La Ciudad

La Justicia le había dado 15 días para responder

La Municipalidad apeló un fallo en contra por no dar información pública

26|11|18 10:58 hs.

La asesora legal de los vecinos de Reta que demandaron al municipio por no responder a un pedido de información pública sobre diversos temas de Reta vinculados con los recursos naturales de la localidad y necesidad de obras de infraestructura, contó que tras el fallo a favor de sus representados emitido desde el Tribunal de Trabajo, ahora la comuna –que sigue sin responder sobre aspectos centrales de la solicitud- apeló la medida judicial.


La queja 
Verónica Christensen cuestionó en consecuencia la insistencia de la comuna en sostener la determinación de no informar, y al respecto se quejó –en declaraciones hechas a La Voz del Pueblo- por “la plata que nos cuesta a los contribuyentes la ineficacia de la municipalidad”. 


Verónica Christensen, abogada especialista en Derecho Ambiental


Según Christensen “este juicio salió 80 mil pesos, 40 mil por cada abogado según sus honorarios que los tiene que pagar la Municipalidad”, dijo. Pero ahora en la apelación y segunda instancia los honorarios representarán una suma cercana al doble de lo pagado. Entonces podría estar teniendo que pagar unos 200 mil pesos por el sólo hecho de no dar información pública. Es como el precio a la ineficacia”, remarcó.  

La abogada Verónica Christensen se quejó por “la plata que nos cuesta a los contribuyentes la ineficacia de la Municipalidad”


Pasó antes 
La letrada además trajo a la memoria un juicio anterior que el municipio perdió ante frentistas del barrio parque Dunamar, en Claromecó. Indicó que ocurrió después que se planteara un recurso legal por la apertura de una calle. En ese momento los frentistas presentaron un amparo que les resulto favorable, y el municipio de Tres Arroyos “tardó años en ejecutar la sentencia de alrededor de 140 mil pesos. Nos cuesta una fortuna la ineficacia de este municipio”, insistió. 

Dijo que fue en 2008 cuando se inició este otro juicio en el marco de la apertura de calles sin estudios de impacto ambiental. “En primera instancia se rechazó por la Justicia local, pero la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata lo revoca y prohíbe hacer cualquier obra de apertura de calles sin estudio de impacto ambiental”.

Ya en 2014, según Christensen, “desoyendo esta sentencia se abre la calle de la costanera -la loma entre Remedios de Escalda y Salta, y el juez (Gabriel Guiliani) rápidamente ordenó que se recomponga al estado anterior”. 

Incluso destacó que para 2017 “no se cumplió con nada de lo ordenado, firmaron un acuerdo entre las partes para que el municipio haga las obras de recomposición y se fijó una multa de 140 mil pesos que se le debió pagar a los frentistas por el incumplimiento de la sentencia. Es plata tirada a la calle”, afirmó. 

“Tardó años en ejecutar la sentencia de 140 mil pesos. Nos cuesta una fortuna la ineficacia de este municipio”, insistió sobre otro caso ocurrido en Dunamar, Claromecó


Falta saber 
De acuerdo al fallo del Tribunal de Trabajo el municipio tiene que informar “correctamente” sobre “la resolución del Poder Ejecutivo que disponga la necesidad de ampliar la zona urbana de la localidad; si se efectuó forestación y fijado de médanos en las zonas de loteos sobre los médanos; si se han efectuado obras de desagües para el escurrimiento de las agua pluviales; si se han realizado obras para prevenir acumulación de aguas pluviales en terrenos bajos de dicha localidad y si se han tomado medidas de protección o conservación en las zonas que limitan el curso el curso o espejos de agua (arroyo El Gaucho o Albufera de Reta), y que sobre este punto resulta importante conocer la existencia o no de medidas de protección y conservación”. 


En Dunamar, el juez Gabriel Giuliani entendió que las obras "modificaban la topografía y afectaban recursos naturales que la ley protege y ordenó volver todo al "su estado anterior".


Sobre todo 
Afirmó Christensen que en un marco de “respuestas generales” el municipio no informó sobre la albufera, que fue declarado Paisaje Protegido. De hecho sólo presentó una copia de ordenanza que así lo declara. Pero también observó que sobre los loteos únicamente la comuna se limitó a contar que son de 1944. 

En el pedido de informes se pidió saber “por las subastas públicas hechas por el municipio, y no contestaron, evadieron esa respuesta”, sostuvo la abogada que ya piensa en presentar una nueva solicitud de información.