Opinión

Por Roberto Barga

Todo tiene que ver con todo

13|09|20 19:22 hs.

La semana que termina arrancó a todo vértigo. Típico de la Argentina, país generoso en acontecimientos, una semana nuestra, equivale a un lustro de Noruega. 


 Como dice la doctora Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, “todo tiene que ver con todo” y es imposible despegar las tomas de tierras en el Gran Buenos Aires, con la intifada policial de los “patas negras”, el desconocimiento a una manda judicial que impidió el ingreso de Lázaro Báez para cumplir prisión domiciliaria en un country bonaerense y el guadañazo que le pegaron al presupuesto de coparticipación de la Ciudad Autónoma. Nos explicamos. 

 Podemos discutir si la ocupación de tierras es un plan sistemático de punteros, de barras bravas, de jueces que hacen la vista gorda o de policías que no actúan o todo eso junto. Lo cierto es que para que las ocupaciones acontezcan, tienen que existir, como dirían los marxistas, las condiciones objetivas. Y vaya si las condiciones están. Miles de desdentados empujados por el déficit habitacional y por una pobreza creciente. Miremos este dato: antes de la pandemia los distintos estados asistían con comida a ocho millones de habitantes. Hoy 11 millones de argentinos dependen del brazo estatal para recibir alimentos. 

 En el otro extremo de la pirámide social, un grupo de vecinos del country Aires de Pilar impedían el lunes pasado por la noche, el ingreso de la camioneta del Servicio Penitenciario Federal, que trasportaba a Lázaro Báez para cumplir con el arresto domiciliario. 

 Primer punto de concatenación entre esta serie de acontecimientos. Los desdichados de siempre toman tierras, porque nos les queda otra, no tienen recursos para alquilar, y menos para comprar una parcela. El futuro de esas tomas terminará, como casi todas, en una villa de emergencia. Sin cloacas ni servicios, serán un caldo de cultivo para todas las historias de marginación conocidas. ¿Y el Estado? Bien, gracias.

 Los vecinos de un barrio acomodado, no quieren vivir con un empresario acusado de corrupción. Pero para eso desconocen la decisión de un juez, que no es para liberar a un presunto delincuente (lo de presunto es porque no tiene ninguna condena firme y estaba encarcelado con prisión preventiva), sino para que cumpla prisión domiciliaria mientras avanza el proceso. El operativo fracasa y Báez volvió esa noche a la cárcel de Ezeiza. ¿Y el Estado donde estaba para hacer cumplir la disposición de un juez? 







 Mientras estos episodios trascurrían con cierto paralelismo, una rebelión de la policía de la Provincia de Buenos Aires completaba el cuadro de desasosiego general. El reclamo estaba originado en el salario policial y todo el tiempo rondaba la comparación con sus colegas de la CABA. En provincia un poli raso gana 34.000 pesos, mientras que uno de la ciudad de Buenos Aires casi 50 mil. 

Los hechos tuvieron epicentro en el Puente 12, partido de La Matanza, pero el drama se tornó insostenible, cuando un grupo de policías rodeó la residencia presidencial de Olivos, dando la impresión de que algo grave podría ocurrir. 

Enseguida se estableció un paralelismo con lo ocurrido en Bolivia el año pasado, cuando, a resultas de un levantamiento policial, Evo Morales tuvo que abandonar no sólo la presidencia, sino el país. 

 Las usinas oficialistas salieron a denunciar manos negras y operativos destituyentes, y las palabras de Eduardo Duhalde recuperaron vigencia. La policía se amotinó por un reclamo que el propio gobierno provincial reconocía como justo. Cuando lo tiene prohibido y todo se complicaba porque tampoco puede sindicalizarse, con lo cual no se podía establecer una negociación con interlocutores válidos. La sensación que se va instalando desde hace tiempo, es que cada grupo o facción o corporación va haciendo lo que le sale de las narices, mientras el Estado observa y sólo interviene cuando la cosas parecen salirse de madre. 

