Más de 40 días pasaron del primer aviso que les dio la policía.

Fue el 19 de agosto cuando, después de tres allanamientos en Orense donde secuestraron plantas de cannabis y marihuana picada para ser consumida, además de dos carabinas sin la debida documentación; cuando el personal de la Subestación de la delegación tresarroyense terminó de preparar los elementos con los que, en la tarde del sábado, finalmente capturó a los primeros dos acusados de una causa por “comercialización de estupefacientes”.

Se trata de Pablo Arias, de 39 años y con domicilio en Tres Arroyos, y Gonzalo Mendiburu, de 22 y residente en Orense, los dos primeros detenidos en una causa iniciada por el oficial principal Juan Noguera, titular de la dependencia orensana, hace cuatro meses cuando notó que en su jurisdicción había movimientos sospechosos, similares al de los delitos comercialización de drogas.

La primera medida fue tomada en agosto, cuando se registró el resultado citado arriba y se incautaron teléfonos celulares, cuyas pericias arrojaron información clave para que la UFI °13, a cargo del doctor Facundo Lemble, solicite una orden de detención para Mendiburu.

Tal como informaron fuentes policiales a LA VOZ DEL PUEBLO, de los seguimientos posteriores a Arias, se determinó que, en su almacén ubicado en la intersección de las calles Entre Ríos y 20 de Abril, existían movimientos sospechosos hasta altas horas de la noche.

El sábado, cuando se practicó el registro domiciliario, fue el punto donde se incautaron los 20 gramos de cocaína que, se presume, estaban destinados a la comercialización al menudeo.

De esta manera, y según se informó de manera oficial, también se incautó cocaína, marihuana, teléfonos celulares, libretas con apuntes y números de teléfono, balanzas de precisión y envoltorios para fraccionar la droga.

Tras eso, los detenidos quedaron alojados en los calabozos de la Comisaría tresarroyense a la espera de prestar declaración ante el fiscal de la UFI N°13, en turno, quien estaba previsto que cumpla con la diligencia judicial que prevé el artículo 308 del Código Penal.