Interés General

En Mar del Plata

La Provincia denunció irregularidades en una obra eléctrica firmada por Vidal

07|07|20 18:55 hs.

El Gobierno bonaerense denunció irregularidades en un contrato por 100 millones de dólares firmado durante la gestión de María Eugenia Vidal para la ampliación de una central eléctrica de Mar del Plata, y anunció que realizará una auditoría sobre la ejecución del proyecto. El anuncio fue realizado por el ministerio de Infraestructura bonaerense, que sostuvo en un comunicado que “habrían existido irregularidades y anomalías en un contrato millonario con la empresa Proenergy Service de Argentina S.R.L. que ameritan una auditoría integral para su revisión”. 


Según se precisó, el contrato a analizar es de 2016, y se firmó para la ampliación de la potencia de una planta de generación de energía eléctrica en la Central 9 de Julio, ubicada en Mar del Plata y dependiente de la empresa Centrales de la Costa, en la que la Provincia es titular mayoritaria. 

La obra implicaba la ampliación en 100 megavatios (MW) de potencia y se licitó bajo la modalidad “llave en mano”: es decir, que la encargada debía “concebir, construir y poner en funcionamiento la obra”. Según señalaron fuentes de Infraestructura, “el primer registro sospechoso fue el tiempo récord en que se realizó la adjudicación de la obra: en 24 horas se analizaron las cuatro ofertas que se presentaron, se emitió el informe de la Comisión Evaluadora y Proenergy fue la ganadora de la licitación por un monto de 101 millones de dólares”.

Además, desde La Plata cuestionaron que la orden de compra se hizo a favor de Pro Energy Services LLC, mientras que el oferente del concurso fue Proenergy Service de Argentina SRL: es decir, otro titular. Según se explicó, “esto no es un detalle administrativo: implicaría un grave perjuicio económico ya que todos los fondos debieron ser girados a una empresa en el exterior”. 

Por otro lado, la Provincia denunció que durante la firma del contrato “se modificaron numerosas condiciones del contrato que conllevarían un riesgo económico”. Y cuestionó que, a raíz de una demora por parte de la empresa en los trabajos, Cammesa, la compañía mayorista de distribución de energía, multó a Centrales de la Costa por 12 millones de dólares. 

En mayo pasado, el Gobierno ya había recurrido a la Justicia tras desaprobar el balance del último año de ABSA, empresa mayoritariamente estatal. Allí se denunciaron “exorbitantes gastos sin justificación”, entre los que se contaba “un alquiler por $ 40 millones anuales del edificio central de la empresa; la inversión que aún no se pudo precisar en cifras del equipamiento de ese edificio; el alquiler de una oficina en Esmeralda y Paraguay (CABA) por $ 556.380, de uso exclusivo del ex presidente (más la compra de un mobiliario en el que aún no se pudo precisar la cifra)”. (DIB)