“Hay que legislar sobre eso porque al no estar vigente la resolución provincial el municipio es el que debe determinar las zonas”, opinó la concejala Mercedes Moreno en declaraciones hechas a LA VOZ DEL PUEBLO. 

La legisladora municipal del Frente para la Victoria/PJ explicó que “un avance sería determinar zonas de exclusión y amortiguamiento a nivel local, y las escuelas rurales tienen que ser zonas de exclusión”. Indicó además que en la reunión mantenida a comienzos de mes en el Concejo Deliberante con el secretario de Gestión Ambiental y la fiscalizadora bonaerense, Lorena Ceriani, el funcionario municipal mostró un mapa con las zonas donde deberían demarcarse las zonas de exclusión y amortiguamiento. 

Explicó entonces que “pensábamos que con la resolución provincial se supliría el vacío por la falta de una ley provincial. Pero Tres Arroyos necesita su ordenanza para determinar sus zonas de exclusión y amortiguamiento”, aseguró.    

De todas maneras si bien el distrito necesita de una ordenanza, por el momento no se presentó ningún proyecto para conseguirla. En este sentido Moreno dijo que “no hay proyectos presentados, pero para este jueves en la primera reunión de la comisión de Acción Social, es el tema que vamos a tocar, Y están citados el secretario de Gestión Ambiental, Ricardo D’Annunzio y la responsable local del Ministerio de Agroindustria, que es la ingeniera Lorena Ceriani”. 

Dijo sobre el encuentro anterior con ellos que “cuando vinieron la primera vez estaba la resolución vigente, pero ahora no. Por eso queremos aunar criterios para avanzar en ese sentido como por ejemplo convertir en una ordenanza el mapa que mostró D’Annunzio”.  

Ante la necesidad de poder ampliar esas zonas, consideró que “si es necesario se convocará a expertos”. Y en cuando al consenso –o no- político para aprobar una ordenanza que regule la aplicación de plaguicidas, 

Moreno fue contundente al afirmar que hay acuerdo en el interbloque, pero que desconoce la opinión de los otros bloques. “Pero la cuestión social es emblemática por el tema de las escuelas rurales, me parece que no hay mucha discusión”, afirmó. 

En cuanto a la suspensión de la resolución de 2018, dijo Moreno que “especulábamos con que se iba a dar porque era absolutamente regresiva en contra de todos los avances que se habían hecho en relación al uso de los agroquímicos”. Y agregó que “fundamentalmente porque permitía en estas zonas el uso de agroquímicos, por ejemplo, en los alrededores de una escuela rural”. 

Irónicamente apuntó que la medida suspendida para evitar una aplicación en adyacencias de establecimientos educativos “lo único que tenía como condición era que los alumnos fueran a clases, pero esto implica que hasta las 8 menos cinco pueden estar fumigando al lado de una escuela sin ningún tipo de reparo”. 

Asimismo afirmó que “hubo una gran movida de municipios, gremios, educación, las cooperadoras de las escuelas y grupos ambientalistas, expresándose en contra en esta resolución, y por eso hace una semana la resolución fue suspendida”. 

Sobre el cierre destacó que “es importante poner en situación que en muchos municipios y la suspensión de la resolución nos pone en carrera para tratar de legislar localmente”.