La Ciudad

Lo aseguró la Jueza de Garantías

“Es urgentísimo que estén habilitados los calabozos”

15|02|19 09:57 hs.

María Elena Baquedano integra desde 2009 el Cuerpo de Magistrados Suplentes y la Suprema Corte decidió que desde inicios del año reemplace a Alberto Daniel Gallardo como juez de Garantías del Joven de Tres Arroyos. También está subrogando a Rafael Oleaga, en el Juzgado de Garantías. 


La magistrada atendió a LA VOZ DEL PUEBLO para conversar sobre la resolución judicial por la que se clausuraron los calabozos de la Comisaría Primera de Tres Arroyos y los avances de las obras necesarias para su rehabilitación. La resolución de habeas corpus que dispuso las diversas actuaciones judiciales que concluyeron en la clausura de los calabozos de la estación policial tiene fecha 19 de diciembre de 2018, momento en el que subrogaba la doctora Fabiana Brandolin. 

Antes de ella, la doctora la doctora Verónica Vidal solicitó un oficio al asesor técnico de la Asesoría Pericial de La Plata. Este profesional -ingeniero civil- viajó hacia Tres Arroyos y constató las fallas estructurales del edificio de la Comisaría Primera. Por un lado verificó el estado del edificio en general y por otro en particular de los calabozos. 

Consideró que la ubicación geográfica de Tres Arroyos, la Unidad Penitenciaria más cercana a 200 kilómetros y la crisis económica por la que se recorta el presupuesto -por ejemplo de combustible- determinan que sea “urgentísimo que estén habilitados los calabozos, no sólo por una cuestión de prevención sino también de preservación y garantías de derechos humanos de las personas detenidas. Y no -como se dice en todos lados- porque seamos jueces garantistas, sino porque no se puede tener atado a un banco o a una mesa a una persona cuatro o cinco días”, subrayó.

La pericia edilicia
El agente de la Asesoría Pericial informó sobre: el estado de las paredes, techos, pisos y pintura. Si poseía instalación eléctrica adecuada, si contaban con luz natural y artificial apropiada, el modo de ventilación, el estado de las cloacas y si hay servicio de agua caliente y fría. Si posee sistema de seguridad siniestral, si las condiciones actuales permiten la habilitación de las personas allí alojadas. 

El asesor técnico informó punto por punto lo observado de los ejes mencionados en el párrafo anterior y escribió lo que se debía hacer. “La resolución del habeas corpus no dice lo que se tiene que hacer porque se acompaña una copia del informe técnico”, dijo la jueza Baquedano. 

Asimismo explicó que ante la situación planteada se procedió a la clausura inmediata de los calabozos en el mes de diciembre y se ordenó al titular de la Comisaria Primera -Comisario Gabriel Sosa- la prohibición de alojamiento de todas las personas privadas de su libertad hasta nuevo aviso y se dispuso el traslado inmediato de todos los que se encontraban detenidos -que eran muchísimos-”, manifestó la magistrada.

Baquedano relató los pasos que siguieron a la orden: “Se notificó la clausura a todos los órganos judiciales con injerencia penal de la ciudad como las UFI, el Juzgado Correccional, el Criminal, al presidente de la Cámara y al intendente -por el carácter de la comisaría- informando las condiciones edilicias”. 

Del mismo modo, la jueza explicó que “se intimó al titular de la Policía Comunal y al Ministerio de Seguridad de la Provincia para que en 20 días -desde la fecha en que se emanó la Resolución- presenten un plan de contingencia en el que se proyecten reparaciones y arreglos de las anomalías detectadas en la Comisaría Primera”. 

Y completó: “En virtud de esto desde la Municipalidad se han puesto al frente de estas obras por lo que nos llegó una nota del secretario de seguridad Claudio Cuestas en la que remitió información de lo que se está haciendo o se tiene pensado realizar de acuerdo a lo pedido. Confirmó que se trabaja en las cloacas, instalación eléctrica y el plan de evacuación para casos de incendio”, describió la jueza que subroga a Rafael Oleaga en Garantías.  

Las obras
Para Baquedano el inicio de las obras es sinónimo de comenzar a caminar en el buen camino en virtud de la causa del Habeas Corpus, por tal motivo dijo: “Llamaré a una reunión para que informen y se precisen más detalles como el tiempo estimado para habilitar porque es algo imperioso”. 

Manifestó que “nuestra función es garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La cuestión del personal policial nos interesa mucho, pero no podemos hacer ninguna acción concreta desde la Justicia, eso lo tiene que ver el Municipio y la Provincia”. 

En este sentido destacó la actitud del Municipio, “han tomado la posta del problema porque no es sólo algo que hace a la seguridad de la ciudad, se colabora con el Servicio de Justicia y también por el carácter comunal de la Policía. Habría que ver cómo el Ministerio de Seguridad podría colaborar con el Municipio”, señaló. 

Baquedano reiteró que planifica realizar una reunión para conocer los plazos aproximados en los que se podrían habilitar los calabozos para que por lo menos algunos se pongan en funcionamiento. “La situación es dramática para Tres Arroyos -aseguró- porque Gonzales Chaves también está clausurado -no sé el estado de avance de las obras-, también en Dorrego están clausurados hace tiempo los calabozos, pareciera que no hay voluntad de abrir estos lugares”, finalizó. 

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Tampoco es un edificio apto para el personal 
El perito de la corte -ingeniero civil a cargo de realizar el informe y la evaluación del edificio de la calle Pringles- que evaluó la estructura edilicia de la Comisaría dijo que tampoco ese lugar es adecuado para los funcionarios policiales. “Sin diferenciar hombres de mujeres y sin actitud de protegerlas, se necesitan espacios de higiene para ellas como así también para los hombres, muchos de ellos que hacen guardias de 48 horas y necesitan darse una ducha”, indicó la jueza María Elena Baquedano. 

“Como tampoco se encuentran en condiciones las habitaciones de la casa en la que deberían alojarse los jefes. Vi cuando fuimos a poner la faja de clausura -en enero- el techo que se cae, grietas en las paredes donde trabaja el personal administrativo”, agregó la magistrada.