Desde hace casi dos años el Fuero Penal de Justicia que actúa en la jurisdicción de Tres Arroyos viene sufriendo bajas que, por estos días, aparecen lejos de solucionarse y forman parte de un esquema de necesidad que alcanza a más de 300 vacantes en toda la Provincia de Buenos Aires. 

En la actualidad, de los seis jueces que integran el Fuero Penal tresarroyense, entre los que se incluye el de Responsabilidad Juvenil, se están repartiendo sus respectivas responsabilidades entre los tres titulares del Tribunal Oral Criminal y, sobre llovido, quedarán sólo dos jueces disponibles a partir del próximo 1 de octubre, cuando el doctor Carlos Mazzini, se acoja a los beneficios de la jubilación. 

La sangría de magistrados comenzó en diciembre de 2018, cuando se jubiló el doctor Alberto Daniel Gallardo, entonces titular del Juzgado de Garantías del Joven y ocasional subrogante del mismo en mayores, tras una dolencia física por la que debió ser intervenido a mediados de ese mismo año. 

En abril de 2019, el Consejo de la Magistratura dispuso el llamado a concurso para cubrir esa vacante, pero al momento del inicio de la pandemia, todavía estaría en los plazos previstos de resolución. 

El golpe más grande en la agenda judicial tresarroyense llegó con la licencia obligada que debió tomarse el titular del Juzgado de Garantías N°1 de Bahía Blanca, con sede en nuestra ciudad, el doctor Rafael Oleaga, quien afronta un trámite de enjuiciamiento tras una denuncia de la Procuración provincial, por presuntos “maltratos” sobre el personal a su cargo, y por el momento, su cargo no está considerado “vacante” hasta que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no resuelva su situación. 

En ese sentido, fuentes judiciales le explicaron a este diario que la principal función del Juzgado de Garantías lo transforma en un “compromiso duro” que pocos desean asumir, ya que exige, entre otras cosas, la presencia permanente de un magistrado. 

Su función principal consiste en resolver trámites que no están sujetos a horarios. Por ejemplo, un allanamiento o un pedido de detención no tienen momento definido de ser, pueden ser necesarios en cualquier momento. 

Oportunamente, ese hueco y el de Gallardo fueron ocupados por la doctora María Elena Baquedano, una funcionaria oriunda de 9 de Julio y residente en Bahía Blanca, que los cubrió a ambos hasta diciembre de 2019, cuando fue designada titular del Tribunal en lo Criminal de San Nicolás, cargo que ocupa desde febrero de 2020. 

Su función itinerante cubrió la necesidad de manera satisfactoria, aunque encerraba un inconveniente, ya que, cuando la jueza se iba los fines de semana a Bahía Blanca por razones particulares, ausencia para la que había sido debidamente autorizada por los organismos competentes, tenían que cubrirla alternadamente los tres jueces criminales del Tribunal local, con el consiguiente riesgo de colapso, ya que si emitieron opinión sobre las detenciones o prisiones preventivas de los imputados durante la instrucción de la causa, los obliga a excusarse posteriormente cuando deban actuar como jueces de Primera Instancia en esos debates. 

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca es la encargada de nombrar los jueces itinerantes que van ocupando los cargos que genera la necesidad de funcionarios en Tres Arroyos, hasta que el Consejo de la Magistratura proceda a la selección de los distintos postulantes. 

Precisamente sobre esa Cámara, es que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires había enviado un pedido para que resuelva la situación de Tres Arroyos. 

El principal argumento de la disposición estaba fundamentado en la existencia de 18 jueces penales en la vecina ciudad, contra tres y, en breve, dos magistrados, que quedaban trabajando en Tres Arroyos.

El cumplimiento de la disposición, que al designado le implicaba viajar y hasta una radicación permanente en nuestra ciudad a raíz de las características del cargo, habría sido resistido por los jueces candidatos y, ante tal situación, trascendió que, de manera reciente, hubo un pedido de explicaciones de la Corte a la Cámara acerca del cual no se conocieron mayores detalles. 

No obstante, constituye un factor extra de presión para las autoridades, a los efectos de que esta coyuntura llegue a un desenlace positivo con prontitud. La nómina de jueces del Fuero Penal que dejaron nuestra ciudad la completa el doctor Gabriel Giuliani, quien desde el 28 de diciembre pasado, y tras 25 años de ocupar la titularidad del Juzgado Correccional de Tres Arroyos, pasó a ocupar la del Correccional N°1 de Bahía Blanca, en reemplazo del doctor José Luis Ares.

Tras su ausencia, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal dispuso que la doctora Fabiana Brandolín, lo reemplace en su anterior cargo por el término de seis meses, plazo que venció el pasado 28 de junio y, luego de un sorteo entre sus pares del Tribunal Oral Criminal, la doctora Verónica Vidal y el doctor Carlos Mazzini, fue designado el último, a quien el próximo 1 de octubre lo asiste la posibilidad de jubilarse. 

Consultado específicamente sobre la situación de las vacantes en el Fuero Penal de Tres Arroyos, LA VOZ DEL PUEBLO contactó al doctor Ezequiel Klass, vocero de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, quien indicó que la cuarentena influyó en la normalización de las vacantes en los distintos fueros de la Justicia provincial.

“En este momento la Cámara Penal de Bahía está analizando alternativas para ver de qué manera alcanzar una solución”, señaló el vocero del principal administrador de Justicia de la Provincia, antes de informar la existencia de 300 vacantes en todo el territorio bonaerense. 

“Resulta oportuno señalar que, actualmente, la Administración de Justicia tiene más de 300 vacantes en toda la Provincia, lo que representa un número muy elevado. La situación de la cuarentena no hace más que acentuar el problema por la dificultad de avanzar en los procesos constitucionales de designación de magistrados”, expresó.

En ese sentido, el doctor Klass explicó que, para ocupar la vacante que dejaron Gallardo y Giuliani se abrieron las respectivas inscripciones, pero las mismas no cerraron por la interrupción de la cuarentena en el marco de las medidas para evitar la propagación del Covid19. 

Esta última, un aspecto que, de acuerdo al informe de gestión más reciente compartido por la SCJ a principios de este mes, figura entre las dificultades reconocidas en distintos planos del servicio de Justicia, acerca de las cuales sostiene que “no habrá de superarse fácilmente”. 

Al respecto, en el epílogo del trabajo entregado en el actual contexto de pandemia, identifica “una serie de limitaciones que viene evidenciándose desde antiguo”. 

Entre ellos, la falta de un régimen legal de autarquía económico financiera del Poder Judicial, la deficitaria infraestructura edilicia y la creciente cantidad de vacantes en un gran número de juzgados y tribunales, entre los que se encuentran los de Tres Arroyos. 

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A las citadas vacantes del Fuero Penal de Justicia local, se suma la doctor Iber Piovani, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°2 de Tres Arroyos, quien se jubiló y aún no se llamó a concurso para ocupar su cargo. 

En tanto, en el Ministerio Público Fiscal, el hueco que dejó el doctor José Bianconi como titular de la UFI N°17 todavía no fue concursado y, por el momento, es subrogado por los doctores Gabriel Lopazzo y Carlos Facundo Lemble, de las UFI N°16 y 13, respectivamente.