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El Concejo Deliberante aprobó anoche un proyecto que presentó para su tratamiento sobre tablas el Frente Renovador y que implica la creación de una comisión investigadora, que tendrá a su cargo analizar la denuncia contra el municipio realizada el miércoles 12 por el Consorcio Pavimentador ante la Comisión de Obras Públicas. La entidad afirmó en tal oportunidad que existieron irregularidades en una licitación, además de cuestionar el procedimiento con lotes del Parque Industrial que debió devolver a la comuna.
La iniciativa fue avalada, si bien se decidió suprimir un artículo y tuvo lugar un amplio debate sobre las atribuciones, características y alcances. El Movimiento Vecinal decidió acompañar el proyecto, más allá de cuestionar la manera en que se presentó y parte de su contenido, si bien anticipó que no va a formar parte de la comisión para no afectar la tarea prevista.
«Necesitamos hacer aclaraciones, generar una comisión. Nadie se tiene que sentir afectado en lo más mínimo», planteó Matías Fhurer, concejal del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Obras Públicas.
En este sentido, subrayó que «no estamos diciendo que uno u otro están en falta. Debemos saber qué se hizo bien o no. Por el lado del Consorcio hay trabajadores y también están los directores que aportan su tiempo sin fines de lucro». Además puntualizó que «nos llama la atención que cuando fuimos a buscar el convenio con el municipio a despacho general, no fue encontrado».
Por su parte, Augusto De Benedetto, del Unibloque Justicialista, dijo que «estoy un poco sorprendido. Me enteré cuando llegué esta tarde a las 19, no me gusta que me lleven por delante, que te metan a los empujones en un tema tan importante. Terminé de leer el proyecto dentro del recinto, se necesita un poco de responsabilidad. Una comisión investigadora genera un montón de expectativas para los vecinos. Quiero ser cauto».
Sobre este aspecto, Fhurer observó que «es un tema que se viene tratando desde hace más de un mes. Simplemente queremos saber lo que realmente pasó entre el Consorcio Pavimentador y el municipio».
En tanto, Horacio Espeluse, de Cambiemos, recordó que «hay una situación de una licitación que se ha declarado desierta y aparentemente tenía como beneficiario al Consorcio». No obstante, planteó que «quizás el nombre no deba ser investigadora», opinó que bastaría con que se trate de «una comisión específica» y sostuvo que es importante «buscar en un plazo una solución para terminar con este tema, que dio lugar a un sinfín de acusaciones mutuas».
Graciela Callegari, del Frente para la Victoria, señaló: «Entendemos que algunas de las acciones que aquí se mencionan, en el decreto, no son potestad de los concejales.
Hay que hacer un ajuste de formas para no cometer violaciones a las normas. Se pueden generar comisiones especiales, estoy en duda acerca de si un concejal tiene la función de investigación, que es propia del Poder Judicial. Esto no quiere decir que no se pueda crear una comisión de trabajo que genere las condiciones para acceder a la información fehaciente».
Marcó sus discrepancias con el artículo 6 -finalmente suprimido- del proyecto y mencionó que «el único facultado para acusar de un delito es un fiscal de la república». Al describir la postura de su bloque, argumentó que «no queremos obviar el tratamiento, pero que se encuadre dentro de las facultades del Concejo para no cometer errores de orden jurídico».
Sergio Soulé, del Frente Renovador, se interrogó «qué tiene de malo si surge alguna irregularidad a la cual podemos acceder y verificar, llevar esa información a la Justicia para que investigue. Lo hemos hecho con los certificados truchos (de la Policía Local), nos corresponde como concejales».
El MV
Guillermo Salim, presidente del bloque del Movimiento Vecinal, puso de manifiesto que «me llamó la atención que el proyecto fue ingresado en el día de la fecha a las 14.05 si no me equivoco, luego que el municipio estaba cerrado» e indicó que «no pudimos tener el tiempo suficiente para dar lectura».
Para Salim, «estamos creando una duplicidad de investigaciones» y recordó que la Comisión de Obras Públicas, con el apoyo de concejales del Movimiento Vecinal, inició «un expediente administrativo para aclarar las cuestiones. Se está cumpliendo el trámite».
Enumeró algunas diferencias con la redacción y contenido del proyecto, opinó que es correcto que la comisión se llame investigadora y a modo personal, luego de manifestar que está dispuesto a pedir disculpas si en algún caso correspondiera por un error de apreciaciones, pidió «a todos que si algo de lo que están insinuando no llega a ser cierto tomen la actitud de buena gente, reconozcan su error y desliguen esta cuestión de cualquier situación electoralista». Asimismo, requirió «demostrar que lo que queremos es investigar y no hacer política».
Expresó que el vecinalismo decidió «aprobar el proyecto que se ha presentado en forma tan extraña, con salvedades que hice en la redacción. De no hacerlo así se nos tildaría como que nos estamos oponiendo a que se investigue. Cosa que está muy lejos del bloque y el Ejecutivo». Y puntualizó: «la última decisión es que el bloque no va a participar, la no interferencia en ningún trámite para que se investigue a fondo todo».
Un cambio
El concejal Martín Garrido, del FpV, propuso enviar el proyecto a la Comisión de Obras Públicas para su modificación y aprobación en la sesión siguiente. No obstante, Salim expresó que «la idea es aprobarlo y que la comisión se reuna, empiece a investigar a la brevedad posible».
Posteriormente, Callegari presentó la moción de que se vote sin el artículo 6, lo que sucedió por mayoría ante el desacuerdo del bloque autor de la iniciativa.
