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También un punto de vista sobre la movilización por las universidades nacionales
Una columna de Alejandro VIs
El domingo 2 de julio de 2023, en un informe dimos a conocer que seguían vacantes seis cargos de juez y uno de fiscal en Tres Arroyos. En el caso de los jueces, por entonces de un total de 12, solamente había -en consecuencia- seis en funciones. Es decir, la mitad.
La falta de nombramientos en el Poder Judicial dio lugar a esta situación. El panorama, transcurridos poco más de nueve meses, es aún más grave. Se jubiló la jueza del fuero Penal Verónica Vidal y el 1º de septiembre finalizará formalmente su labor el juez Alejandro Taraborelli en el Juzgado de Trabajo, si bien podría cesar antes en su función por licencias compensatorias.
Actualmente hay cinco jueces y van a quedar en poco tiempo cuatro. Es solamente un tercio de la cantidad de cargos de magistrados que deben estar cubiertos.
Por este motivo, se pone en práctica un sistema de reemplazos provisorios que perdura y se amplía, con funcionarios del Poder Judicial de nuestra ciudad que cumplen otras tareas o magistrados provenientes de Bahía Blanca. Es “un parche” y como tal, precario. En mayor medida, si persisten las postergaciones en el proceso de designación.
Para analizar las vacantes de jueces, es importante recordar que el 1º de abril de 2019 se jubiló Alberto Gallardo en el fuero de Garantías del Joven; el 28 de noviembre del mismo año se produjo el traslado a Bahía Blanca de Gabriel Giuliani, del Juzgado Correccional; el 1º de junio de 2020 se jubiló Iber Piovani, del Juzgado Civil y Comercial 2; el 1º de noviembre de 2020, Carlos Mazzini, del fuero Criminal y Correccional; el 1º de abril de 2021, Juan Carlos Fernández del Juzgado de Trabajo; y el 15 de noviembre de 2021, Rafael Oleaga, del Juzgado de Garantías. A ellos se sumó a comienzos de este año Verónica Vidal y en pocos meses, como se indicó, también se jubilará Alejandro Taraborelli.
En la Fiscalía local, el 1º de marzo de 2020 culminó su etapa laboral José Bianconi y hasta la fecha, no fue reemplazado.
Como lo establece el artículo 175 de la Constitución provincial, jueces e integrantes del ministerio público deben ser “designados por el Poder Ejecutivo, de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado otorgado en sesión pública”.
La excepción son los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el procurador y el subprocurador general, porque el procedimiento es diferente. Los nombra el Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros.
Se han desarrollado concursos, hubo varias instancias que se cumplieron, pero luego se carece de definiciones por parte de la Provincia y el Senado bonaerense, que debe dar su acuerdo.
¿Quién fue el último magistrado designado para desempeñarse en Tres Arroyos? Fernando Elizalde, quien sucedió a Santiago Bernat. Prestó juramento el 13 de abril de 2018 como juez en primera instancia en lo Civil y Comercial del Juzgado Nº1. Hace seis años.
En este contexto, es inevitable que el funcionamiento de la Justicia se encuentre resentido. Por ende, el acceso de la población a un servicio esencial también está afectado, porque al no contar con una estructura acorde la capacidad de respuesta es menor.
No sucede únicamente en Tres Arroyos, sino en toda la provincia. Es un tema que no forma parte de la agenda pública, en el debate político y en los principales contenidos de los medios de comunicación. Sí integra las preocupaciones de las asociaciones de abogados, el Colegio de Magistrados y la Suprema Corte, entre otros organismos u ámbitos judiciales.
Las respuestas no han aparecido. El paso del tiempo no hace más que profundizar las limitaciones, que son a esta altura notorias.
“Si no cubrís las vacantes, el agujero es cada vez más grande”, advirtió Marcelo Amado, presidente de la Asociación de Abogados de Tres Arroyos, en el mencionado informe de julio de 2023. Efectivamente, “el agujero es cada vez más grande”.
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Para analizar la insuficiente disponibilidad de recursos de las universidades públicas nacionales, la cuenta es simple. El Gobierno prorrogó el presupuesto de 2023, lo que implica que otorgó los mismos fondos que el año pasado. Pero hubo en tal período una inflación de 211,4 por ciento, de acuerdo al dato oficial del INDEC.
Los inconvenientes por la reducción en el financiamiento no iban a tardar en registrarse. En la previa a una medida de fuerza que se llevó a cabo en marzo, el Ministerio de Capital Humano anunció un aumento del 70% sólo para gastos de funcionamiento. Pero en realidad, es una parte menor del presupuesto de las universidades, porque el 84,5 por ciento corresponde a salarios, según consigna el sitio digital Chequeado. Ricardo Gelpi, rector de la UBA, aseguró que tal refuerzo “todavía no llegó”.
En la última semana, con la movilización organizada para el martes 23 en el horizonte, el Gobierno dio a conocer otro incremento del 70% para mayo nuevamente circunscripto a gastos de funcionamiento y una “partida extraordinaria” destinada a hospitales universitarios.
En la marcha nacional de universidades públicas, también habrá participación de estudiantes de entidades privadas. Alumnos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) convocaron a formar parte. La institución donde cursan no tiene dificultades presupuestarias, pero se solidarizan porque -entre otros motivos que mencionan- “muchos de nuestros docentes son graduados de la universidad pública”; “creemos que todos merecemos la misma posibilidad de acceder a la educación”.
La historia suele dejar alguna enseñanza o reflexión. El 7 de agosto de 1995 se promulgó la Ley de Educación Superior, durante el gobierno de Carlos Menem. En los meses previos, hubo un reclamo estudiantil muy intenso, en oposición a este proyecto. Uno de los cánticos reiterados en las calles, en una masiva movilización hacia el Congreso, fue “Yo no lo voté”.
El día siguiente, el profesor Alejandro Grimson expresó a estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UBA, su desacuerdo con tal consigna porque era excluyente. Dejaba afuera a todos aquellos que habían votado a Menem y podían estar en desacuerdo con esta medida.
Las universidades públicas necesitan un presupuesto razonable y sus docentes un salario que reconozca el valor de su tarea. Se ha reiterado con orgullo, es de conocimiento público, que los cinco Premios Nobel que tuvo el país surgieron de la universidad pública: Carlos Saavedra Lamas (1936-Premio Nobel de la Paz); Bernardo Houssay (1947-Fisiología o Medicina); Luis Federico Leloir (1970-Química); Adolfo Pérez Esquivel (1980-Paz); y César Milstein (1984-Medicina).
Seguramente en las universidades públicas se puede y debe evaluar todo aquello que hace falta modificar o mejorar, teniendo en cuenta las particularidades de cada una y con respeto de su autonomía. Es un debate muy interesante. Pero con los recursos suficientes garantizados, el punto de partida para despejar toda incertidumbre.
