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Títulos truchos: dos años de prisión e inhabilitación perpetua para los 5 acusados

El juez Gabriel Giuliani, titular del Juzgado Correccional N.º 1 condenó a Juan José Abicenta, Javier Emanuel Curruinca, Mauricio Esteban Duchosal, Jorge Ezequiel Ostiza y Hugo Walter Javier Plaza a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional por el delito de uso de documento público falso y defraudación a la administración pública. 
Los cinco acusados en la causa conocida como “títulos truchos”, fueron inhabilitados de manera perpetua para ocupar cargos públicos.
En la lectura del fallo, que tuvo lugar este lunes en horas del mediodía, Giuliani puntualizó que la sentencia se produce “según hechos cometidos en el transcurso del mes de noviembre de 2014, respecto de los cuatro nombrados en primer término y el mes de enero de 2015, respecto del imputado Plaza, en la ciudad de Tres Arroyos en perjuicio de la administración pública provincial”. 
Asimismo, expresó que “en razón de la condicionalidad de la pena impuesta, los condenados deberán durante el plazo de dos años cumplir con las siguientes reglas de conducta: fijar residencia de la cual no podrán ausentarse por un plazo mayor a las 24 horas sin conocimiento del juzgado de intervención
Someterse al cuidado del Patronato de Liberados de la jurisdicción que corresponda al domicilio fijado. Culminar con los estudios secundarios en caso de no haberlo hecho al día de la fecha”. 
También estableció que deben “realizar tareas comunitarias en favor del Estado en una cantidad de 200 horas, teniendo en cuenta los compromisos familiares y laborales de cada uno. En caso de incumplimiento no se computará en todo o en parte el plazo transcurrido, y de persistir o reiterarse el incumplimiento se revocará la condicionalidad de la condena”. 
De acuerdo a la causa, investigada por la UFIJ N° 10 a cargo del fiscal Gustavo Zorzano , desde los años 2014/2015 y hasta el 2019 los acusados, a sabiendas de su falsedad, hicieron uso de títulos analíticos secundarios apócrifos para luego hacer cursos y obtener el cargo de “Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, prestación por la que el Estado Provincial les abonó indebidamente sumas de dinero que percibieron en concepto de sueldos. 
La causa se inició por una denuncia realizada a la línea 0800 de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires el día 24 de agosto de 2016, a través de la cual se advierte que los efectivos policiales acusados no tendrían el secundario terminado y habrían presentado certificados analíticos apócrifos de estudios secundarios comprados a través de internet.    
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