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La Ciudad

Inspección de Seguridad e Higiene

“Siempre tuvimos la convicción que era una tasa ilegítima”

24|04|18 09:34 hs.

Después que en el mediodía de ayer, el concejal vecinalista Guillermo Salim, saliera a realizar el descargo en representación del Poder Ejecutivo, al conocerse que avanza el juicio que la firma Trafer le iniciara al municipio para que se declare inconstitucional a la Tasa de inspección por seguridad e higiene, LA VOZ DEL PUEBLO consultó a directivos de la firma que de manera breve, pero contundente, le respondieron primero al titular del bloque del Movimiento Vecinal, en el Concejo Deliberante. 


Pero sobre todo a la administración del intendente Carlos Sánchez. En relación a las palabras de Salim, directivos de Trafer manifestaron que impugnaron “en sede administrativa y judicialmente todas y cada una de las resoluciones del ejecutivo municipal, desde la Dirección de Políticas Tributarias, vinculadas a la tasa por inspección de seguridad e higiene desconociendo siempre la supuesta deuda”. 

Agregaron además que “si por algún error, se abonó algún concepto vinculado con la tasa, el mismo será objeto de reclamo ante la justicia para su devolución, ya que como se dijo en la nota -publicada el domingo- no tuvo contraprestación alguna”. 

Finalmente apuntaron que “si tal como sostuvo el concejal no nos acogimos a ninguna ‘facilidad de pago’, es porque siempre tuvimos la misma convicción de considerar que es un impuesto encubierto y por ende una tasa ilegítima que no debíamos abonar”.

“Si tal como sostuvo el concejal no nos acogimos a ninguna ‘facilidad de pago’, es porque siempre tuvimos la misma convicción de considerar que es un impuesto encubierto y por ende una tasa ilegítima que no debíamos abonar”.   


El juicio 
El juicio que desde finales de 2017 lleva adelante la empresa Trafer contra la Municipalidad de Tres Arroyos, generado a partir de haberse reusado a pagar la tasa de inspección por seguridad e higiene por considerar que hay una falta de prestación del servicio, impactó ayer en el Concejo Deliberante, donde el jefe del bloque de concejales vecinalistas debió brindar información sobre el tema, a pedido de concejales. 

La demanda de la firma que se encuentra radicada en el parque industrial desde 2014, cuestiona la inconstitucionalidad de ese arancel por ser un impuesto y no una tasa; y el proceder del municipio y en particular de la Dirección de Políticas Tributarias, que se encuentra a cargo de Ariel Sánchez. 

En el marco del pedido de inconstitucionalidad de la tasa y de las impugnaciones administrativas, se dictó la medida cautelar que ordena al municipio tresarroyense a “abstenerse de emitir sanción alguna a TRAFER SA vinculada con la falta de otorgamiento de habilitación municipal por falta de pago de la Tasa de Seguridad e Higiene”.     


En Hacienda, el concejal vecinalista, Guillermo Salim, hizo el descargo por parte del Poder Ejecutivo.


“No leí el diario” 
El presidente de la comisión de Hacienda, el vecinalista, Guillermo Salim, habló con los medios de prensa una vez concluida la reunión de los martes. “No leí el diario ayer (por el domingo) así que tampoco sé qué es lo que han planteado públicamente”, dijo en alusión a la firma tresarroyense. 

Posteriormente explicó que “Trafer ha declarado importes inferiores durante muchísimos años al municipio con respecto a lo que ha declarado en ARBA, que la municipalidad ha hecho un procedimiento administrativo como lo ha hecho con muchas otras empresas. Sé que eso se estaba discutiendo, sé que el municipio le había ofrecido todas las posibilidades de pago que se usan normalmente en estos procedimientos -que son planes de pagos que algunos han salido hasta por ordenanza- y sé también que la empresa se negaba también a pagarlos. Después qué hizo, o que no hizo judicialmente, no te puedo informar porque lo desconozco”. 

