| Secciones
| Clasificados
Finalmente, los ocupantes de una de las casas que Jacinto Liébana denunció como usurpadas ante la Justicia local, se retiraron del inmueble.
Ahora, el contador tresarroyense radicado en la ciudad rionegrina de Villa Regina, aguarda que la Justicia lo autorice a ingresar a la propiedad ubicada en la calle Reconquista 315, ya que los ocupantes que estuvieron hasta el pasado miércoles, cuando se conoció oficialmente a través de LA VOZ DEL PUEBLO el inicio de un proceso de desalojo impulsado por la UFI Nª13 ante el Juzgado de Garantías, le cambiaron la cerradura cuando ingresaron con la ayuda de un cerrajero.
Además, el propietario quiere constatar los faltantes que haya para continuar con las acciones legales que correspondan ante las personas que estuvieron viviendo en el inmueble aprovechando la comisión de una maniobra ilegal que, según pudo saber este diario al acceder a una denuncia penal efectuada por el primer ocupante, involucra a distintos actores de una organización dedicada a este tipo de ilìcitos.
“Ahora pido la restitución porque yo recurrí a la Justicia para que me la devuelvan. Cuando la Justicia inicia todo el procedimiento, no me considera el dueño. Entonces, me pide todo para confirmar que es mìa y que adentro había otra gente con elementos truchos como contratos de locación, boletos de compra venta. Desde el momento que se dijo que iban a ser desalojados por orden del Juzgado de Garantìas, se fueron”, le dijo Liébana a este diario.
Más adelante, el denunciante también se refirió a posibles faltantes que haya en su casa tras haber sufrido este delito, “quiero entrar con la policía, para que filme como están las instalaciones y se revise la nota que presenté yo con el listado de bienes que había adentro de la casa”, explicó.
El mecanismo
Pero ¿cómo fue el mecanismo que propició la ocupación de una de las casas de Liébana?
Tal como el propio damnificado había indicado en su denuncia inicial, acerca de la que habló con este diario en una nota publicada el pasado domingo, los ocupantes no son personas necesitadas como las que suposiciones que generan situaciones de orden nacional como la toma de tierras de Guernica, sino organizaciones locales con información privilegiada y profesionales del derecho a su disposición para generar un falso ambiente de legalidad que permite la comisión de estafas a incautos o “vivos” con la idea de estar frente a una buena oportunidad de alcanzar un inmueble por valores muy lejanos a lo que indica el mercado.
En ese sentido, LA VOZ DEL PUEBLO tuvo acceso a la denuncia que radicó el primer ocupante de la casa de Liébana, quien según expresa en la declaración penal, luego de escuchar la nota en vivo que el damnificado realizó en LU24 hace 10 días, habría constatado que era víctima de una estafa, que describió en su testimonio ante las autoridades.
De acuerdo a lo que dice esa denuncia (cuyas identidades se mantienen en reserva por tratarse de un situación de instancia privada y ante la inexistencia aún de un proceso judicial en marcha), un familiar suyo le ofreció el inmueble a 900.000 pesos (la casa no debe valer menos de 90.000 dólares en el mercado inmobiliario local), ya que no poseía escritura y tenía deuda. Efectivamente, la información sobre una real deuda de tasas e impuesto inmobiliario, habría sido el hilo conductor que llevó a la organización a realizar la toma ilegal del inmueble.
En ese contexto, el comprador ofrece la entrega de un auto y 100.000 pesos a uno de los supuestos socios del oferente, siempre bajo la condición de no estar comprando un problema.
Así, para transmitirle tranquilidad al inversor, le exhibieron un papel que se refería a la existencia de “posesión pacífica” con firma y sello de un estudio jurídico local, a modo de aval de legalidad. Incluso, el denunciante brindó a las autoridades la identidad y la dirección de la persona que poseía esos elementos.
Una vez conocidas las irregularidades que motivaron la intervención de la Justicia, el damnificado tomó la decisión de presentarse voluntariamente en la Comisaría, poco después de dejar la casa en posesión de la persona que se la había vendido y su pareja, aunque según indicó su propietario, finalmente dejaron la casa en los últimos días.
Cabe recordar que, tal como indicó Jacinto Liébana, la casa de la calle Reconquista 315 no es la única que está en manos de ocupantes ilegales, ya que posee otra casa en la calle Hipólito Irigoyen 1507, donde sus moradores habrían generado documentación apócrifa para residir, aunque esa causa, según indicó la Fiscalía, está en manos del representante legal del hermano mayor de Jacinto Liébana.
