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El juez Federal Juan Pablo Augé dictó la prisión preventiva para 22 sospechosos acusados de formar parte de una organización que sustraía petróleo en oleoductos de YPF, a quienes además les trabó un embargo por 353 millones de pesos.
El principal eslabón de la investigación que lleva adelante la Fiscal Federal de Lomas de Zamora, Celina Incardona, tuvo su punto fuerte el pasado 2 de febrero, después que un miembro de la organización, en este caso, encargado del trasladado del crudo, perdiera la vida tras quemarse durante un accidente en Coronel Dorrego, donde trasvasaba el petróleo desde el oleoducto a un camión con el que posteriormente era trasladado a una refinería clandestina.
Se trata de Edgar Vargas Báez, quien en la madrugada de ese día, en momentos que se encontraba sustrayendo petróleo de un tramo del oleoducto que YPF posee entre Bahía Blanca y la principal refinería de la empresa nacional en la ciudad de La Plata, ubicado en el kilómetro 28 de la ruta Provincial N°72, en el vecino distrito, sufrió quemaduras en el 51% de su cuerpo y, dos semanas más tarde, dejó de existir en un centro de salud de la capital provincial, tras haber sido atendido en principio en el Hospital Municipal de Coronel Pringles.
Tal como publicó LA VOZ DEL PUEBLO en su edición de aquel momento, la investigación inicial a raíz del hecho fue encabezada por el fiscal bahiense Sebastián Foglia, quien solicitó sendas órdenes de allanamiento a la doctora Lucenti, titular del Juzgado de Paz de Coronel Dorrego, los cuales fueron practicados en la ciudad de Olavarría, donde se obtuvieron datos que propiciaron más de una veintena de detenciones días más tarde.
Esos elementos se incorporaron posteriormente al expediente que llevaba adelante desde el mes de diciembre la fiscal Federal Incardona, y en donde, según publicó el diario La Nación, consta que el fallecimiento de Vargas Báez se produjo el 19 de febrero como consecuencia de un shock séptico en el hospital San Martín de La Plata, a raíz de las quemaduras sufridas en el 54% de su cuerpo.
Ese siniestro se desató como consecuencia de una acción improvisada de emergencia, luego que YPF, ante la existencia de sospechas de estar sufriendo sustracciones de crudo.
Error fatal
Error fatal
Según confió una fuente de YPF al periodista Gabriel Di Nicola, de La Nación, la banda se vio en la obligación de cambiar de modalidad de sustracción ante la realización de un mapeo con 70 u 80 potenciales lugares donde podrían estar “punzando” los 800 kilómetros que componen el oleoducto Bahía Blanca-La Plata.
El nuevo modus operandi consistía en realizar un pozo hasta llegar al ducto, pincharlo, y conectar la válvula a una manguera que descargaba directamente en un camión cisterna estacionado al lado del ducto. “Esta modalidad requiere mucha menos inversión de base, es totalmente flexible y ágil, pero, sin embargo, les impide tener un flujo regular y eficiente, ya que luego de cada extracción se debe dejar enfriar el lugar una semana y puede haber errores», señaló la fuente periodística. Hubo un error y causó la muerte de Vargas Báez.
De acuerdo a la reconstrucción del expediente judicial, «al momento de realizar la carga, se produjo una descarga de energía estática sobre el faro indicador verde situado sobre la parte superior del camión cisterna la que, en contacto con la lona estibada en proximidad generó un incendio que, combinado con el hidrocarburo contenido en el tanque, ocasionó una explosión seguida de una deflagración de llamas».
La muerte no frustró las intenciones de continuar con el accionar delictivo, sin embargo, los rastrillajes por la investigación por el caso Facundo (Astudillo Castro) y las consecuencias de la pandemia del Covid19, detuvieron las intenciones de realizar nuevas perforaciones en el sur bonaerense.
Los sospechosos fueron procesados por diferentes delitos: “asociación ilícita, robo agravado, estrago agravado por el peligro común para los bienes y por haber sido la causa inmediata de muerte de una persona”.
Uno de ellos, según consta en el expediente judicial, fue José Luis Olivetto, de 62 años. Un personaje conocido en el rubro que ya había sido condenado en 2017 a diez años de cárcel por el robo de crudo en Río Negro.
Las sucesivas apelaciones de la sentencia llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La sospecha de los investigadores es que, después de las condenas para Olivetto y otros sospechosos, la banda mudó su base de operaciones al sur de la provincia de Buenos Aires para continuar con el mismo modus operandi.
La sospecha de los investigadores es que, después de las condenas para Olivetto y otros sospechosos, la banda mudó su base de operaciones al sur de la provincia de Buenos Aires para continuar con el mismo modus operandi.
Hoy, 22 de ellos ya están detenidos con prisión preventiva con la modalidad de arresto domiciliario y con un millonario embargo trabado. (La Voz del Pueblo/La Nación)
