116 años junto a cada tresarroyense

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Desde la Redacción

DESDE LA REDACCION

La transparencia no puede esperar

24|10|18 09:54 hs.

La Declaración Jurada Pública ha sido un tema de opinión de LA VOZ DEL PUEBLO en reiteradas ediciones. Tanto es así que en una de ellas informamos qué distritos de la Sexta Sección ya tenían sus DDJJ colgadas en sus respectivas páginas webs. 


 Tres Arroyos era de los distritos que no publicaban nada, o casi nada. Algo cambió con la ordenanza que obligó a subir a la página oficial del municipio los decretos, resoluciones y ordenanzas que constan en el Boletín Oficial. 

 De todas maneras esto también ocurre con la trampa que les permite a los administradores de lo público no mencionar los nombres de los beneficiarios, bajo la excusa de proteger a las personas que reciben algún beneficio social, medida que alcanza a funcionarios, y que deja abierta la sospecha de la ayuda para amigos y entenados. Algo que, como no es público, la ciudadanía no puede controlar. 

 Por ejemplo la ordenanza vigente permitió que el ex coordinador de prensa, Javier Kristensen, estuviera al tanto de toda la información relevante municipal y al mismo tiempo fuera el asesor letrado de uno de los mayores proveedores municipales, Transportes Malvinas. 

 Es de esperar que la decisión de aprobar una ordenanza para que las declaraciones juradas se publiciten, sea rápida y sencilla porque cuando no hay nada que ocultar, la administración pública se hace más transparente, como así también el paso de cada funcionario por su cargo.  

Sin embargo tantas vueltas abren paréntesis. La historia da cuenta de maridos que ponen sus propiedades a nombre de sus esposas, hijos y amigos. Por lo tanto tener a los familiares incluidos en la declaración jurada se vuelve imprescindible para evitar nuevos testaferros. 

 Mientras tanto sobrevuelan los favores, las facilidades, el tráfico de influencias y de información. Y una ordenanza –abierta a la discusión- trata de evitar todo eso para que todo aquel que ocupe un cargo público se ajuste a la ley. 

 Los documentos que se podrán controlar permitirán conocer no sólo el sueldo de cada funcionario -el que hemos publicado varias veces- sino la valuación de sus propiedades, cuentas bancarias y el crecimiento año a año de su patrimonio, considerando los cambios que se experimenten con el valor del dólar, y los revalúos fiscales inmobiliarios que haga el Estado bonaerense. Estos dos últimos puntos de acuerdo a los cuestionamientos que le ha hecho al proyecto, desde el Movimiento Vecinal, el concejal Guillermo Salim. 

 Es decir, si alguien compró propiedades que el Banco no financió, o los sueldos no fueron suficientes para tales compras, o las herencias recibidas sobrepasan a la cantidad de parientes donantes, el funcionario de Tres Arroyos le deberá contar al pueblo cómo generó su capital. Por eso está en un cargo público, y por el que deberá dar explicaciones. 

 Los protagonistas de este proyecto de ordenanza, tanto desde el Poder Ejecutivo como del Legislativo están en contacto básicamente con información. Otorgan habilitaciones, o se las apoya con el voto desde el Concejo Deliberante, se permiten licitaciones, participan de la conformación de las comisiones de adjudicación de las mismas, votan créditos, loteos, posibilitan desarrollos inmobiliarios en diferentes lugares del distrito; y por cada una de estas cuestiones -por mencionar algunas- podría caber alguna sospecha de favoritismo, o de actos de corrupción.  

Lo mejor es evitar la sospecha, y la verdad limpia toda duda que pueda aparecer. 

 La población entonces espera que sus funcionarios no pongan excusas para mostrar su capital al inicio y al final de sus gestiones, para ajustarse a un Municipio Transparente, tal el nombre del programa al que adhirieron voluntariamente, y por el que se firmó un trato tripartito con la Oficina Anticorrupción Nacional y la OFI provincial. 

 Pese a ello ayer en el Concejo Deliberante fue presentado un proyecto para crear una Oficina Anticorrupción en el ámbito de la Municipalidad. La propuesta que presentó el concejal del unibloque Alternativa por la Justicia Social, Sebastián Suhit, contempla la designación de un coordinador que debe ser abogado y sugerido por el Departamento Ejecutivo, aunque sujeto a la aprobación del Legislativo, con los dos tercios del total de los votos. La sugerencia del integrante del interbloque pareciera no haber tenido en cuenta el acuerdo antes mencionado. 

El municipio ya adhirió a la creación de un programa anticorrupción y transparencia. Sorprende que no haya habido iniciativas que se ajusten a ese programa, y que pese a ello ahora se proponga crear una oficina y otra estructura administrativa cuando justamente la Provincia –con apoyo de Nación- brinda la estructura para que el municipio disponga de lo necesario, sin costo.