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Los olivares a la Justicia Penal

A una actuación de oficio iniciada por la policía de Claromecó, se le sumó una denuncia en la sede de la policía de investigaciones (DDI) en Tres Arroyos, hecha por Marcelo Abraham, para que a manos de la Justicia comience a llegar el producto de toda pesquisa tendiente a resolver el ataque sufrido en la producción de olivares, ubicados en la Estación Forestal de Claromecó. 

La causa lleva el número 2845/18 y recayó en la Fiscalía Nº 6 del fiscal José Bianconi, cuya instructora judicial es Natalia Dellorusso.
Después que el viernes pasado el docente que lleva adelante el proyecto productivo en tierras del Estado, advirtiera la gravedad del daño causado presumiblemente con el uso selectivo de glifosato y 2-4D sobre las plantas con las que intenta producir oliva en el marco de un proyecto educativo y turístico, se puso en contacto con la abogada especialista en derecho ambiental, Verónica García Christensen (Mat. T XVII – F 67. C.A.B.B.).

Verónica García Christensen, abogada especialista en Derecho Ambiental

La letrada le contó a LA VOZ DEL PUEBLO que una vez que pudo observar las consecuencias de la fumigación que se le aplicó a los olivares, dijo que resultó “evidente, las filas estaban marcadas con algún veneno”.
A partir de entonces resolvieron en conjunto presentar la denuncia penal, mientras la policía claromequense inició averiguaciones en una causa titulada como “daño”.

“Tenemos que estar seguros de que si pasa un mosquito o un avión fumigando cerca de personas, o de escuelas rurales como es lamentablemente habitual, es un delito penal”, advirtió García Christensen.

 

“Es indudable” 
Desde el lunes, Abraham con el asesoramiento de García Christensen aportaron en Investigaciones; documentación, fotos, y su propia declaración testimonial, como víctima del hecho.
“Pedimos que se impulse una pericia físico química para determinar qué veneno fue el que se usó, o al menos para determinar si hay intoxicación de plantas, que para nosotros es indudable, pero se necesitan las pruebas”, sostuvo la asesora legal.

Amplia intervención 
La especialista en derecho ambiental dijo a este diario que “los casos de contaminación por fumigación son relativamente nuevos para la justicia penal, la experiencia se va haciendo sobre la marcha. Así que nos pusimos a disposición para colaborar, dimos datos de la Policía Ecológica, la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Ambientales, la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agroindustria, el Defensor del Pueblo, la universidad de La Plata y la de Rosario”. 
Explicó que se trata de organismos que han intervenido en otros antecedentes de este tipo, “y que han aportado conocimiento y herramientas técnicas para las investigaciones. Ahora la idea es impulsar la investigación”.  

“En un pueblo chico sin mucho sustento económico más que el turismo. Para mí un ejemplo perfecto de auténtico progreso, y ¿se boicotea así? ¿Dónde vivimos?, ¿con quién compartimos los días?”, planteó.

Empezar a denunciar 
Consideró García Christensen que “es importante que se empiecen a denunciar las fumigaciones, tenemos que estar seguros de que si pasa un mosquito o un avión fumigando cerca de personas, o de escuelas rurales como es lamentablemente habitual, es un delito penal incluye desde daño ambiental, contaminación de agua, suelo aire, lesiones leves o graves, hasta la afectación de la salud, etc”. 
A propósito contó que hay varias condenas que recayeron sobre “fumigadores, productores, y hasta a ingenieros agrónomos”. Es por eso que insistió con “llamar a la policía, la policía rural, o la policía ecológica. Yo les diría que no duden en hacerlo. También es delito contaminar así un predio con cultivos cuyo dueño no usa estas prácticas de fumigación”, afirmó mientras deslizó que se encuentra a “disposición para ayudar con estos casos”. 
Boicoteado 
La abogada además trazó un breve y duro análisis sobre lo ocurrido con los olivares. “Lo que más duele es el panorama desalentador del predio. Y cada día es peor, cualquiera puede darse cuenta que tal vez no se salven las plantas. Es triste, no solo por el daño económico -que es muy elevado- sino por la situación. En un pueblo chico sin mucho sustento económico más que el turismo, un proyecto productivo que iba a quedar por generaciones y con excelente asesoramiento técnico, con un suelo analizado de inmejorables condiciones, todo documentado, y todo a pulmón. Para mí un ejemplo perfecto de auténtico progreso, y ¿se boicotea así? ¿Dónde vivimos?, ¿con quién compartimos los días?”, sostuvo en tono de pregunta.  

“Ojalá esto sirva para que el Vivero deje de ser ‘tierra de nadie’ y sea ‘tierra de todos’. Que se haga un plan serio de manejo”, expresó

Vive para su pueblo 
Acerca de su patrocinado, expresó que “Pepo es una persona que vive para su pueblo, tiene propuestas de trabajo en San Juan que cualquiera no dudaría en tomar, y se queda acá. Propone proyectos productivos increíbles, que son sistemáticamente boicoteados”. 
Apuntó además que “cuando se quemó el Vivero en el 2000, había un grupo inversor italiano, con el que él venía trabajando desde el ‘95, que quería forestar todo el Vivero y hacer un aprovechamiento de los piñones, serio, y le pusieron tantas trabas que se fueron a Uruguay”. 

Copia de la actuación de la policía claromequense

Y remarcó que “ahora, diseñaron con los chicos de la escuela un circuito saludable para el Vivero, hicieron carteles hermosos, soldaron, lo único que necesitaban eran 25 mil pesos del municipio, y a último momento le dijeron que no. Leí la nota de Pity Federico: ‘dos millones en Abel Pintos, y no hay plata para la Colonia de Vacaciones’, es inadmisible. Pero así vamos”, sostuvo. 
Agregó además que Abraham “armó con los chicos un plan de forestación con ‘bombas de semillas’, un método hermoso y simple, para la Reserva Natural del Vivero, y le dijeron que no. De paso, la Reserva cumple un año y no hay ni un avance para protegerla”.  
“Tierra de todos” 
Recordó la abogada que “la ordenanza establece que hay que formar una Comisión, hicimos una nota firmada por Fomento, por Gapta, por cuatro o cinco biólogos locales, como Gabriel Francia o Paula Taraborelli, mucha gente comprometida, y no se convocó nunca”. 
Finalmente planteó que “ojalá esto sirva para que el Vivero deje de ser ‘tierra de nadie’ y sea ‘tierra de todos’. Que se haga un plan serio de manejo, que se controle y se cuide de una buena vez”. 
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