Ese fue el descargo oficial hecho por el gobierno municipal, hacia la prensa, después que momentos antes lo divulgara con mayores detalles ante los concejales de la comisión que preside. 

Consultándolo en equipo 
La Voz del Pueblo también pudo hablar, al concluir ese encuentro, con los concejales de Unidad Ciudadana/PJ, Martín Garrido y Tatiana Lescano. Dijo Garrido a este diario que al tema “no lo analizamos. Si bien algo sabíamos, en realidad lo que estamos haciendo es consultarlo con nuestros equipos de trabajo principalmente con los de La Plata que son los que más nos informan sobre estos temas”. 

Al respecto expresó que lo van a consultar “con todo el equipo de Unidad Ciudadana a nivel local para analizar bien la situación y tener una postura”. De todas maneras, el ex coordinador local del programa Conectar Igualdad, planteó que “entendemos que es muy fino el límite entre la tasa y el impuesto, y la cuestión de la contraprestación”. Según Garrido “hay un montón de tasas -o de ítems- que están dentro de algunas tasas que no tienen una contraprestación directa a todos los vecinos, como por ejemplo la de estudios superiores”. 

Explicó en este sentido -para ser gráfico con el ejemplo- que “todos aquellos que no acudimos al CRESTA, y estamos pagando esa tasa, estaríamos en la misma situación”. 

Es por eso que -antes de tomar una posición sobre el tema- prefirió que la fuerza política primero haga “un análisis muy fino”, aunque al mismo tiempo admitió que “es real que los municipios no pueden legislar en materia de impuestos”, pero que sí lo hacen en materia de tasas. 

Dijo estar interesado en ver si existe “alguna jurisprudencia” sobre el tema, cuestión que ya han consultado con los abogados de su mismo espacio político. 

La demanda de la firma cuestiona la inconstitucionalidad de ese arancel por ser un impuesto y no una tasa; y el proceder del municipio y en particular de la Dirección de Políticas Tributarias


Escuchar a Trafer 
En tanto, su compañera de bloque, Tatiana Lescano, dijo a este diario que analizarán “los detalles” de ésta situación. “Entendemos que es una situación que viene de lejos, y hay como varios componentes del reclamo. Hay municipios que han avanzado, hay precedentes, y hay que ver qué resolvió la Corte”, remarcó la concejal, que por otro lado indicó que su espacio necesita reunirse con la empresa para escuchar su voz, como ayer se hizo lo propio con el municipio, a partir del testimonio de Salim. 

“El municipio dijo que es una deuda vieja que ellos consideran legítima y van a avanzar sobre el reclamo”, agregó.  

“Un tema a debatir bastante” 
Desde Cambiemos, el concejal Horacio Espeluse, contó que en Hacienda, Salim, les reveló que se trata de una situación de cuando Trafer “se encontraba en el anterior edificio, no ahora en el Parque Industrial donde se prevé que las empresas allí radicadas estén exentas del pago de tasas municipales”. 

Mencionó además que en el contexto de este litigio “han sido demandados individualmente algunos funcionarios del municipio como Etcheto (ex secretario de Desarrollo Económico) y otros más a parte de lo que menciona el diario. Y nos comentó también que es una cuestión que el municipio quiere seguir, que ellos como funcionarios estarían faltando al deber público, porque intentan que la empresa cumpla con las normas”, dijo el titular de la bancada de Cambiemos. 

Pero en relación a inspección por seguridad e higiene, consideró Espeluse que “es un tema a debatir bastante, si la tasa que cobra hoy el municipio tiene una prestación, o no. Es una cuestión distinta”, afirmó. 

Dijo en este sentido que habría realmente que demostrar en la práctica “cuáles son las acciones del municipio para la prestación de ese servicio, y determinar si se transforma en un impuesto o no”. Concluyó Espeluse que el tema “está instalado como discusión concreta, más allá de lo que esté normado”. 

Señaló el concejal que después de haber escuchado el descargo hecho por el también contador público, Guillermo Salim, desde Cambiemos presentarán una nota “solicitando las explicaciones del caso”.