El Gobierno bonaerense extendió hasta el lunes el plazo para que los tenedores del bono BP21 confirmen si aceptan la oferta de «reperfilamiento» para estirar el pago del capital hasta el 1° de mayo próximo.
Es la segunda ocasión en que Kicillof extiende el plazo de las discusiones: la primera fecha de vencimiento de la oferta de «reperfilamiento» venció el 22 de enero, pero la Provincia no logró alcanzar el 75% de los avales requeridos debido a que los acreedores cuestionaron la falta de tiempo y de precisiones sobre la oferta.
Es por ello que para conseguir el apoyo de los bonistas, el Gobierno había propuesto pagar por anticipado los intereses del capital diferido (por el periodo que va del 27 de enero al 1° de mayo), pero no alcanzó.
Según la Provincia, «los bonistas ahora recibirían, de ser aprobada la modificación, aproximadamente US$ 28,698 cada US$ 1000 de capital diferido».
En las últimas horas trascendió en los mercados que el Gobierno podía evaluar otras alternativas, como un acuerdo para el pago parcial del capital o un «préstamo puente» con bancos locales.
Fuentes del Ejecutivo señalaron, no obstante, que «no está tan claro» que eso vaya a ocurrir.
El Gobierno busca diferir hasta el 1° de mayo el pago de US$250 millones correspondiente a un vencimiento del capital del bono BP21 (originalmente agendado para el 26 de enero). Tras la nueva fecha límite del 3 de febrero, el Gobierno provincial tendrá poco margen para seguir negociando, puesto que si no hay acuerdo y no paga antes del próximo miércoles entrará en default.
¿Cuántos aceptaron hasta ahora?
El lunes pasado surgió la versión de que el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán, había dicho en una reunión del Consejo de las Américas que hasta ese momento al propuesta de la Provincia había alcanzado apenas el 26% de la aceptación, lo que pareció contradecir a su par provincial, Pablo López, que había hablado de un acatamiento «importante» por parte de los acreedores.
En Gobernación, en tanto, evitan dar porcentajes para evitar especulaciones y cambios de posición de último momento.
Si bien voceros del gobierno nacional y provincial pusieron en duda que Guzmán haya dado esa precisión, DIB pudo constatar que en la administración bonaerense están convencidos de que ocurrió.
Lo atribuyen a la estrategia nacional de negociación: «se intentó dar una señal de que la aceptación avanza y a la vez alentar a sumarse», conjeturó una alta fuente del Gabinete.
Si hay default, la Provincia se expone a una demanda en tribunales internacionales y a una «aceleración» del total de la deuda, lo que implica que sería exigible en su totalidad ahora. De todos modos, esto último no ocurriría de manera automática.
Los escenarios posibles
La provincia tiene ante sí dos escenarios muy diferentes en materia de deuda: si finalmente esquiva el default, tendrá un alivio fiscal importante, pero si no lo logra, se expone a una «aceleración» de los plazos de pago de todas sus acreencias bajo ley extranjera, unos USD 7 mil millones.
El primer efecto de alcanzar un acuerdo pasaría por el horizonte fiscal: la provincia tendría más margen para hacer frente a las exigentes demandas de la gestión, en un período en el cual se suman complejidades, como los aumentos salariales a sus empleados, que ya están comprometidos.
Además, descargaría en Nación el peso de la negociación más compleja, porque los papales de la provincia quedarían atados al destino de esas conversaciones. Ojo: en mayo la provincia tiene el segundo vencimiento importante del año: USD 110 millones de un bono PAR. Por eso, aunque ahora haya postergación, si en ese momento no hay acuerdo, deberá pagar USD 360 millones, una meta incluso más exigente que la que hoy no puede alcanzar.
Pero si hay default ahora se abren escenarios más complejos.
El primero es el litigio judicial, que se haría en tribunales de Nueva York, porque el bono que vence está atado a legislación extranjera. El segundo, no menos complejo, es la aceleración de la deuda. Esto es: los bonistas podrían exigir el total del bono PAR 21, que es de USD750 millones, aunque aún no haya vencido.
Es más: a ese mismo recurso podría apelar el total de los tenedores de la deuda bonaerense nominada en moneda extranjera, que alcanza unos USD 7 mil millones. (DIB) FD/JG
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