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Policiales
Escándalo en Bahía Blanca
La Corte bonaerense suspendió a un juez por acudir a un prostíbulo
14|06|19 08:56 hs.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suspendió por 90 días en sus funciones al Juez de Ejecución Penal, doctor Onildo Osvaldo Stemphelet, luego que trascendiera la existencia de un robo denunciado por el propio magistrado en momentos que se hallaba en un prostíbulo de Bahía Blanca.
La decisión del máximo órgano judicial de la Provincia se conoció como consecuencia de la denuncia del robo de una billetera con 3000 pesos y una tarjeta de crédito de Stemphelet, cuando el titular del Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Bahía Blanca aparentemente se encontraba con una prostituta en barrio Villa Soldati, de la ciudad ubicada a 200 kilómetros de Tres Arroyos.
Al igual que ocurrió con el doctor Rafael Oleaga en Tres Arroyos, a quien está previsto realizarle un jury por los supuestos maltratos que le habría ocasionado al personal a su cargo, la Corte licenció por 90 días al doctor Stemphelet a los efectos de brindarle tiempo a la Procuración General para determinar si están dadas las condiciones para someterlo a él también a un jury por la presunta comisión de esta conducta inapropiada.
El hecho que derivó en el escándalo ocurrió a mediados de mayo, precisamente el 15, cuando el juez llamó a la policía desde la casa de citas en Villa Soldati para denunciar la sustracción de su billetera y la tarjeta de crédito.
Como en ese momento, ante los uniformados, se presentó únicamente por su apellido y no hizo alusión a su investidura, los uniformados nunca imaginaron que estaban ante el magistrado que tiene entre sus funciones el control de los condenados, la ejecución de la pena, la libertad condicional, la observancia de las garantías de los presos y la extinción o modificación de la condena.
En la puerta de la derecha funcionaba la casa de citas a la que el propio juez reconoció haber acudido a tomar “un servicio sexual”
¿Olvidó dónde estaba?
Según consta en las distintas actas que se encuentran en la UFI N°14 de Bahía Blanca, a cargo del doctor Marcelo Romero Jardín, el propio juez fue quien llamó a la policía para denunciar el robo de su billetera en una casa de citas y hasta apuntó a una joven paraguaya como la supuesta responsable del hecho.
Tal como redactaron los efectivos del móvil policial destinado a atender la existencia de “un robo en progreso” en ese lugar, el juez Stemphelet los esperaba en la vereda y les hizo señas con las manos para que se detengan y comiencen a realizar las actuaciones.
De acuerdo a lo informado por los miembros del Comando de Patrullas en la hoja N°1 del acta de constatación compartida por el periodista Germán Sasso de La Brújula en su cuenta de Twitter, fue el propio juez quien le explica a los uniformados que había ido a ese lugar para hacer uso de “un servicio sexual” y, en esas circunstancias, fue despojado de su billetera con 3000 pesos y su tarjeta de crédito.
Tras eso, los policías solicitan permiso a la inquilina del inmueble para hacer un registro en busca de esos elementos que supuestamente le habían sido robados al juez y el resultado fue considerado “nulo”.
A esta altura de los hechos, ya existían dos delitos: el “hurto” denunciado por el juez y la existencia en desarrollo de una averiguación del ilícito de “trata de personas “, en el que el juez tendría la vinculación que, por estas horas, fuentes del ámbito judicial bahiense se atreven a adelantar que “le costó la carrera”.
Al ser consultado al respecto por La Nueva, Stemphelet dijo que “no confirmo, ni niego nada”, acerca de los hechos que lo tienen como eje del escándalo.
Lo que viene
Según explica el diario La Nueva en su edición digital, más allá de la causa penal, en el trámite administrativo -independientemente de la eventual licencia- tendrá que intervenir la subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte.
Deberá analizar si la acción de Stemphelet, que en Tres Arroyos supo ser secretario de la Defensoría Oficial hasta 2015 (cuando fue nombrado juez penal por el entonces Gobernador Daniel Scioli), pudo haber violado algún artículo del Reglamento Disciplinario del Poder Judicial (3.354).
El artículo 9, inciso I, prevé sanciones para quienes "menoscaben el decoro de su función judicial, que comprometan la dignidad del cargo o afecten el prestigio del Poder Judicial o lo perjudiquen materialmente".
Las sanciones son correctivas (llamado de atención, prevención, apercibimiento y suspensión de hasta 30 días) o expulsivas (cesantía y exoneración).
En este último caso debería pedirse la promoción de un jury de enjuiciamiento. (Fuentes: La Brujula/La Nueva/tw: @germansasso)
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