El uso de agroquímicos generó una fuerte polémica en Pergamino a raíz de las denuncias de vecinos de tres barrios de esa localidad bonaerense que advirtieron por graves problemas de salud en niños y adultos como consecuencia de años de fumigación próxima a sus viviendas.
A partir de este hecho, y luego de que especialistas de Conicet e INTA Balcarce analizaran muestras de agua de la zona y determinaran la presencia de plaguicidas dañinos para la salud, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás ordenó la suspensión de la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean a esos tres barrios.
Además, indicó que para las zonas adyacentes a los barrios involucrados, y fuera de los campos donde se restringió la fumigación, se establezca una zona de aplicación a no menos de 600 metros de distancia del ejido urbano. Hasta ahora era de 100 metros por ordenanza.
«Se dispondrá la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres que contenga glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo», remarcó el fallo.
No obstante, la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, que también realizó estudios sobre esas muestras en el agua, determinó en un informe técnico que la presencia de agrotóxicos está por debajo de los parámetros que se consideran riesgosos para la salud.
A raíz de estos resultados dispares, se encomendaron nuevos estudios a la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación que, según se indica en el fallo, comunicó que sus tareas están en desarrollo y todavía no hay resultados.
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás que suspendió el uso de pesticidas, exhortó además al Municipio a que de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable.
Sin embargo, el intendente local, Javier Martínez (Cambiemos) sostuvo que «el agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios» en base al estudio de la Autoridad del Agua y juró que en su vivienda toma «agua de la canilla».
Las denunciantes conformaron la agrupación Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, que empezó a activar denuncias y protestas en la ciudad y el 21 de marzo pasado reclamaron ante el Municipio y la Justicia que se declare la emergencia sanitaria. Menos de 15 días después, Villafuerte Ruzo firmó el fallo.
Las denunciantes celebraron el fallo del juez, pero aseguraron que viven en una comunidad que evita el tema o que incluso lo tapa, al tiempo que aseguraron que recibieron amenazas y que nadie habla de los 48 casos de cáncer que hay en un solo barrio.
En declaraciones televisivas, el jefe comunal dijo que los médicos de la salita del barrio declararon ante el juez y que no existe evidencia sobre esa cantidad de casos. No obstante, se mostró a favor del fallo y de «todo lo que sea para proteger la salud de los vecinos».
«Estamos viendo cómo superamos una problemática que existe hace mucho tiempo», dijo el alcalde. No obstante, las vecinas salieron a cruzarlo al afirmar que pese a estar al tanto del tema «tiene una postura en detrimento de la salud de nuestros hijos».
Sabrina Ortiz, del barrio Villa Alicia, contó a los medios que tanto ella como su familia tiene problemas en la piel y respiratorios.
La mujer sostuvo que sus hijos tienen diez veces más de glifosato en sangre que lo que tolera el organismo humano. «El tolerado es 0,01. Y mi hija tiene 9,20 y mi hijo 10,20. Es una enormidad tremenda. Ese índice no baja, es poco lo que el cuerpo puede metabolizar», aseguró.
Las vecinas también expusieron el caso de Isaías, de 3 años, quien cada vez que se fumiga el campo lindero a su casa, se brota. «Tanto en el agua de red como en los pozos domiciliarios se encontraron agrotóxicos. Que el intendente no diga que toma agua de la canilla porque es mentira», enfatizó Ortíz. (DIB) MCH
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