Ataque a silobolsas: ayer le tocó a un productor de Gonzales Chaves

Desde la mañana de ayer, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos y La Pampa (Carbap), se inició una campaña de difusión para que todos los productores “que tengan silobolsas cerca de las rutas o en lugares que puedan sufrir ataques” se lo informaran al CPR de su distrito “para poder coordinar medidas preventivas”. 

Según explicaron desde la Sociedad Rural de Tres Arroyos, se trata de una decisión propuesta desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, aunque también se advirtió que se trata de una acción compleja de llevar adelante. No por la falta de voluntad de los efectivos del CPR sino por una cuestión de recursos y logística. 

En tanto, también en la jornada de ayer, desde CRA se anunció que ponía un equipo de abogados de la institución a disposición para instruir y acompañar al productor agropecuario sobre la necesidad de hacer la denuncia y no la exposición policial y los términos en que deba hacerlo. 

“De esta manera, CRA suma un nuevo canal de apoyo a productores que han sufrido delitos rurales o actos de vandalismo en su campo. Asimismo, se trabajará en la difusión del hecho a través de nuestros canales institucionales de comunicación de la entidad”, se indicó.
“Es necesario aclarar que el productor sienta que, si bien la continuidad de la denuncia la deberá llevar con su abogado de confianza, CRA está a disposición para evacuarle dudas y darle respaldo en sus planteos”, aclaró la entidad en un comunicado. 

Por otra parte, también es necesario resaltar que esto en ningún caso quita potestades a la Sociedades Rurales de base o Confederaciones, “pero visto que la dimensión de los hechos ha tomado escala nacional, que CRA difunda la existencia de todos los casos posibles y acompañar a los productores en este momento, es importante”. 

En cuanto a la presentación del proyecto del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, para que se tipifique como “vandalismo rural” cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas, con una pena de dos hasta cinco años de prisión, desde CRA se mostraron conformes con la iniciativa. 

En un documento, la entidad manifestó: “Crear la figura típica del vandalismo rural genera una esperanza de empezar a marchar en la dirección correcta, frente al fenómeno de ataques al productor rural que estamos padeciendo en los últimos meses. Ante la inacción del Estado y la nula respuesta de la Justicia, castigar claramente el ataque a la producción es un hecho loable, que se debe articular con policía eficiente y justicia comprometida en tiempo y forma”.

Los dirigentes confederados reclamaron que el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados “debería encontrar las voluntades que lo transformen en ley, de la manera más ágil posible, toda vez que como sabemos y podemos citar numerosos ejemplos, existen proyectos que han recibido sanción en forma rápida, cuando la propuesta resultaba emanada del oficialismo. Seguiremos expectantes su recorrido hasta verlo transformado en una realidad, capaz de demostrar que al Gobierno le importa el trabajo genuino del sector privado”, dijeron. 

El proyecto de Massa propone las penas mencionadas para quienes destruyan, inutilicen, roben o dañen granos, semillas y cereales en parva, gavillas, bolsas, silos, tolvas, tanques o unidades de almacenamiento, o de los mismos todavía no cosechados; bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquier otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados; ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados; leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio; y alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados. 

En tanto, Ricardo Buryaile, diputado nacional y ex ministro de Agricultura de la Nación, quien el miércoles presentó su propio proyecto de ley para tipificar el delito de la rotura de silobolsas, consideró problemático el texto del artículo 184 bis, que el proyecto oficialista incorporaría al Código Penal así: “La pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural”. 

Según el legislador, la pena de dos a cinco años significa que se podría pedir la excarcelación. En cambio, en el proyecto de Buryaile la pena sería de entre tres y diez años.
Por otra parte, el texto del proyecto de Massa agrega el requerimiento de que haya un perjuicio al “normal desempeño” de las actividades. 

Según Buryaile, esto implicaría diferenciar entre los productores de menores o mayores recursos, ya que podría considerarse que la rotura de silobolsas no interfiere con las actividades de estos últimos. “El delito es romper un silobolsa o quemar un rollo, independientemente de si (la víctima) tiene plata o no. Si no, es Robin Hood”, dijo el diputado.