Opinión

Editorial

Venezuela

11|10|20 17:59 hs.

Los involucrados en el proceso decisorio a nivel de un gobierno, en materia exterior, son el Presidente, su Cancillería y la burocracia del Estado (la permanente y la temporaria), que constituyen el primer grupo directamente interesado en la política internacional de un país. Podríamos mencionar también la existencia de un segundo grupo más vasto y difuso, integrado por “grupos de presión” y “factores de poder”, que se ven involucrados en la política exterior de un Estado en la medida que sus intereses lo requieren por motivos de distinto orden: políticos, económicos, culturales y de poder. Este segundo grupo, al menos, en el caso argentino, tiene influencia, mayor o menor, dependiendo de la administración de turno o de los temas que esta tenga entre manos, pero no inválida ni obtura el rasgo fuertemente monolítico que han tenido los sucesivos gobiernos nacionales en lo referente a la formulación e implementación de su política exterior, a lo largo de la historia nacional. Rasgo, que reconfirma el perfil presidencialista argentino, que se encuentra en sus formas constitucionales y en el afecto hacia los liderazgos fuertes, notablemente personalistas, de nuestra cultura política. Entonces, en lo que a decisión se refiere, lo determinante a la hora de responder a los ¿cómo?, a los ¿por qué? y a los ¿para qué? en el ámbito internacional, es el Poder Ejecutivo Nacional el único y determinante actor. En otras palabras, su titular. 


“…Mi Oficina siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina(…) Además, observamos restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas (…) La pandemia se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria. Cáritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo (…) Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020 (…) Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos (…) Me preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral…”, expresó Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la ciudad de Ginebra, el día 25 de septiembre, sumando más elementos condenatorios a Venezuela desde el anterior informe emitido el 2 de julio del corriente año. 

Nuestro país avaló está resolución que no admite objeciones en cuanto a la situación de los DDHH en el país latinoamericano, y que nuevamente fue puesta sobre la mesa la semana pasada, en el mismo foro internacional. 

Si bien toda alianza política puede tener diferencias internas sobre cuestiones específicas de gestión o en relación a determinadas temáticas, es llamativa la reacción negativa y de desagrado, que algunas voces del oficialismo manifestaron públicamente frente a otra votación condenatoria al régimen de Maduro y su modo de hacer política. Esto sorprende, dada la singular historia argentina en materia de DDHH, no solo por lo que padeció como país, sino por haber estado a la vanguardia de la legislación y protección de derechos en esta materia. 

 Dos cosas, nos parece, son importantes para indicar frente a las resistencias surgidas en la alianza gobernante a causa del tema Venezuela. En primer lugar, como se expresó en el inicio de este comentario editorial, la decisión en materia de política exterior es un atributo exclusivo del Presidente. En consecuencia, aquellos funcionarios diplomáticos, que no compartan sus puntos de vista deberían renunciar o ser despedidos, tal como ocurre en cualquier país democrático. En segundo lugar, habiendo sido la población argentina afectada de la peor manera, en su vida, cultura, sociabilidad y economía por regímenes autoritarios y represivos a lo largo del Siglo XX, nuestro país, no debería expresar ni tener ningún margen de duda para condenar situaciones similares o potencialmente graves, en países, sobre todo, de nuestra región. La Argentina tampoco, debería ejecutar una política de doble estándar o de doble moral, protegiendo a Estados supuestamente afines, de condenas y sanciones internacionales, por violar los derechos elementales de sus ciudadanos y ciudadanas. Hacer esto es deshonrar a aquellos que han luchado y luchan, dando su tiempo, exponiendo su patrimonio, arriesgando a sus familias y entregando, en muchas ocasiones, su vida, en pos de la plenitud del goce de los derechos humanos en nuestro país y el mundo.