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La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Cristina Fernández en dos causas vinculadas con los «Cuadernos de las coimas», al tiempo que confirmó otro procesamiento con prisión preventiva por una causa que investiga la cartelización de la obra pública.
La Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocó el procesamiento contra la vicepresidenta electa en la causa que investigó las concesiones de los corredores viales y le dictaron la falta de mérito en otra de las causas vinculadas a cuadernos, que investiga coimas en la importación de gas natural licuado.
En la primera causa, los magistrados entendieron que en el período investigado, CFK no estaba frente al Ejecutivo y por ello rechazaron la acusación en su contra. Es que uno de los arrepentidos en la causa, Claudio Uberti, había dicho que el dinero de sobornos que cobró los entregó al exministro Julio De Vido y al fallecido expresidente Néstor Kirchner.
En la segunda causa, en tanto, la senadora nacional obtuvo otra revocatoria de su procesamiento, ya que los camaristas señalaron que «los elementos reunidos hasta el momento no permiten afirmar (con el grado de probabilidad exigido en esta etapa) el nexo entre aquellas operaciones y la conformación de dicho colectivo criminal orientado a la recaudación de fondos».
En tanto, a De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta se los dejó procesados por administración fraudulenta, ordenando que se siga investigando la maniobra por presuntos sobornos.
Revés judicial
En el mismo día, Bruglia y Bertuzzi confirmaron la decisión del juez Claudio Bonadio, que dictó el procesamiento de CFK por considerarla la jefa de una asociación ilícita dedicada supuestamente a la recaudación de fondos ilegales de empresarios vinculados a la obra pública.
En este expediente, relacionado también con la causa de los «Cuadernos», los jueces dieron por corroborada la intervención de los funcionarios imputados respecto «a un acuerdo previo y a la división de tareas, con un claro dominio funcional del hecho», para una distribución de la obra pública en empresas cercanas al poder.
Sobre la maniobra investigada, los camaristas señalaron que «el mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública, tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada» por la vicepresidenta electa y los exfuncionarios del ministerio de Planificación Federal. (DIB)
