Sin acuerdo en el Congreso, el Gobierno volvió a prorrogar el Presupuesto 2023
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El Gobierno nacional prorrogó finalmente el Presupuesto 2023 al no haberse alcanzado un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Leyes. Esta segunda prórroga del último plan presupuestario de Alberto Fernández se oficializó mediante el decreto 1131/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
A pesar de haber presentado un proyecto de Presupuesto en septiembre, el Ejecutivo decidió no convocar a sesiones extraordinarias, con el argumento de la preocupación del impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal.
En el decreto 1131/2024 se lee: “A partir del 1° de enero de 2025 rigen, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el citado artículo 27, en los términos del Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023”.
“Dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la Ley N° 27.701, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente”, argumenta el Ejecutivo en el considerando de la norma.
En consecuencia, se plantea que “teniendo en cuenta tal circunstancia, y con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de la Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2024″.
Tensiones
La prórroga surge en un contexto de tensiones abiertas entre el Gobierno nacional y las provincias. Las negociaciones se encuentran suspendidas, ya que los gobernadores reclaman puntos que, para el presidente Javier Milei, atentan contra su premisa central del déficit cero.
Entre las principales exigencias de los mandatarios provinciales se destacan:
Deudas por cajas previsionales.
Coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.
Distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP).
Compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.
Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, estos reclamos representan un total de 3.700 millones de dólares.
Mientras tanto, desde el oficialismo sostienen que si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto original presentado en septiembre, el Presupuesto podría tratarse en febrero, aunque advierten que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes. (DIB),
