Punta Tombo: el precedente que la justicia podrá darle al delito ambiental
Este martes la justicia de Chubut revisará el fallo que podrá dejar firme la culpabilidad de un productor que provocó la matanza de 292 pichones de pingüinos Magallanes. Para la fiscal Florencia Gómez, que promueve la figura de Ecocidio en este caso, la ratificación dejará un fuerte antecedente no sólo en el país
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La justicia de Chubut transita días de mucho peso para la jurisprudencia ambiental con la audiencia final por la masacre de pingüinos en Punta Tombo que se llevará a cabo este martes 21 de abril.
El Superior Tribunal de Justicia de esa provincia revisará la condena impuesta a Ricardo La Regina por daño ambiental agravado y crueldad animal. Esta instancia definirá si queda firme la pena de tres años de prisión condicional para el productor más la confiscación de la retroexcavadora.
La fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, lleva cinco años de trabajo que volcó en un expediente que cruzó fronteras para lograr reunir las pruebas que finalmente pudo presentar.
Se trata de la causa por la matanza de pingüinos en Punta Tombo, un caso que -de ratificarse el fallo- no solo marcaría un hito en la provincia, sino que sentaría un precedente de impacto ambiental para toda Latinoamérica.
“Yo creo que todavía la gente no dimensionó la importancia de esta ratificación”, dijo Gómez a La Voz del Pueblo. Para la también tresarroyense el mensaje es claro al sostener que “la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino relativo”.
Entiende que el caso de Punta Tombo le puso un freno a la idea de que un dueño puede hacer lo que desee con su tierra, si eso implica destruir un hábitat natural protegido.
La retroexcavadora
Todo comenzó el 30 de noviembre de 2021, cuando el entonces ministro de Turismo de Chubut, Néstor García, presentó una denuncia basada en un informe del especialista en pingüinos Pablo García Borboroglu.
Los hechos dejaron consecuencias devastadoras. Entre el 10 de noviembre y el 4 de diciembre de ese año, se realizaron movimientos de suelo con una retroexcavadora en una zona de alta densidad de nidos, en plena época de reproducción del pingüino de Magallanes.
La fiscal Gómez relató con precisión las acciones del productor que terminaron en una matanza masiva de la especie. “Se levantan 60 centímetros de capa superficial. Pude acreditar que en cada nido había un adulto, huevos y pichones”, explicó a este diario.
Pero no fue solo el desmonte. El acusado, Ricardo La Regina -quien resulta ser el administrador judicial del campo propiedad de su padre-, instaló un alambre electrificado a solo 20 centímetros del suelo.
“Dividió la colonia de pingüinos. Ningún pingüino podía pasar de un lado al otro, y eso ya generaba un impacto negativo”, explicó Gómez, quien ordenó retirar el cerco al día siguiente de la denuncia.
En la causa se mencionó que el saldo de los hechos que se le imputan a La Regina dejó “un total de 292 pichones muertos y/o huevos destruidos, sin poder estimar aun el número de adultos que pudieran haber resultado aplastados por las maquinas dentro de sus nidos”.
Desde el espacio
Para comprobar la culpabilidad del productor, la fiscalía desplegó una estrategia de litigación sin precedentes en la región, para acreditar este tipo de delitos. Gómez recurrió a imágenes satelitales obtenidas en la Universidad de Washington para demostrar que no se trataba de un solo camino, sino de cuatro, además de desmontes y tajamales.
“Hay zonas que son irrecuperables porque levantó 60 centímetros de la capa superficial, no quedó nada”, lamentó la fiscal.
En el juicio, 92 testigos -incluyendo especialistas del CONICET, geógrafos, biólogos y cartógrafos- respaldaron su teoría del caso en tres hechos de impacto ambiental y uno de crueldad animal en concurso real.
Del doméstico al silvestre
Hasta ahora la jurisprudencia argentina sobre crueldad animal se centraba mayormente en animales domésticos como perros o gatos.
Pero con el caso de Punta Tombo se rompe ese molde. “El precedente que sienta es para el animal silvestre, el animal que vive en su hábitat”, destacó Gómez.
Es un reconocimiento de los animales como “seres sintientes” cuya vida y entorno deben ser preservados por el Estado.
Actualmente, La Regina enfrenta una condena de tres años de ejecución condicional, además de reglas de conducta estrictas y el secuestro de la retroexcavadora utilizada en los movimientos de suelo que provocaron la matanza.
Aunque la fiscalía había solicitado cinco años de cumplimiento efectivo, el tribunal consideró la falta de antecedentes penales del acusado para bajarla.
Sin embargo la batalla legal continúa en el fuero civil, donde el Estado inició una demanda que supera el millón de dólares por el daño ambiental causado.
Legado de la abuela
Irónicamente la tierra donde ocurrió el daño fue alguna vez protegida por la familia del acusado. En 1974 los abuelos de La Regina donaron 100 hectáreas para crear la reserva de Punta Tombo.
Hoy como consecuencia indirecta de este caso, el gobierno de Chubut triplicó el área de protección, incluyendo la zona del conflicto conocida como Punta Clara, que ahora suma unas 300 hectáreas bajo control estatal.
Promoviendo la figura legal de Ecocidio, para este tipo de delitos, Gómez espera que la sentencia quede firme y que el fallo se convierta en el precedente legal de futuras causas de contaminación de ríos o desmontes ilegales en todo el continente.
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