Los trabajadores administrativos y auxiliares de la provincia de Buenos Aires, que se enmarcan bajo la Ley 10.430, desde el cese de actividad hasta la jubilación definitiva, cobran el 60 por cierto del último sueldo congelado, sin aguinaldo. Según informaron desde la UPCN BA, este trámite en su inicio tenía una duración de entre seis y doce meses, pero en la actualidad, por diferentes razones administrativas y políticas, los trabajadores están hasta más de tres años cobrando ese anticipo jubilatorio, sin ningún aumento. 

En Tres Arroyos, un caso de ello es Alcira Alonso, que finalizó su actividad el 1º de abril de 2019 luego de 35 años de servicio y más de 60 de edad, como lo exige la ley. En ese momento, comenzó a cobrar una suma de 11 mil pesos, que significaba el 60 por ciento de su último sueldo congelado, monto que hasta hoy en día no ha sido modificado y la jubilación definitiva tampoco ha llegado. 

“Esto no pasó por la pandemia, porque esta situación la venimos padeciendo todos los empleados administrativos que estamos bajo el régimen de la Ley 10.430 desde hace por lo menos quince años”, expresó en una entrevista con La Voz del Pueblo. 

Frente a esta problemática, que involucra a gran cantidad de personas de la provincia de Buenos Aires, desde algunos sectores políticos plantearon la situación y se comenzó a tratar. 

Susana González, diputada provincial del Frente de Todos, presentó en 2020 un proyecto para la modificación de la Ley 12.950, que promovía la aplicación del principio de movilidad para evitar la pérdida del poder adquisitivo durante el trámite previsional de los trabajadores municipales y estatales, donde además se contemplaba el cobro del sueldo anual complementario. 

Ese mismo proyecto fue promulgado el 22 de diciembre del 2020 y se publicó en el Boletín Oficial bajo el número 15.243 el 18 de enero de 2021, estableciendo que “modifícase el artículo 1° de la Ley 12.950 y modificatorias, el que quedara redactado de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 1°: El personal afiliado al Instituto de Previsión Social que cese en su condición de activo, o hubiere cesado con anterioridad a la sanción de la presente, cumplimentando los recaudos necesarios para la obtención del beneficio jubilatorio, tendrá derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al sesenta por ciento (60%) de su remuneración mensual, incluyendo el sueldo anual complementario (SAC) debiendo ser actualizadas de conformidad a la paritaria vigente de cada año calendario del sector del afiliado hasta tanto se haga efectivo el pago de su prestación previsional. Las retribuciones percibidas durante dicho período tendrán el carácter de anticipo, y serán deducidas al momento de efectuarse la liquidación de los retroactivos correspondientes”. 

Asimismo, aclaraba que “la presente norma será de aplicación para los anticipos que se encontraran en curso".

Lamentablemente, por lo menos en el caso de Alcira, las esperanzas de poder acercarse a una jubilación digna se esfumaron ya que esta modificación no se aplicó. “Ya se tendría que haber cobrado por lo menos la actualización según paritarias del anticipo jubilatorio. Y nos tendrían que haber pagado también el aguinaldo, cosa que no pasó ni pasa”, manifestó. 

Una vez que cesan sus actividades, “nosotros es como que no existimos para nadie y somos muchos en la provincia de Buenos Aires que estamos en esta situación. Esto le pasa a todos los empleados administrativos y auxiliares que estamos bajo el régimen de la Ley 10.430 de la Dirección de Cultura y Educación. Esos somos los que estamos sufriendo esto desde hace largo rato”, sostuvo Alcira. 

Además contó que ella se encuentra en un grupo de Facebook de prejubilados de la provincia de Buenos Aires en donde “por lo menos somos dos mil personas, y eso que es un puñadito de todos los que se jubilaron en la provincia”. En ese mismo grupo, los participantes cuentan sus diferentes experiencias y las situaciones que han padecido. Según contó Alcira, algunos hasta han tenido problemas con la obra social o han estado más de tres años esperando la jubilación definitiva. 

“Nos tienen cautivo ese 40 por ciento del sueldo durante dos o tres años. Es algo inentendible. Ese dinero cuando finalmente llega la jubilación, te lo reintegran. Lo que ocurre es que uno tiene que vivir el día a día, no dentro de tres años, entonces es un sistema bastante perverso porque es mucho el tiempo que se espera”, opinó. 

Según el IPCN BA, “debido a una mayor cantidad de jubilaciones, retrasos en la tramitación desde los organismos empleadores que deben enviarlas al Instituto de Previsión Social (IPS) y la falta de sistemas acordes y tecnología, más la necesidad de mayor cantidad de personal en el Instituto, transformaron al anticipo en un verdadero castigo, extendiendo el plazo de finalización entre 3 y 5 años”. 

Para Alcira también existen otras causas. “Otro problema que tenemos es que, una vez que uno inicia los trámites de jubilación, los papeles se presentan en el Consejo Escolar. Los empleados de ahí hacen lo que pueden. Los pasos administrativos se siguen y no hay ningún problema, no es que hay mala ejecución de los empleados”, destacó y agregó que “el problema lo tenemos con los consejeros escolares que lamentablemente no cumplen el rol político que les corresponde de agilizar ese trámite. Porque el empleado lo único que puede hacer es hablar por teléfono con otros empleados que ponen seguramente su mejor voluntad para hacer todo, pero en algún lugar se traba y ahí queda”. 

Al momento, para Alcira la única solución posible, al menos en el corto plazo, es que se haga efectivo el cumplimiento de la modificación de la Ley 12.950 para aunque sea poder acercarse a un anticipo jubilatorio digno, siendo que pasó 35 años de su vida prestando servicio y haciendo los aportes correspondientes. “Como dije antes, estoy cobrando 11 mil pesos por mes, sin aguinaldo, desde abril del 2019”, enfatizó. 

“Lo que esperábamos es que ahora con la modificación de esa ley, ya se hubiese actualizado, pero evidentemente no la ponen en práctica. La ley está, por lo menos ya que no nos pagan inmediatamente la jubilación, que se haga efectiva la actualización del adelanto jubilatorio”, argumentó. Con la actualización según paritarias del anticipo jubilatorio, las personas que cesen actividades podrán al menos percibir una suma de dinero que vaya medianamente acompañando la inflación, ya que de forma contraria, se va perdiendo poder adquisitivo. 

El problema se reconoció, se trabajo y se promulgó la ley. Ahora resta de voluntad política el hacerla efectiva para que miles de trabajadores de la provincia de Buenos Aires dejen de padecer esta instancia hasta poder acceder a la jubilación definitiva.