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DE LA REDACCION DEL DIARIO
Las estadísticas elaboradas por la Open Knowledge Foundation se basan en la información que los países publican sobre presupuesto, datos nacionales, compras y contrataciones, leyes, proyectos de ley, mapas nacionales, resultados electorales, registro de sociedades y gasto del gobierno.
En la última sesión del Concejo Deliberante y tras el pedido al Ejecutivo por parte del bloque Cambiemos para que «eleve los decretos en tiempo y forma según la legislación vigente», el oficialismo informó que «habrá novedades, estamos estudiando cómo implementar lo proyectado por Cambiemos respecto a publicar el boletín oficial». Desde el bloque macrista proponen que el boletín oficial municipal se elabore una vez por mes y sea de acceso público incorporándose sin restricciones a la web oficial del municipio. La ordenanza vigente establece que se edite en forma trimestral y que se publiquen las ordenanzas, decretos del Departamento Ejecutivo, teniendo en cuenta la ordenanza 6040/10 que establece que toda persona tiene derecho a recibir información completa de todos los entes de la municipalidad, la información pública pertenece a los ciudadanos y los funcionarios sólo son administradores.
Sin embargo, en la misma sesión algo pasó desapercibido a los concejales o por lo menos no lo mencionaron. Al comenzar su intervención la concejala Laura Aprile se refirió a un cambio que debería hacer en los considerandos del proyecto, respecto a la actualización de los decretos y su presentación pública, ante «una información que me dio la secretaria del Concejo». Dijo que la documentación pedida no estuvo a tiempo por un problema en el mail, que «hace unas semanas no funcionaban bien las impresoras» y otros argumentos técnicos. La misma fundamentación utilizó el concejal Guillermo Salim, aunque no profundizó demasiado; sólo dijo «el tema de los decretos parcialmente fue aclarado».
Sin embargo, LA VOZ DEL PUEBLO pudo recoger -ya el año pasado- los mismos datos en el mes de abril respecto a la problemática técnica por la que no se «imprimían» los decretos.
Siendo esto cierto o no, la única verdad es que la misma excusa rige desde hace un año y los decretos públicos -que no se pueden sacar del edificio municipal y hay una única copia- están actualizados sólo hasta junio de 2016. En los últimos años, el sistema habitual del Ejecutivo es entregar los decretos a los bloques de concejales con meses de demora, cuando las decisiones en muchos casos son hechos consumados y se pierde cualquier posibilidad de control concreto. De más está decir que son documentos a los que está muy lejos hoy de que accedan los vecinos, lo que sí sucede en otros distritos como Bahía Blanca o San Cayetano, por citar dos casos de la región.
Aprile tímidamente en la sesión dijo algo para tener en cuenta cuando se refirió a que un problema de impresión no debería ser la limitante para tener la información que por ley debe estar a la vista de toda la ciudadanía. En los municipios de gobierno abierto y gestión transparente toda la información pública está en la web. Esto anularía la innumerable cantidad de pedidos de informes solicitando lo que la ley obliga, los e-mails que nunca llegan, las impresiones innecesarias y los costos que implican.
Los decretos municipales permiten saber qué horas extras se pagan y a quién, los sueldos de los funcionarios y actualizaciones, los listados de ayudas sociales, las horas cátedra de cultura y deportes, la nómina de las personas que dictan esas horas cátedra, dónde y cómo, el uso con formato de subsidio del Fondo de Financiamiento Educativo, los pagos a los artistas que actúan en la Fiesta del Trigo, en la Fiesta del Color, viáticos, consumos, insumos, prácticamente todo.
Actualmente los datos mencionados y más llegan con muchísimo retraso al Concejo con la consiguiente dificultad para su análisis, sin contar que ningún ciudadano que no sea concejal o funcionario lo puede leer, a pesar de la ordenanza de acceso a la información pública.
Pertenencia
La Argentina ascendió 34 puestos en el Indice Global de Datos Abiertos publicado por la Open Knowledge Foundation y se ubica en el top 20 del Ranking Mundial de Transparencia. Se convirtió en la nación de mayor crecimiento en ese rubro al subir 34 puestos.
Por su parte, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, sostuvo: «Hemos dado un gran paso. Queremos que nuestro país se encuentre entre los 10 países más transparentes al finalizar la gestión y vamos en ese camino».
Argentina ya cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública para que cualquier ciudadano pueda obtenerla de manos del Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial y tener una respuesta en tiempo y forma en un lapso no mayor a 15 días.
El periodista Daniel Santoro en una charla sobre derecho a la información y transparencia gubernamental dijo que «las dictaduras en América Latina dejaron una herencia cultural del secretismo del Estado. Todo es secreto, dice, por la seguridad del Estado».
Además explica respecto al «secretismo» que «los funcionarios creen que los documentos públicos, como los registros de sueldos, asesores, audiencias, le pertenecen. Los documentos públicos le pertenecen al pueblo».
Sólo la presión mediática y los informes que empapelan los despachos del intendente y del jefe de Gabinete municipal desde hace años y con la firma de todos los concejales de la oposición de muchos períodos legislativos, pueden hacer el milagro.
Tal vez se cumpla el «vamos a tener novedades», según afirmó Salim, quien además expresó: «se está evaluando la posibilidad técnica y práctica de llevar a cabo la implementación del boletín oficial municipal». Aunque no dijo que el municipio se dispondrá en todo caso a hacer lo que debe, ser transparente y no ocultar ninguna información al ciudadano que es el dueño de la misma.
