Policiales

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Qué pasa si nos intercepta la policía incumpliendo con la cuarentena

24|03|20 09:06 hs.

A pesar de la aparente toma de conciencia general que se da en todos los niveles de la sociedad argentina, acerca de cumplir con el aislamiento social preventivo establecido por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, la policía continúa encontrando casos de violación a la norma. 


Según informaron a LA VOZ DEL PUEBLO fuentes de la Justicia Federal que comprende a nuestro distrito, los sujetos que son interceptados en la calle por las fuerzas de seguridad en el marco de la lucha contra la pandemia, son identificados y retenidos hasta tanto se cumpla con los recaudos legales y se le informe fehacientemente el cumplimiento de la medida. 

En este tipo de infracciones interviene la Justicia Federal porque su contenido forma parte de un decreto presidencial, en el marco de las facultades constitucionales que asisten al presidente. 

Tratándose de una pandemia, declarada por la OMS y que en la Argentina existen casos oficializados, se hallan vigentes los decretos de necesidad y urgencia Nª260 y 297. El primero se refiere a las personas que ingresan al país y deben mantenerse en cuarentena. A ellos, en primer lugar, cuando infringen la norma, se los debe notificar a través de las fuerzas Federales, la policía, el Municipio, Migraciones o la autoridad epidemiológica del lugar, la cual les informa que deben permanecer en su domicilio. Recién en el caso que se detecten elementos que certifiquen la violación de la cuarentena, se ha establecido la existencia de un proceso que consiste en la notificación, sin traslado hasta una dependencia judicial, donde en muchos casos se utiliza la videoconferencia entre las partes.

Ochenta casos 
Con respecto al decreto Nª297, que es el que dispone el aislamiento obligatorio (conocido como cuarentena total) en los domicilios, con las excepciones establecidas, encontramos casos en todo el país, y, en la Jurisdicción de Necochea, ya fueron hallados 80 casos distribuidos en los partidos que la comprenden: Tres Arroyos, Necochea, Lobería y San Cayetano. Hasta el momento, no son casos considerados “relevantes” por las autoridades, ya que no se trata de ciudadanos sospechosos de coronavirus, ni tampoco de personas que hayan atacado o resistido a la autoridad, por lo tanto no se usó la fuerza pública.

Ahora, si la infracción a ese decreto, que integra las artículos 205 y 239 del Código Penal, es en concurso con otro delito, como la resistencia a la autoridad, la portación de arma, la existencia de un requerimiento judicial previo o que exista sospecha sobre la autoría de otro delito, el sujeto responsable será aprehendido. 

En ese caso, en la dependencia policial se deben disponer de todos los recaudos para evitar un eventual contagio. El aprehendido no bajará del móvil policial hasta que no se establezcan las condiciones para que esta persona ingrese a la dependencia, como la utilización de barbijos y guantes y cualquier otro instrumento para evitar cualquier contagio. 

Distinto es el caso de los identificados, los más comunes por estos días, a quienes no trasladan a la seccional, pero si se forma la causa penal, la cual continuará en el tiempo y recibirá multa o pena de prisión. 

La respectiva diligencia judicial se hará fuera de los tiempos de licencia que se han impuesto y, si se trata de un extranjero, se pondrá en conocimiento de la embajada o el consulado, donde va a ser trasladado, para regresar al país de origen.  

Castigos 
En todos los ejemplos, se aplicará lo estipulado en el artículo 205 del Código Penal, salvo que la persona se resista e incurra en un delito de desobediencia. En ese caso, se aplicará el artículo 239 del Código Penal, todos con pena de prisión hasta 3 años y, en forma simultánea y accesoria, una pena de multa.

En ese sentido, las autoridades judiciales que informaron sobre el tema a LA VOZ DEL PUEBLO, remarcaron el detalle de que la medida es menos gravosa porque los policías estarían trasladando a una persona que puede ser portadora de coronavirus. Teniendo en cuenta que el fin último es hacer que las personas permanezcan en sus viviendas, no se la detiene, pero se sabe que se encuentran imputados de un delito que puede agravarse en la medida que se detecten más incumplimientos.