 La solución que encontró el gobierno nacional para echarle un cable a Axel Kicillof y que este pudiera, a su vez, recomponer el salario policial, fue manotear un punto de la coparticipación federal de la CABA y transferirlo a la provincia de Buenos Aires. Nobleza obliga, hay que señalar que la coparticipación de CABA había aumentado en el gobierno de Macri para, precisamente, sostener desde lo presupuestario, el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. 

 La medida de Alberto Fernández tiene el sello indiscutible del kirchnerismo y a la vez actúa de auténtico “parteaguas”. Lo del sello queda respaldado en la siguiente anécdota: corría el año 2012, y, a poco de asumir José Manuel De la Sota su tercera gobernación al frente de Córdoba, se planteó una disputa con el gobierno nacional presidido en ese entonces por la actual vicepresidenta , por la liquidación de los fondos de jubilaciones. Mientras la pelea escalaba, Cristina le dijo a un emisario cordobés que ella no pensaba pagarle la campaña presidencial a De la Sota y el reclamo terminó en la Corte Suprema. Cualquier coincidencia con la actualidad no es pura casualidad. 

 Y lo del “parteaguas”, hay que buscarlo en el hecho sagaz de romper una agenda e imponer otra completamente distinta. 

En la tarde del miércoles hasta el anuncio del Presidente, la agenda estaba monopolizada por la disputa salarial con la Bonaerense y con la deriva esperpéntica de los manifestantes. Luego del discurso de Alberto Fernández, la discusión tuvo un giro copernicano. Nos olvidamos del conflicto policial y empezamos a discutir sobre lo justo de traspasar unos fondos de un distrito a otro. 

 Pero además, la movida de Alberto operó sobre las placas tectónicas del sistema político argentino, ya que sentó definitivamente a Horacio Rodríguez Larreta, como el candidato presidencial del arco opositor. 

 Larreta recogió el guante,- qué remedio por otra parte,- y se exhibió en la tarde noche del jueves con tono presidencial. Anunció lo lógico, que recurrirá a la Corte Suprema, e intentó no replegarse en las cuatro paredes de la Capital. 

 Pero a Larreta se le abren otros desafíos. Ya no le alcanzará con su agenda de la positividad. Para un candidato a Presidente, hablar de la poda de los árboles, o de las bici sendas, o de las maratones en los bosque de Palermo, suena a poco. 

 Su discurso tendrá que referenciarse en la disputa nacional, y, por sobre todas las cosas, deberá contar con un relato creíble de lo que pasó en la última experiencia social conservadora que ejecutó su mentor, Mauricio Macri. No sólo es cuestión de enmendar la plana al capítulo económico del macrismo, sino que tendrá que mostrar alternativas a lo que se hizo y a lo que se está haciendo. Se acabó cierta zona de confort para él, ahora es otro tiempo, está en el ring y comenzó la pelea por el trono del 2023. 

 Mientras tanto, los acontecimientos que vienen de afuera suelen ubicarnos en tiempo y espacio. Como era lógico y esperable, dada la correlación de fuerzas, Argentina perdió la disputa por la Presidencia del BID. ¿A quién se le ocurre disputarle el Banco a EE.UU, cuando el imperio quiere el BID como parte de la disputa que tiene con China, para ejercer influencia en Latinoamérica? 

 Así las cosas, Gustavo Beliz (él quería la Presidencia del banco), deberá conformarse con lo que tiene, su cargo en la Secretaria de Asuntos Estratégicos. Dicen las malas lenguas que está disconforme. Qué va a hacer, paciencia. 

 Y también de afuera llega la queja de las empresas internacionales que participaron del proyecto PPP (participación público privada) para realizar corredores viales en forma de autopistas que aliviaría el vetusto estado de las rutas argentinas. El gobierno nacional quiere dar de baja esos contratos celebrados durante la administración Macri. Pero se olvida de un pequeño detalle, los contratos tienen como sede de disputa ante eventuales contenciosos, la ciudad de Nueva York y ya sabemos cómo terminan los juicios que tiene la Argentina en el extranjero: perdidos por montos multimillonarios y pagados por todos nosotros.