Nacional

.

Nación derogó el uso de pistolas Taser pero Berni volvió a defender su uso

24|12|19 13:14 hs.

El gobierno nacional derogó hoy el protocolo que permitía el uso de pistolas "Taser" por parte de fuerzas federales de seguridad, pero el ministro bonaerense del área, Sergio Berni, volvió a defender su uso. 


La decisión de dar de baja a las Taser fue tomada a través de la resolución 1231 del ministerio de Seguridad nacional, que comanda Sabina Frederic, en la que se revoca además el el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, entre otras medidas. 

Berni, en tanto, volvió a defender el uso de ese tipo de armamento, como ya había hecho días atrás. El ministro dijo que lo hace por "razones operativas" y que no cree que haya una polémica con Frederic al respecto, sino miradas puntuales diferentes. 

En una entrevista radial, Berni recordó que tiene una "postura histórica" respecto de las Taser y que esa postura se basa en su su experiencia de acompañar a efectivos de fuerzas de seguridad en operativos.

En la provincia se compraron Taser durante la gestión de Cristian Ritondo, para entregarlas a fuerzas de la policìa bonaerense como el Grupo Halcón. 

En el artículo 1 de la resolución de Frederic se deroga la resolución de su antecesora Patricia Bullrich por medio de la cual se aprobó el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, en tanto que el artículo 3 deroga el reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales. 

En los considerandos de la resolución, se indica que "autorizar la utilización del armamento letal ante el mero acaecimiento de una fuga, o de resistencia a una detención si quien lo hace no encuadra en una situación estricta de "peligro inminente" de ocasionar la muerte" -tal como indicaba el protocolo de Bullrich- atentaba "contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal; principios que, junto con la excepcionalidad y la progresividad, rigen el accionar policial en el modelo de un Estado Democrático de Derecho". 

"La habilitación del uso de armas letales por fuera de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, racionalidad y progresividad que deben regular su uso, configura una situación de riesgo para las personas víctimas de delitos, para personas ajenas al hecho y para los mismos integrantes de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad", advierte el texto.  

Explica asimismo que "este uso "irracional" incrementa la violencia en los hechos delictivos", "convierte en extremo cualquier enfrentamiento" y "estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir". 

En cuanto a las armas Taser, se ordena que se elabore un protocolo que "regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica".

"La ausencia de regulación sobre cómo debe utilizarse este armamento ocasiona una situación de peligro exponencial -pudiendo transformar su uso en letal-, toda vez que no se delimita claramente la distancia a la que debe ser utilizada el arma, los lugares del cuerpo donde pueden realizarse las descargas, cuánto deben durar las mismas, si pueden reiterarse, la población sobre la cual su uso debe estar totalmente prohibido, cómo proceder ante una posible descompensación, qué controles médicos deben realizarse con posterioridad a fin de no padecer problemas en la salud, entre muchas otras circunstancias", advierte la norma. 

Por otro lado, la norma conocida hoy deroga también la resolución de julio de 2019 que creó el Servicio Cívico Voluntario en Valores, que había sido creado como "un ámbito de cohesión e integración social, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años" e implementado por la Gendarmería Nacional, y se instruye para que "los objetivos y componentes del mismo vinculados a la educación, la salud y el bienestar, lo social y lo laboral, puedan ser asumidos y gestionados por las áreas competentes de la Administración Nacional". 

En los considerandos, se indica que "las finalidades y funciones asignadas a la Gendarmería no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio Cívico Voluntario, de tal modo que las tareas encomendadas a esa fuerza son completamente ajenas a las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad". 

Por último, se deja sin efecto también la norma que creó el Programa Ofensores en Trenes, por medio del cual los efectivos de fuerzas de seguridad podían solicitar DNI a los usuarios de ese medio de transporte. 

Según se establece, esta medida "criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados", ya que "se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación". (DIB).- AL