Policiales

Juicio por el caso del "geriátrico del horror"

“Seis viejitos en un estado deplorable, en una casa sucia, con sarna y piojos"

04|06|20 09:22 hs.

Dos tresarroyenses comenzaron a ser juzgadas ayer por el Tribunal Oral Criminal de nuestra ciudad, acusadas de “abandono de persona y abandono de persona agravado” en perjuicio de seis adultos mayores que se hallaban alojados en una residencia que perseguía el objetivo de transformarse en un geriátrico. 


Se trata de Carla Mabel Barroca, de 40 años, y Liliana Mabel Sánchez, de 55, quienes llegaron a juicio oral acusadas por el fiscal Carlos Facundo Lemble en el marco del caso conocido como el “geriátrico del horror”. 


Acusadas. (De izquierda a derecha) Liliana Sánchez, la doctora Elisa Hospitaleche y Carla Barroca


Los hechos por los que ambas se encuentran en el banquillo de los acusados habrían ocurrido entre los primeros días de julio de 2016 y el 31 de enero de 2018, cuando a raíz de la denuncia radicada por una mujer que trabajaba en el lugar, una comisión policial procedió al allanamiento de la vivienda ubicada en la avenida Güemes 1336, y constató la existencia de condiciones higiénicas y sanitarias supuestamente deficientes, como así también problemas de salud entre los ancianos que se encontraban ahí.

Por su parte, la doctora Elisa Hospitaleche, defensora particular de ambas imputadas, adelantó que no considera probada la existencia del delito que se les endilga a sus clientas, que las enfermedades mencionadas en el expediente son producto del “deterioro propio de la edad” y que pedirá la libre absolución de ambas. 

De esta manera, en la exposición de la línea acusatoria del fiscal Lemble, pudieron escucharse los distintos inconvenientes por los que pasaron los seis abuelos que se encontraban alojados ahí, males entre los que mencionó sarna, extrema delgadez, deshidrataciones, fracturas, falta de calefacción y energía eléctrica, y mala alimentación. 

Nueve testigos 
Durante la jornada de ayer, que comenzó un poco demorada a raíz de la coordinación que exigió el respeto de las medidas de distanciamiento social obligatorio (ver recuadro abajo) en el primer juicio oral tras la declaración de la cuarentena obligatoria para evitar el contagio de coronavirus, fueron nueve los testigos que declararon ante la jueza unipersonal del TOC, la doctora Verónica Vidal. 

En ese sentido, la primera en hacerlo fue Carolina Plaza, una policía de la Comisaría de la Mujer que participo del allanamiento, “había seis viejitos, estaban en estado bastante deplorable, tenían sarna, piojos, no tenían luz, ni agua y gas había solamente en la cocina”, dijo al recordar la tarde en la participó del registro domiciliario. 

Por su parte, Patricia Crespo, fue el testimonio previo a las palabras más duras de la mañana. La coordinadora municipal de adultos mayores, recordó que el lugar estaba registrado “como un sitio con aspiraciones a transformase en ´residencia geriátrica´, que en ese momento estaba iniciando los trámites en el Ministerio de Salud de la Provincia”. 

En ese sentido, especificó que las decisiones administrativas en cuanto a todo eso corren por cuenta de la Dirección de Fiscalización y la autoridad de aplicación es la Región Sanitaria 1, “a la cual ayuda la Municipalidad con la fiscalización, ya que su área comprende 15 municipios”, explicó. 

Al referirse a los requisitos para habilitar, hizo referencia a los faltantes vistos en una inspección, “se advirtió falta de personal porque es una persona cada cinco residentes, más enfermeros y médicos, deficiencias edilicias y había que hacer refacciones en la calefacción y en el baño”.

Tras ella, llegó el turno de Aldana Zalasar, precisamente la ex trabajadora que denunció el hecho ante las autoridades antes del allanamiento. Ella también se refirió a la existencia de pañales “colocados en forma inadecuada” y que “la gente se quejaba de que tenía picazón”.

“Cuando conseguí el trabajo, parecía una casa muy linda, pero cuando ingresé empecé a sentir olor a pis muy fuerte, algo que suele ocurrir, pero no con tanta intensidad”, declaró. 

“La primera impresión no me gustó, pero como tenía mucha necesidad de trabajar, lo tomé. Al día siguiente, volví y todo seguía igual. No había productos de limpieza, ni higiene. La comida que mandaban no alcanzaba. Eran dos bandejas para seis abuelos, que estaban con miedo o desconfiados. Cuando empiezo a tener confianza y se empiezan a abrir, me entero que los dejaban solos, que yo era la única persona que estaba, cuando yo estaba. Durante la tarde estaban a cargo de una abuela de 73 años que estaba quebrada, pero era la que más movilidad tenía”, dijo. 



También recordó que “había una abuela que estaba muy deteriorada en peso. Había un chico que era autista, y lo encuentro atado a la cama en su habitación. 

El primer día lo tuve atado, lo fuí conociendo y me fuí dando cuenta que no había necesidad de que estuviera así y un día lo desaté”. 

Coincidencias 
El resto de los seis testimonios estuvo a cargo de policías de la Comisaría de la Mujer, su titular en aquel momento, Alejandra De Francesco, la médica de policía, Victoria Merino, y otras dos mujeres: la hija de un abuelo al que tuvo un mes alojado en el lugar en 2017 y la madre de una joven que acudió a hacer una suplencia laboral, como así también un gasista que fue usado como perito para demostrar las falencias edicilias en ese sentido. 

La primera fue María Itatí Alonso, cuyo padre estuvo un mes alojado en esa residencia, “cuando lo fuimos a visitar lloraba. No quería quedarse, uno a veces no se da cuenta. Da tanta rabia y tanto dolor”, dijo, y, después de decir que había denunciado el caso ante la coordinadora municipal de adultos mayores (“no me escuchó”, recordó), agregó un detalle sobre la alimentación que recibían, “tenían una polenta tan dura, tan horrible que no podía creer como le podían dar eso. Vuelvo a la noche, y tenían la misma comida”. 

Por su parte, Lorena Olivera, la madre de una joven vecina de la residencia que trabajó en la casa, declaró que había un paciente al que tenían en un lavadero externo y que, “en pleno invierno gritaba desde el patio para que lo dejen entrar. Era mucho el maltrato que recibía. Había un chico autista atado en una cama de pies y manos. Dijeron que lo ataron así porque sino se comía sus propios excrementos. (Las imputadas) dejaban orden de que los medicaran para dejarlos quietos y que no los molesten”. 

Apenas terminado su testimonio, la doctora Elisa Hospitaleche hizo constar a través de sus preguntas, que la joven que le había transmitido el contenido de sus declaraciones mantuvo una disputa laboral con las dos imputadas, a raíz de una supuesta deuda económica. 

Luego de esas declaraciones y el reconocimiento de fotos tomadas durante la instrucción de la causa, la jueza Verónica Vidal dispuso un cuarto intermedio hasta hoy a las 9, cuando se escucharán al menos otros doce testimonios y, para el viernes, restarían las últimas cuatro declaraciones y los alegatos.