Tras admitir desde varios sectores representados, incluida la justicia, que hay dificultades para lograr la revisión médica de las víctimas de manera eficaz y lo más cercana posible a los hechos, se concluyó que la capacitación del recurso humano disponible puede ser una vía de solución a los conflictos existentes. Incluso se hizo referencia a que el Hospital es el área municipal con el más bajo porcentaje de personal capacitado en la Ley Micaela.