramas para personas con Trastornos del Espectro Autista. “En Avellaneda empezamos a instalar en espacios públicos, teatros, centros municipales, encuentros deportivos, para facilitar la comunicación”, puntualizó. 

Hugo Fiamberti es licenciado en Trabajo Social (UBA,1984); operador comunitario con especialización en terapia y violencia familiar. En su extensa trayectoria, se incluye la labor como asesor técnico en el Senado y en Diputados; integrante de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento; director de la Diplomatura en Política y Gestión de la Discapacidad en el Instituto Universitario del Gran Rosario.

También se desempeñó en la cátedra libre “Diseño Universal e Inclusión” de la Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes-Chaco); ha sido consultor de un programa de Unicef-Fundación IPNA.

Realizó numerosos cursos en discapacidad y brindó más de 400 conferencias. Es autor del libro “Los derechos de las personas con discapacidad”, editado por Eudeba.

Actualmente aporta sus conocimientos en el municipio de Avellaneda, entre otros antecedentes e intervenciones profesionales.

Mucho más que datos 

“Los resultados definitivos del último censo todavía no están disponibles, pero hay un 12,5 por ciento de personas con discapacidad”, señaló Hugo Fiamberti.

En consecuencia, en Argentina “son más de cinco millones de personas con al menos una discapacidad. Prevalecen la discapacidad intelectual y motriz”.

De esa cantidad, “solamente 33 o 34 por ciento tiene el Certificado Unico de Discapacidad. Es prioritario que las personas con discapacidad puedan tener esta documentación, si así lo desean, Para acceder a los derechos sí o sí es necesario poseerlo. Debemos implementar dispositivos y medidas para reducir el tiempo de espera en la entrega”.