Zonas liberadas: reincorporan a cuatro policías desafectados

Cuatro de los cinco policías desafectados y que aún no habían sido imputados de ningún delito en el marco de la investigación sobre la supuesta existencia de zonas liberadas para robar casas deshabitadas en Tres Arroyos mediante la modalidad conocida como «techeros», fueron reincorporados a la fuerza en las últimas horas, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata del comisario inspector Miguel Hernán Aranzábal, ex titular de la Policía Comunal de Tres Arroyos, el subcomisario Ariel Morales, ex titular de la Estación de Policía de nuestra ciudad, el oficial inspector Hugo Andrés Auzmendi y el teniente Claudio Román Mercado. Mientras que el comisario mayor Walter Caballero, ex titular de la Jefatura Departamental que había sido jubilado durante su disponibilidad preventiva, recuperó la posibilidad de disputar sus privilegios de retiro, los cuales deberá reclamar al Ministerio de Seguridad a través de su asesor letrado.

De esta manera, los policías, que se desempeñarán en dependencias de la región, vuelven a la fuerza tras casi diez meses de inactividad, después de haber sido separados de la fuerza en un sorpresivo acto llevado a cabo en las oficinas de la Estación de Policía local y encabezado por el superintendente de la Región Sur, comisario mayor Eduardo Quintela, en la noche del 3 de setiembre de 2016.

Sin pruebas

Tal como le informó a LA VOZ DEL PUEBLO el titular de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Berra, desde ese organismo se consultó primero al fiscal Gabriel Lopazzo sobre la existencia de elementos que puedan llegar a vincular a los comisarios con los techeros, aunque el representante del Ministerio Público argumentó que aún no conocía el resultado de las pericias a los teléfonos de los efectivos desafectados.

Más adelante, el fiscal fue recusado por la defensa de los policías a raíz de la existencia de un audio realizado por un testigo a un instructor de la UFI N° 16, el cual supuestamente revela la existencia de una «falta de objetividad» en la investigación, razón por la cual la Cámara de Apelación en lo Penal de Bahía Blanca hace lugar al pedido del letrado Sergio Roldán y lo aparta de la pesquisa.

Cuando la Fiscalía General del Departamento Judicial de Bahía Blanca nombra al doctor Carlos Lemble, titular de la UFI N° 13 de Tres Arroyos al frente de la causa caratulada «robo agravado por efracción y por ser cometido por un funcionario policial y portación ilegal de arma de guerra», por la que se encuentra detenido con prisión preventiva el oficial Walter Galván y un civil oriundo de Mar del Plata, Marcos Zalasar, además de estar también procesada en libertad por «encubrimiento» la oficial Rocío Toro, el nuevo representante del Ministerio Público también fue consultado por Asuntos Internos sobre la existencia de pruebas contra el resto de los policías sospechados.

Al respecto, según confió Berra anoche, Lemble avaló que no hay ninguna responsabilidad de los policías en los hechos, ni en obstaculizar la investigación, «ahí es cuando les levantamos la disponibilidad. Nosotros dimos todo el apoyo para que investiguen, pero finalmente no hubo nada», comentó.

Noche escandalosa

La investigación en el marco de la cual fueron desafectados los jefes policiales que ayer se conoció que estaban en condiciones de volver a la fuerza, ocurrió el pasado sábado 14 de agosto de 2016, cuando dos policías que revistaban en la Estación de Policía Comunal de nuestra ciudad fueron arrestados acusados de colaborar con una banda de delincuentes que se dedica a robar casas a las que entra, en algunos casos, luego de romper el techo.

Los uniformados sospechosos fueron identificados como Walter Marcelo Galván, de 41 años y oriundo de Mar del Plata, y Rocío Celeste Toro, de 22 y nativa de Tres Arroyos, en cuyo patrullero, una unidad Ford Ranger, fueron incautados 2500 dólares, 49.000 pesos, numerosos chips y teléfonos celulares, un arma de guerra y hasta manoplas generalmente utilizadas por los delincuentes para golpear a sus víctimas.

En ese sentido, una comisión de Asuntos Internos se trasladó a Tres Arroyos para investigar a la fuerza local, mientras que, en forma paralela, un equipo de la Procuración hizo lo propio en la Fiscalía para colaborar en los primeros pasos de la pesquisa junto al fiscal Gabriel Lopazzo y, en aquel entonces, también la doctora Verónica Vidal.

De esta manera, con la intención de evitar una obstrucción a la Justicia y facilitar la continuidad del trabajo investigativo, Asuntos Internos desafectó a la totalidad de la cúpula policial tresarroyense que, diez meses después, ante la inexistencia de pruebas, se vio obligada a reincorporar.